Un desafío a la presidenta detonó la acción contra el narco-poder en el Istmo; Parece que la Federación va en serio y luego de Juchitán, seguirán otros municipios; y La transición y competencia electoral no terminaron con la corrupción

 

COLUMNA

+ Un desafío a la presidenta detonó la acción contra el narco-poder en Juchitán, en el Istmo y en Oaxaca. Exhibidas, las complicidades políticas.

+ Parece que la Federación va en serio y luego de Juchitán, seguirán otros municipios; la consecuencia sería una reconfiguración electoral.

+ La transición y competencia electoral no terminaron con la corrupción. Los avances no se tradujeron en mejoras para las personas.

PRIMER TIEMPO

Juchitán, la cuna de la izquierda mexicana. Juchitán, la inspiración de letras y lienzos. Juchitán, de las flores. Juchitán manchado de sangre.

Hemos escrito aquí que Juchitán vive uno de sus capítulos más violentos de la historia. Mucho más que el dolor del sismo y más que las disputas por el poder.

¿Cuántos muertos van? La gente en Juchitán ya no cree en nada ni nadie. Por eso a sus muertos se los llevaban y los lloraban en privado.

Esta semana fue de nuevo noticia nacional. La crisis se agudizó con una secuencia de sucesos aunque la presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo, desvinculó la relación con su vestido de El Grito. ¿Se imagina? Una paradoja o una metáfora, un lienzo de flores, pero manchado de sangre y balas.

Aquí le habíamos dicho también que estaban conteniendo una intervención, había llamados y por supuesto información de lo que ocurría en Juchitán. Le hemos contado de la connivencia entre autoridades y personas del crimen organizado, que asolaban a personas y sus negocios en Juchitán por extorsión y cobro de piso.

Con esos antecedentes, se dieron las detenciones de Miguel “Quetu” Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, de Carlos Alberto "N", alias La Parka, y de John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, ocurridas las tres en menos de 48 horas.

No son un episodio aislado de justicia penal sino el quiebre de un deterioro institucional que las propias autoridades documentaron durante años sin que derivara, hasta ahora, en consecuencias políticas de este tamaño.

Moreno Segura ocupó la Comisaría de Seguridad Pública Municipal durante dos gobiernos consecutivos, el de Emilio Montero Pérez y el de Sánchez Altamirano, lo que sitúa el presunto esquema de protección al grupo delictivo Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo, no en la conducta de un solo funcionario sino en la corporación policiaca como estructura de continuidad entre dos administraciones sucesivas.

Esa continuidad es, precisamente, lo que ya se había señalado desde 2022.

El entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en una convención de delegados del PRI, afirmó que el crimen organizado se había infiltrado en gobiernos municipales de Oaxaca y citó a Juchitán como ejemplo, al grado de decir que en su cabildo había “nombres de capos de la mafia”.

La respuesta política de ese momento fue reveladora del patrón que hoy se repite, el cabildo completo exigió una disculpa, el entonces presidente municipal Emilio Montero calificó la denuncia de “calumniosa” y legisladores de Morena promovieron un exhorto en contra del gobernador por, según argumentaron, poner en riesgo a las autoridades municipales con una acusación sin sustento.

La denuncia se procesó, en otras palabras, como ruido político - electoral y no como alerta de seguridad, y ese desplazamiento del registro es el que explica por qué una advertencia pública de un gobernador no se tradujo en intervención institucional sino hasta cuatro años después.

El itinerario político de Emilio Montero funciona como el hilo que conecta ambos momentos. Presidente municipal de Juchitán en el periodo en que Murat hizo su señalamiento, Montero dejó el cargo en noviembre de 2022 para incorporarse al gobierno de Salomón Jara Cruz al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEEPO, mientras Sánchez Altamirano, su secretario particular y secretario técnico, lo sucedía en la presidencia municipal y más tarde ganaba la reelección para el periodo 2025 - 2027.

Montero es identificado por analistas y medios locales como el jefe político de Sánchez Altamirano, y en abril de este año ambos debieron desmentir públicamente señalamientos que los vinculaban con grupos criminales en el Istmo, versión que entonces calificaron de infundada.

La renuncia de Montero a la dirección del IEEPO, presentada este viernes tras revelarse que regidores y funcionarios del ayuntamiento juchiteco aparecían en la nómina del instituto con percepciones superiores a los 18 mil pesos mensuales, no equivale a una imputación penal. Hasta ahora ninguna autoridad ha vinculado formalmente a Montero con la carpeta de investigación en curso, pero sí documenta el costo político que la crisis ya está teniendo sobre la estructura de gobierno estatal, más allá del ámbito estrictamente municipal.

