Abusos de Los Coatlanes atropellan derechos de todos; Bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, el IOCIED de Alejandro López Jarquín; y En Oaxaca, pronunciamientos a favor de la libertad de expresión son llamados a misa

 

COLUMNA

+ Abusos de Los Coatlanes atropellan los derechos de todos, por autoridades inútiles que no saben prever conflictos.

+ Bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, el IOCIED del periodo de Alejandro López Jarquín.

+ En Oaxaca, los pronunciamientos a favor de la libertad de expresión son llamados a misa.

PRIMER TIEMPO

Tres días perdidos. Setenta y dos horas de gente varada, de camiones de carga dando una enorme vuelta. Comerciantes cuya carga se pierde porque lo que pensaban trasladar en dos horas se vuelve un día casi completo. Que hay rutas alternas, uf. ¿Ha transitado usted por esos caminos rurales de Oaxaca? Y aparte, la inseguridad que ya no nos deja en paz en ningún lado tiene un aliciente en estos bloqueos. Esta columna levanta su antena de chapulín, y se nos hace sospechoso.

Vea usted, al señor López Obrador se le dijo muchas veces que la vía debía tomar otra ruta, por diferencias ancestrales y por la forma de ser de las comunidades asentadas en esta zona llamada Los Coatlanes. En el tiempo que lleva la carretera, que no súper carretera ni autopista, cuando no es chana es juana. Bloqueos, pero ahora se suma la inseguridad.

En este último bloqueo hicieron una supuesta ruta alterna, y algunos aseguran que ahí ocurrieron diversos robos. No están documentados, pero curiosamente pasaban al caer la tarde. ¿Quién en Los Coatlanes conoce estas rutas, estos tiempos? Unos bloqueaban la carretera, ¿y quiénes a saquear? Pero como la policía ni sus luces, pues ahí tiene que después de casi tres días se desactivó el bloqueo. Sirvió para la foto, pero algo está y seguirá pasando en esa zona, porque no es el camino, no es la escuela, lo que quieren es el control de esta vía, que sirve solo para alimentar los apetitos de gente que ve en ella una mina de oro.

Y a eso agregue todo lo demás que se dice que se mueve en esa zona, que seguramente ya debe estar en los reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Qué bueno que el fin de semana quedó libre, pero ¿hasta cuándo van a seguir en sus chantajes? Cuando hablan de Estado de Derecho y de libre determinación de las comunidades hay un choque tremendo. Ahora con la nueva constitución famosa y la interculturalidad, que nos agarren confesados, porque si ahora estos pueblos se pasan la ley por los tanates, la autonomía será entendida como anarquía y hacer lo que quieran.

Los Coatlanes han justificado su actuación con base en la libre determinación, pero hasta dónde llega su derecho y el nuestro, el de todos los demás oaxaqueños. 

Hasta cuándo una vía que se supone generaría ventajas, seguirá siendo la manzana de la discordia por unas autoridades inútiles que no saben prever los conflictos. 

Y aparte, ¿sabe usted cuántos recursos se les ha dado a los líderes de esta zona? Camionetas de pasaje, licencias para alimentos, para hospedaje. Ya a poco pedirán que les traigan una playa a su zona para poder recibir ahí mismo a los turistas, que también, dentro de poco, tendrán que usar salvoconducto por transitar por Los Coatlanes, como pasó con el ADO.

SEGUNDO TIEMPO

En la Cosa Nostra oaxaqueña, los López son uno de los clanes más relevantes. Uno de los miembros prominentes de este clan es Alejandro López Jarquín, quien salió con pisadas de quedito del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, el IOCIED, a donde ahora mandaron a otro representante de otro clan, pero de eso luego hablaremos.

Hoy que está nublado, prepárese un cafecito porque esto que le contaré es para que lo lea con calma.

Estamos en 2026 y como por arte de magia, las observaciones de la auditoría, tanto locales como federales, en tiempos distintos, fueron solventadas por el período de Alejandro López. ¿Cómo lo hizo? Ahí está el detalle, chato. La explicación no técnica del resultado es la corrupción. La técnica es más compleja, pero resulta que ya están cubiertos los montos.

En 2022 las constructoras que supuestamente deberían recibir recursos de lo que antes era Fonden y no recibieron, ya desistieron de sus denuncias. Otros que denunciaron presunto daño a su erario por falta de pago, ya se dieron por solventados.

La auditoría OA/CPE/16/2024, practicada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca al IOCIED por el ejercicio 2023, cuando el director general era Emmanuel Alejandro López Jarquín, ya también fue solventada.

Se da usted cuenta, anda muy solvente el señor Alejandro. En esa ocasión el universo reportado fue de 355.7 millones de pesos, aunque a la ASFE le correspondió revisar 12.6 millones y tomó una muestra por 1 millón 732 mil 675.69 pesos. El informe fijó su alcance en 13.68% respecto del monto asignado a revisión de la ASFE. 

