Istmo de Tehuantepec: cuentas alegres en seguridad, mientras solapan a gobiernos señalados de alianzas inconfesables; Muestra de nerviosismo político, movimientos electorales de la 4T; y Agarrón en Morena Oaxaca por candidaturas

 

COLUMNA

+ El Istmo de Tehuantepec: las cuentas alegres en seguridad, mientras solapan a gobiernos señalados de alianzas inconfesables.

+ Muestra de nerviosismo político, los movimientos electorales de la 4T para agandallarse el poder en 2027.

+ Agarrón en Morena Oaxaca por las candidaturas que vienen.

PRIMER TIEMPO

De qué sirve que a los ciudadanos nos atiborren de propaganda con cifras alegres sobre detenciones y supuesta baja de homicidios en el Istmo de Tehuantepec, si solapan a gobiernos abiertamente señalados de estar en contubernio o al servicio de grupos delincuenciales, como sucede en San Pedro Tapanatepec y en Juchitán de Zaragoza.

En esa región de Oaxaca asolada por la violencia, el tráfico de indocumentados y de drogas, la extorsión y el “cobro de piso”, así como los crímenes hasta de niños, jóvenes y mujeres, todos saben quiénes son los grupos delictivos que operan en la zona y quiénes son las autoridades municipales que están al servicio o son parte de la delincuencia organizada.

Todos lo saben, menos las autoridades. O se hacen, convenientemente, que no lo saben.

El periódico El Universal difundió que esta semana, “mediante una videograbación en Facebook y con la blusa manchada de sangre, una mujer señaló a los responsables del asesinato de su hijo David S., ocurrido en Chahuites, una población de la región de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.”

En la grabación, la madre “señaló directamente a la presidenta municipal de San Pedro Tapanatepec, Adriana Guadalupe Vásquez Cruz, y a su hermano Alí Vasquez, identificado con el alias de El Chaparro”.

“David S. fue asesinado en Chahuites, luego de dejar a sus trabajadores en los huertos para el corte de mango. En el camino de regreso fue interceptado por un comando que viajaba a bordo de una camioneta.

“Cómo es posible pueblo de Chahuites que podamos seguir permitiendo que a gente trabajadora nos ataquen, ¿por qué?, ¿qué te hacemos, cabrón?, ¿qué te hemos hecho para que nos ataques de esa manera?…

“La madre de David S. mencionó que tenía la intención de llevar el cuerpo de su hijo hasta al palacio municipal de San Pedro Tapanatepec y velarlo ahí ‘para que les diera vergüenza’ y acudiera la prensa, pero no se lo permitió su familia.

“También anunció que vendrá a la ciudad de Oaxaca o viajará a a Ciudad de México, si es posible, para denunciar el asesinato de su hijo y la presunta complicidad de las autoridades municipales de San Pedro Tapanatepec. No importa, dijo, que con ello ponga en riesgo su propia vida…

“De la misma forma, señaló a la presidenta municipal Guadalupe Vásquez y a su hermano Alí Vásquez como responsables de la desaparición de jóvenes, asesinatos y robos.”

En esas mismas fechas, pero en Juchitán de Zaragoza, el municipio que representa el principal foco rojo de seguridad, se realizaba un evento oficial para anunciar lo que denominaron avances en seguridad. La paradoja es que en primera fila, como anfitrión de autoridades civiles, policiacas y militares, estaba el edil Miguel “Quetu” Sánchez Altamirano, otra de las autoridades municipales y actores políticos a quienes señalan como parte del problema, no de las soluciones.

Apenas en abril pasado, en este espacio mencionamos que Juchitán está podrido. El crimen organizado provoca una espiral de violencia y horror interminable.

Y esa es la realidad que prevalece. Lo demás es propaganda, gatopardismo, hacer como que se hacen cosas para que algunas cambien, pero que en el fondo todo siga igual.

Por cierto, los presidentes y las presidentas municipales de la zona son de Morena y de sus partidos aliados.

Queda claro que en Oaxaca no aprenden del caso Sinaloa, donde luego de la abierta protección política al gobierno de Morena, actores políticos, legisladores y autoridades estatales y federales, fueron arrastrados como cómplices o por lo menos encubridores de narcogobiernos insostenibles, en el contexto de las presiones y acusaciones de Estados Unidos.