La disputa por la administración de Juchitán fue otra parte de la crisis. Ni bien se conoció la detención del Quetu, cuando ya disponían de la presidencia municipal. Los grupos, como pirañas, se desvivían por ser nombrados.

El deterioro de seguridad en Juchitán es otra cosa evidente. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juchitán ocupó en enero de este año el quinto lugar nacional en tasa de homicidios dolosos entre las 88 ciudades más importantes del país, solo por debajo de Cajeme, Culiacán, Irapuato y Cuernavaca, y encabeza a nivel estatal los delitos de homicidio doloso y extorsión, además de ubicarse en segundo lugar en narcomenudeo, según el diagnóstico de la Mesa de Seguridad de la Fiscalía General del Estado, que por cierto es una institución dedicada a fabricar carpetas de investigación contra quien consideran opositores del régimen, mientras voltea la cara cuando se trata de delincuentes señalados por sus vínculos con el oficialismo.

La respuesta institucional previa a estas detenciones, la Operación Sable, desplegada entre febrero de 2025 y abril de este año, arrojó más de 140 detenidos por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 96 armas de fuego, cifras que documentan la magnitud del aparato criminal que se buscaba desmantelar, pero también la insuficiencia de una estrategia que no había tocado, hasta esta semana, a la estructura política y policial del propio ayuntamiento.

Queda la duda sobre si los resultados fueron para limpiar la plaza a sus aliados denominados Los Cromos y así favorecer sus actividades, pues cómo se explica usted que las autoridades no sabían quiénes realizaban estas actividades ilícitas.

Si analizamos la dimensión demográfica y económica del municipio explica, en buena medida, la urgencia de la respuesta.

Juchitán concentra, según el censo de INEGI de 2020, poco más de 113 mil habitantes, lo que lo convierte en el tercer municipio más poblado de Oaxaca, y su ubicación lo sitúa en el corazón territorial del Corredor Interoceánico, cuyo valor logístico ha crecido con las nuevas conexiones ferroviarias impulsadas por el gobierno federal.

Esa doble condición, peso demográfico y relevancia estratégica para un proyecto de infraestructura prioritario, es la que convierte la eventual profundidad de la penetración criminal en el gobierno municipal en un asunto que trasciende la suerte judicial del alcalde y que compromete directamente los intereses de la política de desarrollo regional del Istmo. 

¿Sabe cuántos proyectos han repuntado el Istmo? Ninguno, porque la extorsión y el cobro de piso no han dejado que avancen, además de la ambición de algunos políticos que se han hecho ricos con otro tipo de extorsión.

La solicitud de desaparición de poderes en Juchitán que hizo el gobernador Salomón Jara, es apenas curarse en salud. Se anunció con bombo y platillo, pero no le quedó más; medios como el diario Reforma titularon de manera directa su nota principal del sábado: “Tras presión federal, Jara sacude Juchitán”. ¿No saben ustedes que el principal operador político en Juchitán era el edil conocido como Quetu? ¿Que desde siempre se ha pedido la renuncia de Montero por los señalamientos de nexos con el crimen organizado y lo han defendido con todo?.

Falta mucho por ver en Juchitán. Y no, no fue Elvis Guerra, en cuyo taller de diseño se hicieron los bordados del vestido que lució la presidenta el 15 de septiembre, pero por supuesto que contó porque la extorsión y cobro de piso que sufrió antes de inaugurar un salón de fiestas de su propiedad, así como el ataque a balazos a su domicilio por negarse a pagar, fue un desafío a la presidenta de México. Nada menos.

Ya sabremos en la semana qué pasa con el ayuntamiento, ahora que nombraron un administrador municipal, por cierto también cuestionado por sus antecedentes de cercanía en los ámbitos laboral y personal con los políticos detenidos y señalados por el desastre de Juchitán. 

Y nos falta ver quién será el candidato de Morena, pues Mariano Rosado López, el exsecretario municipal de Juchitán, considerado prófugo tras el cateo a su domicilio, no cumple por mucho los requisitos de Morena.

A ver qué tanto le alcanzan los deslindes y pataletas para recuperar la credibilidad del voto, pues hay quien afirma que Juchitán puede ya no ser más de Morena.

Y una carta fuerte podría ser incluso apoyada desde la Presidencia para sanear el municipio y coronarlo como uno de los planes de seguridad más ambiciosos en décadas.

