Enormes pifias oficiales para justificar corrupción en la administración y posesión de bienes asegurados; Guelaguetza, acarreo masivo y pérdida de autenticidad; y La justicia en México no es pareja, es chipotuda

 

COLUMNA

+ Enormes pifias oficiales para justificar la corrupción en la administración y posesión de bienes asegurados.

+ La Guelaguetza, entre versiones de acarreo masivo por amenazas de rechiflas y la pérdida de autenticidad.

+ La justicia en México no es pareja, es chipotuda: detienen a un ex gobernador panista y protegen a gobernadores y senadores de Morena.

PRIMER TIEMPO

Pues ya comenzó la Guelaguetza. Nos servirá para olvidar el fútbol y algunos otros problemas más cercanos que tenemos en Oaxaca, como las pifias de esta administración en la posesión de bienes. 

Qué desmadre traen en la Fiscalía a cargo de José Bernardo Rodríguez Alamilla, se los dije, lo que no dimensionaba es que en el enredo están todos. Desde la Fiscalía, hasta la Policía Vial y hasta la Consejería Jurídica y vaya usted a saber quién más.

Pues nada, que la distribución de autos, nos dicen, empieza con una irregularidad, pues en las carpetas de investigación que inician por determinado delito, no se asienta como un bien asegurado. 

La pregunta es ¿cuántos más? Cuántos vehículos más están distribuidos en manos de quién. Es un escándalo, pero como siempre, la impunidad es lo que cuenta en esta administración.

No pasó nada, ni pasará nada. Así que estos bandidos con charola institucional seguirán actuando, y ya nos dimos cuenta que están coludidos todos los niveles. T-O-D-O-S, qué locura.

También nos enteramos oficialmente de lo que ya sabíamos: que la Fiscalía no es en realidad un órgano autónomo, sino empleados del Poder Ejecutivo, al que con servilismo obedecen sin chistar.

Las explicaciones que dieron en conferencias de prensa y en comunicados, sólo es un reconocimiento público que no sólo cometen faltas administrativas e ilícitos, sino hasta posibles delitos, pues se trata de funcionarios (desde el más chiquito hasta el más importante) que tuercen la ley.

Y no sólo tuercen la ley, sino hasta lo reconocen ante periodistas y en televisión estatal. ¿Pues quién los asesora antes de hablar o de difundir?

Lo peor (para ellos) es que nadie se traga la narrativa que inventaron. Sólo hay que ver los comentarios en todas redes sociales llamándolos rateros, abusivos y demás lindezas; hasta burlándose, pidiendo a los funcionarios que les den, para uso personal, coches y motos que se supone tienen en resguardo.

Y luego, como una mala copia de los argumentos que usaba su tlatoani AMLO, se les ocurrió intentar distraer la atención pública local y nacional, sacándose de la chistera, cual magos chapulineros, un supuesto Instituto Oaxaqueño para Devolverle al Pueblo lo Robado. El comentario fulminante por esta ocurrencia de Juan Ortiz, periodista y analista político nacional, es una muestra de lo que todos piensan (el entrecomillado es propio):  “¿Pero qué pasa cuando es el gobierno (actual) quien te roba?”

SEGUNDO TIEMPO

Bueno, pues los oaxaqueños ya estamos encarrerados con la Guelaguetza. La verdad es que la expectativa no es tan alta, como que las fiestas no se sienten con la misma intensidad de otros años. 

Si bien Oaxaca está de fiesta y la emoción es de cada quién, en general nos han dicho que no se percibe de la misma forma y es que hay mucho descontento en varios sectores.

Hace unos días el periodista Pedro Matías publicó que están obligando a los trabajadores del Estado a asistir a la Guelaguetza para llenar los palcos C y D y evitar una rechifla hacia el gobernador Salomón Jara.

De por sí que el gobernador y se consejero Jurídico no tiene buena relación con los burócratas, por la ocurrencia de quitarles más de mil plazas sin un sustento legal firme y por capricho político. Ya veremos si es más la rechifla con ellos que si fuera la gente normal a la que no le interesa la política. Peor, porque hay personas que se quedarán con ganas de subir al cerro y aburrirse con los bailes, cada vez más absurdos.

Mientras medio auditorio asistirá por gracia de algún revendedor, dicen que otro medio irá obligado. ¿Porqué no hacen algo más equitativo y ponen a la venta esos boletos, para que realmente vaya quien deba ir? Eso de que es del pueblo es otra gran mentira para llenarle la bolsa a más de uno.

Vea si no, justifican un gasto de más de 60 millones de pesos para la fiesta de las culturas, como se les ha dado en decirle, pero resulta que a los bailarines no les dan ni agua o los trasladan como ganado en camiones cerrados, ni para un autobús que les dé un trato de personas.

No tienen cerca a su señora madre, los funcionarios encargados. 

El primer gran chiste de la Guelaguetza es su comité de autenticidad, esa especie de jurado de talentos que decide, con criterios que ni ellos mismos logran explicar del todo, quién es lo bastante oaxaqueño para bailar en el Auditorio. Oaxaca tiene 570 municipios; en años recientes apenas medio centenar ha llegado a subirse al escenario. La Sierra Norte se ha quejado de que ni a los Mixes, “los jamás conquistados”, los dejaron entrar en cuatro ediciones seguidas. 

