Exhiben al IEEPCO por presunta corrupción en contrato; 2025 fue un año de censura a periodistas, a medios ¡y hasta a ciudadanos!; y Recuento de los temas más importantes del 2025

 

COLUMNA

+ En su apogeo, la grilla electoral: exhiben al IEEPCO por presunta corrupción en contrato; fue legal, se defiende la presidenta.

+ El 2025 fue un año de censura a periodistas, a medios ¡y hasta a ciudadanos!

+ El recuento de los temas más importantes del 2025.

PRIMER TIEMPO

¡Ya se fue el 2025! En tres días despediremos el año y daremos la bienvenida al 2026.

Pero lo que no se ha ido son las mañas, la corrupción y la demagogia de políticos y servidores públicos, así como la mala costumbre de grillarse con acusaciones, filtraciones y exhibidas públicas en redes sociales y en medios de comunicación.

Eso es lo que sucede en torno del ejercicio de simulación democrática llamado revocación de mandato, que parece se ha convertido también en negocio para algunas y algunos.

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, es el centro de la pelea por el control del órgano electoral en Oaxaca y de un nuevo escándalo por presunta corrupción.

La semana pasada mencioné que “enfrascado en conflictos internos, sin transparencia ni rendición de cuentas, el órgano electoral de Oaxaca se ahoga en presunta corrupción.”

“Por lo menos eso se deduce del informe final del Programa Anual de Auditorías 2025 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la ASFEO…

“…el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) concentró uno de los montos más elevados: 766.5 millones de pesos de universo, con una muestra de 307.2 millones. En el informe final, el órgano electoral mantiene tres solicitud de aclaración y 12 pliegos de observaciones que jamás fueron solventadas.”

El nuevo escándalo es por la asignación de un contrato para material electoral por la revocación de mandato, asignado a la empresa Flexomética SA de CV por 36 millones 98 mil 779.85 pesos ya con IVA, en tanto que Talleres Gráficos de la Nación envió una cotización al IEEPCO por 32 millones 478 mil 568.57 pesos con el Impuesto al Valor Agregado.

La cotización de Talleres Gráficos de la Nación era por base porta urna, caja contenedora, caja paquete de revocación de mandato, cancel / mampara, cinta de seguridad para el sellado de urnas y cajas paquete, etiqueta Braile para revocación de mandato, forro para urna de revocación de mandato, urna para revocación de mandato, marcador para papeleta, sujetador del marcador de papeleta, dado marcador, mampara especial y distribución 25 Consejos Distritales.

Lo asignación se dio “pese a que existe una propuesta 15 por ciento más económica, lo que implicaría un ahorro cercano a cinco millones de pesos para el erario”, señala una nota del diario El Financiero del pasado viernes 26 de diciembre, firmada “Por Redacción”:

“Las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento se realizaron los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial del organismo.

“La decisión se adoptó durante la gestión de la presidenta del OPLE, Elizabeth Sánchez González, quien además encabeza el Comité de Adquisiciones, y la adjudicación se perfila a favor de Flexométrica, S.A. de C.V., mediante el mecanismo de adjudicación directa.”

La nota del diario especializado en economía y finanzas señala “que Talleres Gráficos de México presentó una propuesta aproximadamente 15 por ciento menor, además de acreditar infraestructura instalada, experiencia comprobada en procesos electorales y ausencia de sanciones administrativas como proveedor institucional.”

“Pese a ello, el IEEPCO optó por avanzar con la adjudicación a Flexométrica, empresa que no cuenta con antecedentes documentados de contratos equivalentes en términos de monto, complejidad operativa y alcance logístico, particularmente en ejercicios de participación ciudadana a gran escala como la revocación de mandato.

“Consorcio empresarial bajo investigación.

“Fuentes del sector y documentación revisada señalan que Flexométrica forma parte de un consorcio de empresas asociadas dedicado a la producción de material, documentación y servicios electorales, integrado también por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs (todas SA de CV).

“De acuerdo con estos antecedentes, el grupo ha operado utilizando distintas razones sociales, dependiendo de la entidad federativa en la que busca participar, así como alianzas cuestionadas y de alto costo con autoridades locales, que han derivado en señalamientos y quejas de competidores y de instancias públicas por posibles incumplimientos contractuales.