Lo mismo va a suceder, tarde o temprano, en el resto del país, incluyendo Oaxaca. Ante los excesos delincuenciales y la tolerancia oficial, la paciencia de ciudadanos y grupos sociales ya llegaron al límite.

SEGUNDO TIEMPO

¿Qué está viendo la 4T para 2027?, se pregunta David Aponte en su colaboración semanal para El Universal, al analizar los cambios electorales propuestos por el gobierno de México y Morena, ante las presiones por la narcopolítica que ya les afecta en las mediciones partidistas y de gobierno.

El contexto es el impacto que ha tenido en la ciudadanía la acusación del gobierno de Estados Unidos contra gobiernos, políticos y funcionarios morenistas por sus alianzas con los cárteles del narcotráfico.

Por otra parte, la encuesta que presentó Latinus hace una semana, muestra que en una año la opinión positiva de Morena bajó 14 puntos, en tanto que la opinión negativa sobre este partido creció18 por ciento.

De la misma manera, el 42 por ciento piensa que en Morena hay más vínculos con el crimen organizado, en tanto que hasta 63 por ciento considera que políticos de Morena han recibido dinero del narco.

El estudio que presentó Latinus señala también que el 54 por ciento considera que ha empeorado la situación económica del país.

Pero veamos el análisis de David Aponte:

El germen de la infiltración, penetración, colusión del crimen organizado con la clase política ha corrido por sexenios a cargo de distintos partidos, de todos los colores partidistas, sin lugar a duda.

Sin recato y sin importar las siglas, autoridades municipales, estatales y federales han entrado al campo de la connivencia con la delincuencia organizada.

La semilla de la corrupción de las organizaciones criminales comenzó a sembrarse en el eslabón más débil de los tres niveles de gobierno: las autoridades municipales, a cambio de dinero para las campañas electorales que se paga con la entrega de puestos de las policías, de la obra pública, del control del comercio y de la extorsión a la población.

La penetración de los cárteles de la droga y de grupos criminales en la esfera gubernamental comenzó a documentarse en 2002, durante el gobierno del presidente panista Vicente Fox, en un expediente de corrupción criminal que tocó una capa de la inteligencia militar dedicada al combate a las drogas y que comenzó a dar los primeros frutos de la narcopolítica mexicana…

De manera sorprendente, un grupo criminal ligado al Cártel de Juárez, que se hacía llamar La Empresa, logró penetrar y obtener datos de inteligencia de los operativos del gobierno foxista en contra del narcotráfico. En ese sendero delictivo, vio la oportunidad de influir en las elecciones…

La primera semilla de la colusión entre el narco y la política estaba sembrada y fue documentada en expedientes judiciales. Lo que siguió en los sexenios posteriores fue la siembra y cosecha sin límites, sin ton ni son en todo el país, principalmente en las elecciones para alcaldes.

Autoridades municipales de todos los partidos comenzaron a gobernar del brazo o en la cama con los líderes de los grupos criminales, para darles el control de los territorios para sus negocios ilícitos y, más adelante, la extorsión de la población, de las comunidades, que aterrorizadas han sucumbido frente a funcionarios - criminales.

La pus de la narcopolítica obligó al gobierno de la 4T a lanzar una cruzada, una operación denominada Enjambre contra las autoridades municipales coludidas con el crimen organizado, que ha dado como resultado la detención funcionarios y exservidores públicos municipales en cinco estados del país: Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán y, recientemente, Morelos…

La mala semilla de la narcopolítica alcanzó también otras escalas de los gobiernos. Actualmente, la administración federal de Estados Unidos tiene en la mira al gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y ocho funcionarios y exservidores públicos, imputados por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, con los Chapitos.

Dos de ellos se han entregado a las autoridades de Estados Unidos, dos piezas clave, el exsecretario de Seguridad, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, y el extitular de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes deberán afrontar un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo cargos del Departamento de Justicia de recibir sobornos y facilitar las operaciones de tráfico de drogas para los Chapitos.

NERVIOSISMO, ANSIEDAD Y POCA CABEZA FRÍA ENTRE LOS LIDERAZGOS DE MORENA

Las acusaciones de la fiscalía estadounidense a un mandatario estatal en funciones han provocado un fuerte debate y confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y liderazgos de Morena con la oposición, principalmente con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a quien el oficialismo señala de traición a la patria por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de destrucción de un narcolaboratorio en la sierra chihuahuense.

