Nepotismo y decisiones políticas, no educativas, en nombramiento del nuevo rector de NovaUniversitas, del Suneo; Decepciona secretaria de las Mujeres en Oaxaca; y Reconfirma EU que su objetivo es atacar a red político institucional que sirve de protección al narcoterrorismo

 

COLUMNA

+ Nepotismo y decisiones políticas, no educativas, en nombramiento del nuevo rector de NovaUniversitas, del Suneo.

+ Decepciona secretaria de las Mujeres en Oaxaca; replica vicios de antecesoras, hay opacidad y maltrato a organizaciones.

+ Reconfirma EU que su objetivo hoy es atacar directamente a la red político institucional que les sirve de protección al narcoterrorismo.

PRIMER TIEMPO

Vamos de mal en peor. Si viviera Modesto Seara, fundador del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el Suneo, seguro que haría una mueca de desagrado y diría que están destruyendo la educación en Oaxaca.

Y no es para menos. En días pasados se informó del nombramiento de Pavel Renato López Gómez como rector de NovaUniversitas, un espacio de cuatro campus y que tiene influencia en Ocotlán de Morelos; San Jacinto, Ocotlán; Santiago Juxtlahuaca y Santos Reyes Nopala.

En su página web, informan:

“Es una Universidad que pertenece al Suneo y está formada por una serie de campus, que por estar situados en comunidades aisladas o de dimensiones limitadas, no pueden disponer de los mismos servicios que se encuentran en los campus de la universidades ordinarias del Suneo, pero que cuentan con instalaciones, personal y equipamiento adecuados para ofrecer una enseñanza de alta calidad. Cada Campus está concebido para atender a un máximo de trescientos alumnos. Oferta reducida de carreras y exclusión de muchas del campo de las ciencias y la tecnología, que requieren prácticas en laboratorios.”

López Gómez sustituyó por compadrazgo y amiguismo a Josué Neftalí García Matías.

Aunque en algunos espacios y notas informativas iniciales se le llegó a mencionar erróneamente como rector de todo el Suneo, se aclaró institucionalmente que no es el rector del sistema completo. Sería el colmo.

Hasta ahora, el Suneo sigue a cargo de la maestra María de los Ángeles Peralta Arias.

¿Por qué causó tanto ruido la llegada de Pavel? Pues debido a que su trayectoria es principalmente política y de administración pública, contrastando con el perfil estrictamente científico o de posgrado de rectores anteriores.

Y a lo anterior hay que agregar que es otro caso de nepotismo en el gobierno de Oaxaca, pues se trata del primo hermano del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

El relevo en la rectoría de NovaUniversitas marca un contraste radical en el perfil de su liderazgo. Mientras que el rector saliente, Josué Neftalí García Matías, posee una trayectoria estrictamente científica, académica y de crecimiento interno en el sistema, el rector entrante, Pavel Renato López Gómez, proviene de un entorno de militancia política, cargos de elección popular y administración pública.

Josué Neftalí García Matías cuenta con un perfil de posgrado avanzado. Es Ingeniero en Computación por la UTM, posee una maestría en Ciencias con especialidad en Electrónica y Computación, y el Doctorado en Tecnología Educativa, entre otras especialidades, como la educación a distancia.

Pavel Renato López Gómez se formó en ciencias sociales enfocada al gobierno. Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Univas, titulado en 2013 mediante un ensayo profesional, es decir, un texto que elaboró o le elaboraron sin mayor dificultad.

Josué Neftalí García Matías se desempeñó como Profesor-Investigador. Cuenta con diversas publicaciones especializadas editadas por la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) y revistas científicas en líneas de investigación como Educación a distancia, Software Educativo e Instrumentación Electrónica Virtual. 

Pavel Renato no cuenta con antecedentes en la investigación científica, docencia universitaria de carrera ni publicaciones en revistas arbitradas.

Josué Neftalí García Matías se formó en el Suneo. Ingresó en 2010 adscrito a la Licenciatura en Informática, ascendió a Vice-Rector Académico en la gestión del Dr. Modesto Seara Vázquez, y posteriormente asumió la rectoría. Es decir, conoce el funcionamiento operativo interno del sistema desde hace más de una década.

Pavel Renato López Gómez solo fue subdirector de enlace operativo de los planteles de capacitación Cecati Oaxaca, fuera del ámbito universitario de alta especialización.

¿Nota la diferencia? 

Un doctor con formación puramente tecnológico y académico, con experiencia laboral documentada gira en torno a laboratorios de comunicaciones, desarrollo de software educativo y gestión universitaria interna. 

A diferencia de Pavel cuyo perfil es político y gubernamental. Su experiencia se centra en la negociación social, su papel como consejero nacional del PRD, diputado local y regidor de Obras en el Ayuntamiento capitalino.

Su llegada rompe con el cuidado que tenían en el Suneo de colocar a perfiles con credenciales de investigadores consolidados al frente de sus campus de educación superior.