“Fuentes oficiales confirmaron que el consorcio y diversos contratos vinculados se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posibles irregularidades, entre ellas la presentación de documentación fiscal sin sustento, dentro de procesos de fiscalización en curso…

“Antecedentes en Oaxaca.

“Durante el proceso electoral de 2024 en Oaxaca, empresas del mismo consorcio participaron en procedimientos cuestionados, pese a no cumplir plenamente con los requisitos técnicos exigidos en licitaciones previas.

“De acuerdo con la documentación disponible, dichos antecedentes derivaron en una crisis logística para el Instituto, con entregas fuera de tiempo, deficiencias técnicas y la presentación de documentación apócrifa, que obligaron a aclaraciones y sustituciones de materiales.

“Implicaciones.

“Pese a este historial, el Instituto Electoral de Oaxaca avanza en la adjudicación de un contrato por 36 millones de pesos a Flexométrica, identificada como la única empresa del consorcio sin antecedentes negativos documentados, precisamente por no contar con experiencia previa en el ámbito electoral, según las fuentes consultadas.

“Analistas en contratación pública señalan que la combinación de investigaciones en curso por parte de la ASF, adjudicación directa, días inhábiles, mayor costo y vínculos empresariales recurrentes podría traducirse en observaciones adicionales de fiscalización y en riesgos operativos para un proceso considerado estratégico como la revocación de mandato.”

Por su parte, Elizabeth Sánchez aseguró que la adjudicación directa se determinó como la más viable para cumplir con los trámites administrativos porque la Ley de Revocación de Mandato establece un plazo de 30 días para organizar una jornada similar a un proceso electoral, programada para el domingo 25 de enero de 2026.

En declaraciones a medios de comunicación, la presidencia del Consejo General precisó que “se evaluó que las empresas cumplieran con los requisitos técnicos y garantizaran la entrega del material y la documentación 15 días antes de la jornada de opinión, a fin de distribuirlos en las ocho regiones del estado”. 

Sánchez González mencionó que “la empresa con la oferta económica menor planteaba la entrega el 19 de enero, fuera del plazo legal, mientras que otra opción se comprometió a entregar el 11 de enero, “lo que permitiría cumplir las actividades operativas conforme al calendario aprobado por el Consejo General en sesión del 22 de diciembre.”

Lo que queda claro es que la grilla electoral está en su apogeo entre las corrientes de Morena del gobierno estatal y las que ahora controlan el órgano electoral de Oaxaca. Se pelean el manejo y los espacios del IEEPCO, pero también el control del presupuesto.

Sin duda, se llevan pesado entre los guindas.

SEGUNDO TIEMPO

En esta columna se ha mencionado que la libertad de expresión, el derecho a la información y la multiplicidad de opciones para ser parte de la sociedad, se están quedando vacíos. 

El pasado 14 de septiembre señalé que “los que ahora gobiernan bajo la marca de la 4T detestan la pluralidad y actúan en consecuencia para que sólo se escuche su voz y que prevalezca su visión, generalmente falsa y de propaganda. A veces son burdos como la gobernadora Layda Sansores de Campeche, y otros gobernadores de México, que mezclan presiones legales con acoso económico y llegan incluso hasta poner en riesgo la integridad de los periodistas; otras veces, la gente del poder censuran mediante el uso discrecional y abusivo de la publicidad oficial.

“La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), define la censura directa como una prohibición o interferencia explícita a la difusión de información o ideas, mientras que la censura indirecta implica presiones financieras, normativas o administrativas que restringen el ejercicio de la libertad de expresión, como la asignación discriminatoria de publicidad o la concentración mediática. Ambas son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y el pleno funcionamiento de la democracia, explica ese organismo internacional.

“De hecho, hay un fenómeno que llaman desiertos informativos y que ha sido estudiado en América Latina, donde hay tiranías disfrazadas de democracia.”

El tema de la libertad de expresión y una nueva ola de censura, lo retoma este domingo Jorge Triana en su colaboración para El Universal.