Al margen de la disputa en la clase política, los casos de funcionarios y exservidores públicos señalados de colaborar con las mafias han obligado a Palacio Nacional a presentar una iniciativa para blindar a los aspirantes a puestos de elección popular para las contiendas electorales de 2027.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa que se procesará la próxima semana en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, que propone modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear una comisión en el Instituto Nacional Electoral que coordine la investigación de los antecedentes de aspirantes a candidatos a participar en una elección.

La comisión, con el nombre de Verificación de Integridad de Candidaturas, pedirá al Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revisión de “un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”.

“Los partidos políticos entregan voluntariamente la lista de aspirantes a la comisión, la comisión consulta con las diferentes dependencias, estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable, esta información las instituciones le entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable, la comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando la instancias o dependencias que advierten ese riesgo con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, explicó el jueves la consejera Alcalde.

En la misma ruta, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, presentó otro proyecto para la anulación de las elecciones por injerencia extranjera, un expediente que tiene muy presente la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos, particularmente con algunos actores políticos estadounidenses que no han sido señalados por su nombre.

“La nulidad de la elección procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional, hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta resulte grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección”, establece la iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El gobierno de la 4T aprovechó el viaje de aplazar la elección judicial al 2028 para meter dos iniciativas más: integridad de candidaturas para evitar crimen organizado y nulidad de elecciones por intervención extranjera.

De ahí el título del texto: ¿Qué está viendo la 4T para 2027? ¿La intervención de Estados Unidos en las elecciones del próximo año? ¿La posibilidad de que la oposición salga en alianza para hacer frente a la mayoría de Morena y sus aliados, Verde y PT? ¿Tres portadas de diarios estadounidenses bastarán para anular elecciones?

¿O empieza el morenismo a resentir el golpe del caso Rocha Moya, quien ha recibido la protección del movimiento en el poder, que se niega a proceder con la detención provisional con fines de extradición, presentada por el gobierno de Washington?

Lo cierto es que hay nerviosismo, ansiedad y poca cabeza fría entre los liderazgos de Morena, que la han emprendido contra medios de comunicación, periodistas e intelectuales…

¿Qué será lo que está viendo la 4T?

COLOFÓN

Agarrón de novela se traen en el partido guinda en Oaxaca, cuyo control tiene el gobernador Salomón Jara Cruz mediante quien da la cara como dirigente estatal, Alejandro Velasco Armas, una vez que removieron de la dirigencia a su sobrino, Emmanuel Navarro Jara, para calmar los señalamientos de nepotismo.

En su columna de este domingo, Raúl Nathán se refiere a quienes aspiran candidaturas:

“…Denuncias sobre corrupción, excesos, viajes, borrachazos, mal desempeño, inundan las redes sociales. Pero algunos de esos pésimos funcionarios (as), legisladores (as) locales y ediles, ya se apuntan para lo que viene, incluso sueñan con la mini-gubernatura. ¿Cuáles serán los perfiles honestos, limpios y sin mácula, que advirtió la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel?...”

Efectivamente, el fondo del pleitazo es por las inminentes candidaturas, que el oficialismo oaxaqueño no quiere compartir con su aliado nacional, el Partido del Trabajo, ni con morenistas de otros grupos diferentes al ahora conocido como “jarismo”.

Como saben, Benjamin Robles Montoya, el mandamás del PT en Oaxaca, trae un pleito irreconciliable con Salomón Jara, entre guerra sucia, señalamientos y acusaciones de todo tipo.

Pero también el nuevo agandalle guinda a nivel local se da para tratar de cerrarle el paso a quienes aspiran o se mencionan como posibles candidatas a cargos de elección popular, tanto en el 2027 como en 2028.

Por eso la secretaria de la Organización de Mujeres de Morena Oaxaca, Lizzeth Arroyo Rodríguez, descalificó las menciones de la senadora Susana Harp Iturribarría, de la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio y de Ivet Morán, esposa del ex gobernador y actual senador de Morena Alejandro Murat.

Ya sabremos quiénes saldrán mejor librados del agarrón. Y si para entonces todavía Morena sobrevive a los señalamientos y embates de los gringos.

NGE