Y no es cosa de un solo año: desde 2017 hay delegaciones que denuncian exclusiones sin justificación, y en 2019 otras acusaron abiertamente discriminación por parte de quienes decidían quién sí y quién no era “suficientemente auténtico”.

Para 2026 anunciaron un rediseño con 72 consejeros evaluando “ancestralidad” y “ritualidad”, lo cual suena maravilloso hasta que uno recuerda que la ancestralidad de un pueblo no debería depender de que un panel la apruebe.

La Guelaguetza se volvió, para buena parte de quienes la estudian, un espectáculo teatralizado más que una fiesta vivida de compartir.

Un análisis académico reciente lo dice sin adornos, se promueve la danza, sí, pero no la lengua, ni la historia, ni el por qué de cada paso. Es cultura en modo ‘trailer’ cinematográfico, vistosa, breve, hecha para la foto. Y hay quienes ganan con la folklorización de las tradiciones y el plagio de los diseños textiles, enmarcando todo dentro de la protesta contra la gentrificación que ya trae a media ciudad de un humor de perros. 

Aparte está la “Guelaguetza popular y magisterial”, organizada por la Sección 22 desde 2006, que este año llega a su edición dieciocho como réplica —y reclamo— a la versión oficial. Ellos dicen que es la fiesta de al lado, la que no vende boletos ni firma contratos millonarios, y que existe, básicamente, para recordarle a la otra de qué se supone que se trataba todo esto, pero igual sirve para sacar una jugosa ganancia. Y también como la otra, se paga con dinero público, por lo menos en buena parte, aunque en la narrativa “revolucionaria” lo nieguen vehementemente.

Ya veremos en estos jaloneos políticos qué es lo que sucede.

TERCER TIEMPO

Esta semana, el abogado y activista resalta el fracaso que significa para México un Poder Judicial capturado Y sometido por la autollamada 4T:

Un ciudadano parado frente a la boleta más larga de su vida, cientos de nombres que jamás escuchó, y en la bolsa un papelito con los nueve “correctos”. No eligió: copió. Esa escena, repetida millones de veces, es el acta de nacimiento de la nueva justicia mexicana.

Los números cuentan el resto sin piedad. Con menos de la tercera parte de los votos, las candidaturas del acordeón amarraron ocho de cada diez cargos. En una boleta abierta, donde el azar debería dispersar el voto en mil direcciones, ganaron casi siempre los mismos. La estadística no miente: donde hay orden perfecto, hubo mano que ordena.

Y el acordeón fue apenas el enganche. El verdadero negocio no era ganar la elección, era comprar la sentencia por adelantado. Se diseñó un sistema para que el juez llegue debiendo, y quien llega debiendo resuelve pagando: el favor se cobra en fallos, la gratitud se traduce en amparos, la deuda dicta el sentido de la resolución antes de que el expediente siquiera se abra. Eso ya no es un juez que se equivoca ni que se vende; es un juez que fue instalado para obedecer, con la toga puesta como coartada.

(…)

Prometieron un Poder Judicial incorruptible y entregaron uno amaestrado. López Obrador juró que el voto popular iba a “purificar” la justicia; un año después, la foto del método democrático es una jueza que le firma un amparo fast track al gobernador que la puso en el acordeón, y otra que suelta a un presunto jefe del huachicol que la Presidenta había presumido como golpe al crimen.

No es una lista de casos aislados, es un catálogo. Abogados del Mayo y del Chapo hoy dictan sentencias; jueces que son secretarios de Morena; otro que sube su foto con playera guinda y la leyenda “Juez del Bienestar”; siete ministros aplaudiendo en el mitin de la Presidenta después de avalar, en doce minutos por asunto, las mismas reformas del que los mandó. Cuando el juzgador milita, la toga deja de ser toga y se vuelve uniforme de partido.

Y esa es la trampa que nadie quiso ver a tiempo: no reformaron para tener mejores jueces, reformaron para tener jueces suyos. La purificación era la coartada; el objetivo era la llave. Lo dijo sin adornos el ministro Cossío: la reforma nació con la intención de quedarse con el Poder Judicial. Lo demás fue marketing. Hoy tenemos jueces electos que le deben el puesto a quien repartió el papelito, y el que llega debiendo no imparte justicia: paga facturas.

COLOFÓN

Una decisión política llevó a la detención del ex gobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Apple, acusado porque utilizaron empresas en las que es socio para trasladar y traficar huachicol fiscal.

Si el señor Ruffo, que también es consejero político del recién creado partido Somos México, es culpable, sin duda se merece la detención y eventualmente una sentencia condenatoria si se le comprueba responsabilidad.

Lo que es un abuso es que se detenga a un panista reconocido mientras se encubre y protege a gobernadores y senadores de Morena que tienen acusaciones y señalamientos por colusión con el crimen organizado y por el mismo delito que le achacan a Ernesto Ruffo: el hauchicol fiscal, que es el mayor robo en toda la historia de nuestro país.

Ahí están los casos de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien descubrieron cometiendo el delito de traición a la patria; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al senador de ese mismo estado Enrique Inzunza Cázares, vinculados con el Cártel de Sinaloa; a los gobernadores de Tamaulipas y de Sonora, Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente.

Pero sobre todo, está caso del senador, ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el hermano político de AMLO y quien permitió que el grupo delincuencial La Barredora se asentara no sólo en Tabasco, sino en buena parte del país.

No, la justicia en México no es pareja, como dicen, es chipotuda.

NGE