El problema es que al igual que hizo Tania López en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, la UTVCO, donde le dio al traste a la educación y le creó un problema a la educación superior, será ahora con la universidad a cargo de otro de los parientes del secretario general.

Es una pena, porque una máxima de don Modesto era tener lejos a la política de la educación y mucho menos, improvisar perfiles.

Pero ahora no solo se improvisan perfiles sino se dan cargos a contentillo. Pavel estará feliz de su nuevo sueldo y que la educación en Oaxaca se vaya por el drenaje.

SEGUNDO TIEMPO

En esta columna dimos el beneficio de la duda a Rogelia González Luis. Resaltamos su trabajo previo con las mujeres y creímos que sería de las integrantes más sensibles.

Resulta que nos equivocamos y no sé usted si lo percibe así, pero qué mal anda todo en este gobierno.

Rogelia González Luis no llegó a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca como una improvisada. Era un referente: fundadora del Grupo de Mujeres 8 de Marzo, sobreviviente de un allanamiento armado en su propia casa por su activismo, madre de una hija que está entre las víctimas de feminicidio.

Ese capital político es precisamente lo que hace más grave el balance de su gestión. No es una funcionaria que no entienda el problema, es una funcionaria que lo entiende y aun así no ha logrado —o no ha priorizado— traducirlo en resultados institucionales.

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SESNSP, exhiben que entre enero y abril de 2026, 23 mujeres fueron asesinadas en Oaxaca, pero de esos casos, solo seis se investigan como feminicidios, es decir, apenas 26%.

El resto —17 muertes de mujeres— quedó clasificado como “homicidio doloso”, una etiqueta que en los hechos saca esos casos de cualquier protocolo con perspectiva de género.

Esa es la cifra soterrada. No es que Oaxaca mate menos mujeres de lo que parece, es que el aparato de procuración de justicia —y la Secretaría que debería exigir la reclasificación con perspectiva de género— sistemáticamente subregistra el fenómeno.

Por esos seis feminicidios reconocidos, Oaxaca ocupó el octavo lugar nacional, pero por los 17 homicidios dolosos de mujeres se ubicó en el lugar 12, una disparidad que revela cuántos casos probablemente feminicidas se están diluyendo en una cifra genérica.

Y la tendencia no mejoró con el semestre completo: en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 11 feminicidios reconocidos, frente a ocho en el mismo periodo de 2025, un incremento de 37.5% bajo su gestión, con 439 víctimas de homicidio doloso en total, más que las 397 del año anterior. 

Ese es el dato. Los feminicidios con Rogelia han crecido el 37.5%.

Pues bien, la señora Rogelia, en vez de dedicarse a sus quehaceres, está más preocupada en un activismo político que además, cree que otras mujeres le disputan.

¿Será que Morena sí la haga diputada en esta ocasión? Si lo hace, qué bien, y si no, pues qué bien también. Porque la señora, nos dicen, se ha dedicado a escribir cuanta tarjeta sea posible para desacreditar a otras mujeres en el mismo gabinete, argumentando falta de apoyo o lo que se le ocurra en ese momento.

Eso, señora Rogelia, también es violencia y entre mujeres, no está chido dirían los jóvenes. Peor, dicen que a cinco meses de su llegada, cerca de 50 de las 311 profesionistas operativas del estado continúan sin devengar sus sueldos por trabas administrativas que la propia funcionaria atribuyó, meses atrás, a “estar recién llegada” —una excusa que ya no sostiene el paso del tiempo.

Se trata de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, el personal que sostiene los Centros LIBRE, la primera línea de atención a mujeres que huyen de la violencia. Que ese personal no cobre no es un detalle administrativo, es una falla estructural que compromete directamente la atención a víctimas ¿O no?

Y aparte, la sociedad civil que también le dio el beneficio de la duda ya se dio cuenta del error que es esta señora en su gestión. Según sus propias antiguas aliadas, los vicios que denunciaba desde fuera, los magnifica.

La colectiva Violencia por Ser Mujer rompió su colaboración con la dependencia y acusó a la titular de cancelar, de último momento, una jornada ya gestionada y convocada, que finalmente se realizó en otra sede sin explicación satisfactoria. No es un choque aislado, es el mismo patrón de opacidad y trato desigual hacia organizaciones civiles que históricamente se le criticó a la Secretaría antes de su llegada. 

González Luis fue nombrada para romper con una inercia en la secretaría, desde la arrogancia de Ana Vásquez hasta la inoperancia de su antecesora, pero parece que se hizo una con todos estos defectos y salió peor. Y que conste que no es por ser mujer eh, el comentario es a su ineficiencia, a ver si no se queja.