En esa muestra hubo tres observaciones financieras: 169 mil 560.03 pesos en combustibles, porque inicialmente faltaban pólizas, CFDI, comprobantes bancarios y bitácoras; 1 millón 413 mil 215.66 pesos en servicios para programas adicionales, por falta inicial de CFDI, comprobantes bancarios, pólizas y otra documentación; y 149 mil 900 pesos en viáticos, porque faltaban CLC, órdenes, oficios e informes de comisión. IOCIED entregó posteriormente documentación y la ASFE declaró solventadas las tres observaciones. 

También detectó debilidades administrativas. El control interno obtuvo 61.50 puntos de 100, nivel “medio”; se observaron deficiencias relacionadas con administración de riesgos, capacitación, respaldo de información, contingencias informáticas, mecanismos de denuncia y actualización de instrumentos administrativos. 

Asimismo, inicialmente hubo proyectos en los que no se acreditaban plenamente avances físicos o entrega de equipamiento, pero IOCIED presentó posteriormente contratos, actas, salidas de almacén y demás documentación, y esas observaciones también fueron consideradas atendidas. 

El cierre de este informe en particular es favorable al Instituto, o mejor dicho, a su responsable, se observaron 1 millón 732 mil 675.69 pesos y se solventaron exactamente 1 millón 732 mil 675.69 pesos. La ASFE dictaminó que el IOCIED cumplió con las disposiciones legales y normativas revisadas en ese informe. 

En ese tiempo, esa liberación no significó que el IOCIED hubiera quedado libre de observaciones en toda la Cuenta Pública 2023, porque la ASF federal revisó otros recursos y encontró algo mucho más relevante.

Hubo 36 observaciones más y 35 quedaron pendientes al cierre del informe, por lo cual se emitieron 17 pliegos que documentaban el incumplimiento. Entre ellos 74 millones 295 mil 938 pesos que no tenían documentación y que lo habían reportado como gastos en gasolina.

94 millones 551 mil 817.36 pesos por “adquisición de obras de arte”, a menos que hayan sido obras inéditas de Toledo, Tamayo o VanGoh, no creo que en las escuelas de Oaxaca tengan obras de arte de tal costo, ya ni recortes o réplicas, pero vaya, es lo que se observó como un probable daño a la hacienda pública federal, porque estos recursos en su mayoría son federales.

Habría cuatro contratos del IOCIED que estaban pagados, pero la ASF no pudo vincular los pagos con los contratos y en visitas de abril y mayo de 2025, encontró que las cuatro obras no estaban en proceso, este monto es menor, de 67 millones 830 mil 343 pesos.

Los 130 millones de pesos que ya le hemos contado, que eran para reconstrucción de escuelas y hubo un conflicto por adeudos y denuncias, y presunto desfalco, en fin que para no llenarle de números en esta columna, le diremos que también dichas observaciones fueron solventadas.

Pero, la ASF que no quiere ser cómplice total de la corrupción, porque de alguna manera pasó la solventación de expedientes, tiene abiertos algunos expedientes y está revisando algunos contratos pagados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples:

098-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, por aproximadamente 13.858 millones, para el taller de soldadura y obras exteriores del Instituto Tecnológico de Pochutla.

099-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, por 12 millones, para la segunda etapa del gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

100-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, por 13.423 millones, para la segunda etapa de una unidad departamental para posgrado, idiomas, aulas, titulación y auditorio en el Instituto Tecnológico de Pinotepa.

102-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, por 28.547 millones, para concluir un edificio de docencia de dos niveles en la Afrouniversidad Politécnica Intercultural. 

La ASF dice expresamente que los 67.830 millones contratados habían sido pagados, pero no pudo vincular los pagos con esos contratos. Y cuando realizó verificaciones físicas entre el 29 de abril y el 8 de mayo de 2025, encontró las obras en proceso, pese a que su fecha contractual de terminación había sido el 15 de marzo de 2025; tampoco recibió entonces evidencia que acreditara ampliaciones autorizadas de los plazos. 

De ahí salió el pliego 2024-A-20000-19-1462-06-001, por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de 67 millones 830 mil 343 pesos, más intereses. En el informe final de esa auditoría, esa cantidad aparece todavía como pendiente de aclaración. 

Hasta este domingo, 6 de septiembre de 2026, no hay de eso una resolución posterior de la ASF que permita afirmar responsablemente que ese pliego ya fue solventado.

Claro, claro, no estamos diciendo que esos 67.8 millones fueron robados ¿verdad? Porque esta columna es jurídicamente correcta y hay un pliego de observaciones y un probable daño no son todavía una sentencia, ni una determinación definitiva de responsabilidad.

Para el caso, la cifra sería mucho mayor.

Tan solo al 31 de diciembre de 2024, IOCIED reportaba 2 mil 131.8 millones de pesos de pasivos circulantes; para el cierre de 2025 la cifra aparece en alrededor de 2 mil 304.3 millones.