El político y articulista considera que el 2025 fue un año “en que la censura se puso toga y se instaló en juzgados y tribunales. No hizo ruido ni necesitó golpes. No quemó libros ni clausuró imprentas. Le bastó con demandas, medidas cautelares, audiencias interminables, disculpas forzadas y la amenaza constante del proceso penal. La mordaza ya no llega con toletes, llega con sellos oficiales…”

“El 2025 no necesita prefacio. Se definió solo. Fue el año de la captura del Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, los viajes y lujos del poder, el huachicol fiscal, la Barredora y los vínculos criminales, la violencia y el asesinato de Carlos Manzo, junto con la represión del Estado…”

Triana menciona algunos casos representativos en México durante este año:

“En Guerrero, el Tribunal Electoral sancionó al director de Acapulco Trends por supuesta ‘violencia política’ contra la alcaldesa. Multa, disculpas obligatorias y cursos, mientras el trasfondo era obvio: había señalado un quebranto al erario cercano a mil millones de pesos. Después, el Tribunal Federal corrigió y desbarató la acusación, pero la señal ya estaba enviada: primero te doblamos, luego vemos si nos excedimos.

“Puebla siguió en la misma ruta. Surgió el ‘ciberasedio’, un tipo penal tan elástico que abarca desde el acoso real hasta la crítica incómoda al gobierno, con penas de cárcel por ‘insultar’ en redes. Al mismo tiempo, el propio gobernador ha usado la tribuna pública para estigmatizar a comunicadores, lanzar acusaciones desde el micrófono oficial e incluso montar secciones inquisitorias como el ‘Detector de mentiras’ en sus conferencias.

“Campeche dejó de simular y fue por todo. Layda Sansores convirtió al medio Tribuna en ejemplo de cómo usar el poder para callar críticas. Cierre del portal, prohibición de ejercer el periodismo y la cereza autoritaria: un censor judicial que revisa de antemano lo que el medio publique sobre el gobierno. Eso es censura previa. Los columnistas dejaron de firmar y el medio dejó de tocar a la gobernadora. No es prudencia, es supervivencia.

“El caso ‘Dato protegido’ se volvió emblema de cómo una figura legítima, la violencia política de género, se deformó en mazo contra la crítica. Una ciudadana obligada por el Tribunal Electoral de Sonora a disculparse diariamente durante un mes por un tuit incómodo, recitando un texto dictado por la autoridad. Mientras tanto, los lujos de la legisladora y de su esposo, también diputado, estallan en escándalo. Transparencia hacia abajo, opacidad hacia arriba. País al revés.

“Fernández Noroña coronó un año de excesos y bravuconadas con el episodio grotesco de llevar al Senado a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas por increparlo en el aeropuerto. En el pleno, el poder sentado y el ciudadano expiando. Democracia de utilería.

“Resalta el caso de Héctor de Mauleón y El Universal. Tras una columna en la que mencionó a Tania Contreras, hoy magistrada en Tamaulipas, el tribunal local ordenó bajar el texto y prohibió nuevas publicaciones sobre ella. Otra vez censura previa contra un periodista por tocar intereses incómodos.

“Y el año terminó como empezó. En Veracruz, la detención de Lafita León por incomodar a las autoridades estatales. Y otra vez en Puebla, la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz tras denunciar una audiencia parcial por investigar al poder. Así cierra 2025: periodistas procesados, detenidos, vigilados, mientras los gobiernos insisten en que aquí nadie censura a nadie.

“El patrón es claro. La crítica no se prohíbe: se encarece y se llena de riesgos. Se la ahoga con trámites, audiencias, abogados, disculpas, multas y censores con aval judicial. La bala fue sustituida por el expediente. La mordaza se impone con sellos oficiales.

“Sí, 2025 fue el año de la censura. Lo viejo es el impulso del poder por callar. Lo nuevo es el disfraz: hacerlo sonriendo, citando la Constitución, hablando de derechos y asegurando, con seriedad, que en México hay plena libertad de expresión.”

COLOFÓN

Concluimos la última columna del 2025 haciendo un recuento y retomando algunos temas importantes que comentamos en el año: 

26 de enero:

+ La interminable lucha de la saxofonista María Elena Ríos para que no liberen a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal.

Podrán cuestionar los métodos y las formas de la saxofonista, quien se convirtió en una combativa activista después que fue atacada con ácido y trataran de matarla, provocándole graves heridas y cicatrices de por vida, pero nadie puede cuestionar las causas que la motivan.

He dicho que, les guste o no a sus detractores, María Elena es víctima de un intento de feminicidio. Eso es un hecho incontrovertible.

Por si no se acuerdan, va de nuevo:

“El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico por tres hombres en su casa en la comunidad Huajuapan de León. Ríos sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente 80% de su cuerpo, y estuvo hospitalizada más de tres meses en el hospital Aurelio Valdivieso y después fue trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, en Ciudad de México. Las lesiones que la saxofonista recibió por causa del ataque han requerido varias cirugías, injertos de piel y múltiples tratamientos dermatológicos”, señala Wikipedia.