TERCER TIEMPO

En su colaboran de esta semana titulada “El fin de la inmunidad”, la comunicóloga, internacionalista y analista Marcela Gómez Salce, explica que “Estados Unidos ha dejado de concentrar su estrategia de combatir exclusivamente a los líderes de las organizaciones narcoterroristas y su objetivo hoy es atacar directamente a la red político institucional que les sirve de protección”:

La declaración del titular de la DEA, Terry Cole, representa mucho más que un endurecimiento retórico; constituye la expresión nítida de un cambio de paradigma en la concepción del crimen organizado transnacional. Al advertir sin matiz diplomático alguno que “...ningún cargo, título o conexión política...” alcanzará para ofrecer protección a quienes colaboren con los cárteles, la administración de Trump rompe con la ficción política que durante décadas permitió tratar a los narcotraficantes y a sus protectores institucionales como categorías diferenciadas.

El poder político dejó de ser concebido como un ámbito ajeno al fenómeno criminal para ser reconocido como uno de sus principales habilitadores. La corrupción ya no aparece como una externalidad del narcotráfico, sino como el mecanismo estructural que garantiza su reproducción, expansión y capacidad de captura del Estado. Este giro implica el colapso de un supuesto largamente tolerado; que la investidura pública podía operar como un escudo de facto frente a la rendición de cuentas.

El mensaje para la administración de Sheinbaum es inequívoco. La verdadera amenaza ya no reside únicamente en los actores armados del narcotráfico. Las estructuras de poder que desde el interior del Estado mexicano han hecho posible su permanencia y expansión transversal serán embestidas y desmanteladas.

En este contexto donde la mañanera no alcanza para lanzar distractores y matizar la confrontación con Washington, la eventual falta de cooperación efectiva del Estado para investigar y desarticular esas redes político - criminales en Morena ya tienen implicaciones que trascienden el ámbito de la seguridad bilateral. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la ausencia de acciones verificables y la terca protección hacia actores políticos vinculados con el crimen organizado, podría interpretarse como una incapacidad institucional o falta de voluntad política para enfrentar los mecanismos de captura del Estado.

Paradójicamente, cuanto menor sea la disposición de este gobierno para depurar sus propias estructuras, mayor se ha vuelto el incentivo para Washington y sus poderosos actores.

La pasividad y complacencia no compran inmunidad. Las fabrica como objetivo.

Cada expediente que no se abre en México incrementa la motivación para que se abra al otro lado de la frontera.

Confiar que la omisión y el discurso soberano los protegerá equivale a suponer que el vacío de justicia permanecerá vacío indefinidamente.

Esa apuesta de administrar los escándalos morenos y desear un traspié electoral para Trump en noviembre es demostrar una ignorancia supina en materia de crimen organizado transnacional; los vacíos institucionales rara vez permanecen desocupados.

Y, por cierto, una eventual derrota en noviembre enfrenta menos incentivos para la moderación política cuando aún restarán 24 meses de gobierno.

COLOFÓN

El nuevo choque entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sólo confirma la brutal cadena de omisiones alrededor del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio de 2026.

El choque institucional entre la FGEO y la DDHPO se debe a acusaciones mutuas de omisión, extravío de expedientes y filtración de datos. Ambos organismos han intercambiado señalamientos públicos sobre la falta de protección que padecía el comunicador ante a amenazas de muerte previas.

La titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, denunció públicamente una red de negligencias institucionales: afirma haber solicitado en cinco ocasiones medidas de protección a la Fiscalía estatal y tres a la federal; acusó a la FGEO de haber perdido la carpeta de investigación inicial sobre las amenazas que sufría Leyva; y sostiene que las autoridades no estuvieron a la altura para salvaguardar la vida del periodista a pesar de las alertas.

Por su parte, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla rechazó las acusaciones y arremetió contra el órgano de derechos humanos: calificó como falsos los señalamientos sobre la pérdida del expediente penal; aseguró que la propia víctima rechazó inicialmente el servicio de escoltas otorgado por un fiscal de control; acusó a la DDHPO de vulnerar el debido proceso y poner en riesgo las indagatorias mediante la fuga de datos confidenciales; y aseguró que los avances del caso se comparten con la Fiscalía General de la República (FGR) y no con la Defensoría local para evitar filtraciones.

Mientras ambas dependencias mantienen el conflicto, la familia del periodista y diversas organizaciones civiles han exigido indagar a fondo la cadena de omisiones de todas las autoridades involucradas.

La familia fue más lejos en sus peticiones al reunirse el pasado 3 de agosto con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez; con la directora del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Jorge Arturo Medina Padilla; y la fiscal especializada en Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ruth Zenteno López, encargada de realizar las investigaciones en torno al crimen del periodista, de acuerdo con la carpeta de investigación.

La familia rechazó el diálogo con el gobierno de Oaxaca por pérdida de confianza y reiteró su petición que la principal línea de investigación sea el trabajo periodístico de Alejandro, así como indagar la actuación de las autoridades oaxaqueñas.

NGE