Es además un distractor para otros estados donde hay otro tipo de compromisos y no capos locales, porque aquí son eso, cada quien tiene su espacio, en el Valle, en la Costa, en el Istmo, en la Cuenca del Papaloapan, en la Mixteca y son células que aunque a nosotros nos parezca importante, para ellos, desde la Federación, son objetivos alcanzables.

¿Cómo puede Sheinbaum dar un mensaje de firmeza? Pues con Oaxaca. Aunque en ello vaya la exhibida de las autoridades locales por la complicidad con estos grupos.

Al tiempo.

+ Parece que la Federación va en serio y luego de Juchitán, seguirán otros municipios; la consecuencia sería una reconfiguración electoral.

SEGUNDO TIEMPO

Juchitán acapara los titulares desde hace días, pero puede no ser la única intervención del gobierno federal.

Están actuando y revisando con lupa lo que sucede en Oaxaca. El gobierno federal entró a evaluar qué se ha hecho en cada municipio, cuántas carpetas de investigación existen, cuántas detenciones se han logrado y, sobre todo, cuántas sentencias se han conseguido, pues muchas personas detenidas ya están libres o siguen operando desde los penales.

Después del Istmo, la Costa concentra más homicidios dolosos ligados a grupos delictivos, y Pinotepa Nacional aparece justo detrás de Juchitán en carpetas por homicidio doloso y feminicidio entre enero y julio.

Con corte a agosto de 2026, el SESNSP registró 560 víctimas de homicidio doloso en el estado, según cifras retomadas por medios locales. Juchitán sumó al menos 44 y Pinotepa 42, juntas representan alrededor de 15.4 por ciento del total estatal en ese periodo.

Es tan solo uno de los delitos que están verificando, extorsión, secuestros exprés, robo de ganado, de automóviles, asaltos, etcétera que se vinculan, algunos con la disputa de los territorios que tienen los capos locales.

Por ejemplo, la disputa por Pinotepa y San Juan Cacahuatepec la sostienen tres células ya identificadas por la Fiscalía, Los Rusos, Los de Eliezer y Los de Darío, mediante homicidio, extorsión y cobro de piso.

A Los Rusos se les señala como liderados por José Gil, familiar de Rafael Caro Quintero, y la propia FGEO trazó su presencia en localidades como Santiago Textitlán, Santiago Llano Grande y Santa María Cortijo, además del centro de Pinotepa.

El 23 de agosto, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fueron emboscados por esta célula en el camino a Los Naranjos, saliendo de Pinotepa, y cuatro atacantes murieron en el enfrentamiento.

El vínculo político ya existe, no hace falta buscarlo, en noviembre de 2025 esta misma célula fue señalada por el asesinato de la regidora de Jardines y Panteones de San Juan Cacahuatepec, interceptada por hombres armados en motocicleta al salir de su domicilio.

La Mixteca tiene un patrón distinto, más de corredor que de plaza fija. Ahí operan grupos locales del lado oaxaqueño, mientras que el tramo hacia Puebla está disputado por bandas. 

En Valles Centrales la ASAEO, la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, un sindicato de transporte con presencia en más de 90 municipios que, según la propia Fiscalía, evolucionó hacia narcotráfico, extorsión, cobro de piso, despojo de terrenos y sicariato.

Y aquí el vínculo político no es una sospecha sino una admisión del propio fiscal, que reconoció que la organización infiltró al gobierno y a las fiscalías, y adelantó que las investigaciones se ampliarán hacia políticos y servidores públicos relacionados. Por lo menos lo señaló en el discurso, también por presiones del gobierno federal. Entre los detenidos en agosto ya hay una regidora del ayuntamiento de San Antonio de la Cal, puro charalito hasta ahora, pero la Federación lo tiene presente.

Todo esto deja una lectura que va más allá de la seguridad pública. Si el gobierno federal ya intervino en Juchitán, ya identificó por nombre a quien opera en Pinotepa y Cacahuatepec, y ya admitió que una organización como la ASAEO llegó a infiltrar ayuntamientos, la pregunta que sigue no es si va a intervenir también en otros municipios de Oaxaca, sino cuándo y con qué propósito adicional.

De cara al proceso electoral, cada intervención que termine en sentencias y no solo en detenciones funcionará políticamente como prueba de que el gobierno de Morena no está coludido con el narco, y está obligado a romper esas complicidades de caciques y delincuentes locales, como sucedió en Juchitán.

Hay que esperar qué sigue en Juchitán y después ver en dónde más seguirá la intervención, por cierto, avanzada en Valles Centrales con los operativos contra la ASAEO, pues ya están aquí y parece que ahora sí va en serio, tanto que la consecuencia podría ser una reconfiguración de lo electoral.