También he reiterado en esta columna:

La saxofonista ha mencionado firmemente a Juan Antonio Vera Carrizal y a su hijo como los autores intelectuales de su intento de feminicidio. El empresario gasolinero está preso por esta agresión, en tanto que su hijo actualmente está prófugo.

Vayamos por partes. María Elena ha luchado contra todo el sistema, contra todo el aparato del Estado que ha defendido a su agresor y ha hecho mil y un intentos para dejarlo en libertad. El dinero del ex diputado priista y empresario gasolinero, entre otros rubros, así como de sus poderosos socios políticos, cuenta y bien, nadie lo cuestiona, es parte de esa lucha descarnada que traen.

Poderosos personajes del PRI, antes, y ahora de Morena, le han brindado a su agresor Vera Carrizal protección y ayuda política, jurídica y hasta en medios de comunicación y en redes sociales para tratar de doblar a la saxofonista y liberar a su influyente socio.

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17 de agosto:

+ Una mujer acusada y detenida por secuestro de alto impacto, estará a cargo de la Feria del Libro en Oaxaca.

Esta semana el gobierno de Oaxaca presentó oficialmente la primera Feria Intercultural de Escritura y Lectura, la FIELO 2025, para los que les gusta acortar los nombres.

Podría ser una buena noticia, diríamos que sí, porque, aunque en versión inicial estarán haciendo el esfuerzo de que no falte una feria del libro.

Lo malo del tema es quién organiza la feria.

Pues resulta que la presentación la hizo la señora Carmen Sánchez Parada, quien es directora de un instituto llamado de Creación Literaria y Promoción de la Lectura.

Carmen Sánchez fue una de las personas involucradas en el secuestro de los niños Álvarez Candiani, a quienes retuvieron durante meses en condiciones deplorables, encerrados en la cisterna de una casa.

Quizá muchos ya se han olvidado del hecho, porque ya pasaron unos 12 años, pero esa relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE de esa época; con el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, el FACMEO; con la guerrilla y con la delincuencia organizada, debe poner en alerta.

En su columna Razones que publicaba en el diario Excélsior, Jorge Fernández Meléndez escribió sobre el tema, luego de que en el 2018, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, liberaran a los acusados por asesinato y secuestro, amnistiándolos bajo el argumento de que eran “presos políticos”.

Fernández Meléndez tituló su columna: “Los ‘presos políticos’ que secuestraban niños…”

“…Volvamos a contar la historia, resumida, que aquí publicamos entre agosto y octubre del 2013. El 13 de enero de ese año, fueron secuestrados, en Oaxaca, (una niña y un niño) cuando se dirigían al colegio donde estudiaban la primaria… Al momento de su intercepción, los secuestradores realizaron disparos a su vehículo y lograron volcarlo. Los secuestradores le dispararon al chofer en el rostro, matándolo, y sacaron a los menores de manera violenta, no se llevaron a otra hermana, porque al verla cubierta de sangre pensaron que estaba muerta. Al niño le propinaron algunos golpes y un culatazo en la cabeza, para sacarlo del vehículo. Los subieron a una camioneta y fueron trasladados a la casa de seguridad, en donde al llegar uno de sus secuestradores los golpeaba mientras los interrogaban.

“Durante su cautiverio, los menores fueron encerrados en una cisterna de dos metros de largo por dos metros de ancho, con un metro y medio de alto, donde, en todo momento, eran mantenidos sentados en el suelo con los ojos vendados, amarrados de pies y manos y encadenados, vigilados por un cuidador. Los cuidadores se alternaban cada dos horas. Los niños, para sus necesidades fisiológicas sólo tenían una cubeta cubierta con una bolsa de plástico negro, eran “aseados” cada cinco días a jicarazos, su comida consistía en guisados y té, y uno de los cuidadores se refería en sus pláticas constantemente a cuestiones sexuales…”

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31 de agosto:

+ Termina el injusto despido de 1 mil 344 burócratas; reinstalarán a los 677 que faltaban.