2.3 mil millones que, otra vez no diremos que fueron desviados, sino pasivos contables, que comprenden obligaciones pendientes y arrastres de ejercicios anteriores. 

Alejandro López Jarquín ya no es el director. La página oficial del IOCIED identifica actualmente como director general a Pedro Marcelino Silva Salazar. López Jarquín todavía aparecía como titular a principios de 2026; el relevo ocurrió posteriormente y sin mayor aspavientos.

¿Quién está interesado en sanear al instituto? O mejor dicho, al ex director que ya tiene planes políticos y prepara una vez más la campaña para su señora en Xoxocotlán. Pregunta para la araña.

TERCER TIEMPO

Ya le hemos comentado aquí que los pronunciamientos a favor de la libertad de expresión son llamados a misa. Que si ahora sí van a detener a los responsables, que si ahora sí no habrá impunidad, que si ahora sí la prensa es relevante.

Peca uno de ingenuo si cree en esas promesas. Tan solo en esta semana que está terminando documentamos dos agresiones, y recuerde usted que de lo verbal se ha pasado a lo criminal.

Resulta que las huestes de las diputadas federales del PT Margarita García García y Martha Aracely Cruz Jiménez, sacaron a relucir lo miserables que son.

Una señora, supuesta concesionaria, que acudió a una protesta a la Secretaría de Movilidad, la Semovi, a exigir sus derechos, se sintió con el derecho de agredir y amenazar. “Acuérdense de su compañero al que mataron”, dijo la muy infeliz. Y le digo que es una amenaza no por sentirse uno delicado, el tema es que la ignorancia es tal, que en la cara le dicen a los medios que pueden matarlos, cualquiera, cualquier día, sin que nada pase.

Claro, habremos de reconocer que los medios somos siempre sus tontos útiles, porque cuando nos requieren ahí estamos para cubrir a quienes en la cara nos dicen que somos amarillistas o chayoteros.

Está también el caso de Graciano Gómez Lescas, periodista de TV Bus Oaxaca, quien apenas esta semana pasó casi 24 horas retenido, incomunicado y sin alimento en la comunidad de El Portillo, Sierra Sur, mientras cubría la toma de posesión de un cabildo.

Y lo que pasó en la Costa ¿recuerda?, al periodista Óscar Merino Ruiz, director de OM Noticias, lo esperaron a balazos afuera de un gimnasio en Pinotepa Nacional y lo dejaron gravísimo. Pues resulta que su caso, a estas fechas, sigue sin tener a un responsable y el hombre, nos cuentan, está en una situación de indiferencia total por parte del Estado.

Las agresiones a la prensa son patrón sistematizado con más énfasis en estos tiempos de la 4T. El atroz asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en San Pablo Etla, apenas en julio, sigue indignando porque no debió ocurrir. Es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de este año y la agresión más violenta en Oaxaca en los últimos tiempos. 

No es menor la desaparición del locutor Iván Michel Atilano, que a la fecha nadie sabe qué pasó.

 Artículo 19 dice que en México un periodista es agredido cada 19 horas, y Oaxaca lleva años metido entre los diez estados con más ataques a la prensa del país.

No hay día que no se escuche que a algún compañero lo jalonearon, le quitaron sus instrumentos de trabajo. Y sabe qué es lo peor, que los periodistas oaxaqueños no traemos chalecos antibalas ni escoltas, ni súper equipo para detenernos de esa gente ingrata que primero pide espacios y luego arremete contra periodistas y medios.

¿Y las autoridades?, bien gracias, redactando su próximo pronunciamiento para condenar agresiones. Esperemos que por lo menos ya no sea para condenar otro asesinato.

COLOFÓN.

Esta semana, el abogado y activista José Mario Marroquín comenta sobre el enorme presupuesto que le asignarán en 2027 al Instituto Nacional Electoral, el INE capturado por el oficialismo y a cargo de Guadalupe Taddei Zavala:

En 2027, el entramado político - electoral federal rondará los $51 mil millones de pesos: el INE proyecta $13,453 mdp para el proceso electoral y habrá alrededor de $10,843 mdp de financiamiento público para partidos y candidaturas. El contraste es brutal: 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud y 24.2 millones viven en rezago educativo.

Y hay una pregunta todavía más incómoda. La ley prohíbe y sanciona condicionar programas sociales al voto, precisamente porque reconoce el riesgo de que el poder público altere la libertad electoral. No se trata de afirmar que quien recibe una pensión o una beca “vende” su voto; se trata de exigir que el Estado garantice que esos apoyos sean derechos, no instrumentos de dependencia política.

Si México va a destinar semejante cantidad a su sistema electoral, la exigencia tiene que ser proporcional: no basta contar bien los votos; hay que garantizar que se formen y emitan en libertad, sin coacción ni uso partidista del Estado. De lo contrario, corremos el riesgo de financiar una democracia costosísima para contar con enorme precisión los votos, pero incapaz de asegurar una cancha verdaderamente pareja.

NGE