TERCER TIEMPO

¿Qué ocurrió durante estas tres décadas? ¿Por qué, en lugar de profundizar la competencia y el pluralismo, los mexicanos volvimos —al menos temporalmente— a la casa de origen? ¿Fue desilusión lo que encontramos en el camino? ¿O concluimos que aquella casa era mejor que la incertidumbre de la democracia electoral?

Estas son algunas preguntas que hace Luis Carlos Ugalde, analista, académico, consultor y expresidente del IFE entre 2003 y 2007.

En un texto para Reforma, Ugalde escribe sobre el estudio “Historia visual de la transición mexicana a la democracia, 1991-2024, una crónica contada principalmente mediante mapas y gráficas; no juzga ni propone causas o consecuencias: simplemente describe la apertura de la competencia y el pluralismo, y el posterior regreso a la concentración del poder”:

“El relato tiene tres grandes actos.

“El primero es el ocaso de la hegemonía priista, entre 1991 y 1997. El preludio ocurrió en 1989, cuando Ernesto Ruffo, del PAN, ganó en Baja California la primera gubernatura opositora reconocida en seis décadas. Luego cambiaron las reglas, se creó el IFE y el mapa político comenzó a llenarse de colores. La democracia mexicana no nació con la alternancia de 2000: fue resultado de la erosión gradual de la hegemonía durante la década anterior.

"El segundo acto es la época de la competencia multipartidista, entre 2000 y 2012. Aumentaron las alternancias y el pluralismo llegó al Congreso. Desde 1997 y hasta 2018, ningún partido tuvo por sí solo la mayoría en la Cámara de Diputados. Gobernar exigía acuerdos, aunque no siempre fueran transparentes ni virtuosos.

"El tercer acto se inicia en 2015 y se consolida en 2018, con el ascenso de Morena y la formación de una nueva fuerza dominante. En menos de una década, el partido desplazó a los protagonistas de la transición y el mapa electoral volvió a concentrarse en torno a él. En 2024 obtuvo 40.8 por ciento del voto para diputados federales, el porcentaje más alto alcanzado por un partido desde 1994.

"La llamada transición a la democracia es motivo de disputa intelectual y política. En un extremo, se idealiza la transición como un paraíso perdido. En el otro, se la presenta como una simulación de las élites para repartirse el pastel del poder político. López Obrador llevó esta segunda interpretación más lejos: presentó su triunfo de 2018 no como una alternancia más, sino como el inicio de un cambio de régimen y de la "verdadera democracia".

"La transición produjo beneficios indudables —más libertades, más contrapesos y mayor deliberación pública—, pero también acumuló fallas que alimentaron la desilusión ciudadana. Primero, porque construimos pluralismo sin Estado de derecho. La competencia no terminó con la corrupción; con frecuencia, la distribuyó entre más actores.

"Y segundo, porque los avances políticos de la transición no se tradujeron suficientemente en mejoras tangibles para la vida cotidiana de millones de personas. La democracia amplió derechos y libertades, pero convivió con inseguridad, desigualdad y servicios públicos deficientes. Para muchos ciudadanos cambiaban los partidos, pero no sus condiciones de vida.

“Para quienes creemos en las bondades de la democracia liberal, debemos reflexionar cómo reparar el daño hecho al pluralismo y a la competencia para avanzar hacia una democracia más incluyente, más cercana a la vida cotidiana y más eficaz para limitar el abuso del poder. No se trata de regresar a la vieja casa, sino de construir una nueva democracia que limite el poder y mejore la vida cotidiana de la gente.”

COLOFÓN

Los operativos ordenados por la presidenta y ejecutados por el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, primero en Valles Centrales contra la ASAEO y luego en Juchitán, tienen y tendrán consecuencias políticas.

De entrada, vuelven totalmente inviables las aspiraciones de algunos políticos, por lo menos para las candidaturas que consideraban seguras. No sé en qué terminen las negociaciones, pero su futuro no se ve como pensaban apenas hace unos meses.

Considera Raúl Nathán en su columna dominical, que “Morena (en Oaxaca) no está en su mejor momento. Le pueden batear la lista de favoritos (as) a las candidaturas.”

Algunos analistas consideran que si bien les va, podrán obtener en negociaciones políticas algunas posiciones legislativas para protegerlos, pero quedarían fuera del objetivo principal que ya creían en su poder: el gobierno de Oaxaca por dos y seis años.

Y ante el cochinero criminal y político destapado, falta ver la reacción de los ciudadanos a la hora de votar.

NGE