La nota de la semana fue el anuncio de la reintegración de los 677 trabajadores del gobierno de Oaxaca que faltaban incorporar a sus fuentes laborales, luego de que de manera injusta, mediante artimañas legales y legislativas, abuso de poder y un ejercicio torcido de la justicia, el Congreso estatal, apéndice servil del Poder Ejecutivo, publicara el famoso decreto 24 y corrieran en diciembre del año pasado a 1 mil 344 personas, madres y padres de familia.

¡10 meses dejaron sin empleo a las y los trabajadores! Sin recursos a todas esas familias. Pero estaban empecinados en dejarlos totalmente fuera, de no ser por la presión de los mismos burócratas (ojo: no de los corruptos de sus dirigentes al servicio del gobierno de Oaxaca), por las movilizaciones y por sus promociones legales, pero principalmente, porque el gobierno de la República y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, nunca estuvieron de acuerdo con esta arbitrariedad.

El resumen, sin términos leguleyos, es que el gobierno de Oaxaca perdió… Y los reinstalados, sus familias y sus cercanos, seguro que no estarán muy contentos. La burocracia vuelve a su sitio, pero no con entusiasmo: lo hace con el sabor amargo de una batalla social, política y legal que nunca debió existir.

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7 de septiembre:

+ Orden de aprehensión contra Juan José Gutiérrez Chapa por fraudes en Oaxaca y Chiapas. Embarrada, la cadena internacional Tim Hortons.

Los fraudes del empresario oaxaqueño Juan José Gutiérrez Chapa a la unión de crédito CONCRECES, antes llamada Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca (UCICO), trascendieron los límites de nuestro estado y se extendieron al vecino Chiapas.

El pasado 3 de noviembre y 15 de diciembre de 2024, en esta columna comenté sobre este escandaloso fraude que en Oaxaca se estimaba en más de 400 millones de pesos; sin embargo, ahora trasciende que el fraude superaría los 500 millones de pesos.

Apenas el 27 de agosto de 2025, el periódico Excélsior publicó una nota titulada “Inversionistas defraudados señalan a Juan José Gutiérrez Chapa como el responsable. En Chiapas y Oaxaca se han presentado cientos de denuncias en contra de al menos 20 empresas relacionadas con el actual presidente de Tim Hortons México”.

Excélsior menciona que los denunciantes ya habrían logrado una orden de aprehensión contra el empresario defraudador:

“En Chiapas y Oaxaca se han presentado cientos de denuncias en contra de al menos 20 empresas relacionadas con Juan José Gutiérrez Chapa, actual presidente de Tim Hortons México, quien estaría a la cabeza de un esquema de inversión financiera e inmobiliario fraudulento. 

“En Oaxaca, de acuerdo con las investigaciones, son más de 2,700 socios, en su mayoría adultos mayores y familias de clase media, quienes se vieron afectados entre 2015 y 2021, el monto de la estafa sería de al menos 500 millones de pesos.

“Mientras que en Chiapas a través de Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar y Conjuntos Residenciales de Chiapas, cientos de familias perdieron su patrimonio debido a dobles ventas de propiedades y falsificación de documentos, en este caso en mayo de 2025 las autoridades lograron la detención de Erick Romero Peimbert quien dirigía este ‘cártel inmobiliario’.

“De acuerdo con las investigaciones realizadas por diversas autoridades, el modus operandi sería recaudar fondos utilizando diversas empresas y uniones de crédito, así como la Sociedad Hipotecaria Federal, para trasladar los montos de Oaxaca a Chiapas y después utilizarlos para lograr la expansión de sucursales de Tim Hortons en México…”

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9 de noviembre:

+ La tragedia de México: el crimen organizado se apoderó de los municipios, luego de los gobiernos estatales y después del país.

El magnicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, muestra con toda crudeza la tragedia de México: un país que está bajo control del crimen organizado y de sus aliados políticos en el poder.

El proceso no es nuevo, comenzó hace varios sexenios cuando gobernaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pero el control delincuencial abierto y total se dio en el anterior sexenio de Morena, porque el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el país a los cárteles de la droga con su “estrategia” de abrazos, no balazos, que le permitió al crimen organizado consolidar el control de regiones completas de México y aumentar su presencia en otros países y continentes.

Con AMLO se institucionalizó no sólo la corrupción desmedida en las grandes obras sexenales (el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el AIFA y la refinería de Dos Bocas, entre otros) sino también la corrupción en Pemex y los puertos del país con multimillonarios negocios ilícitos vinculados al crimen organizado de México. Es el caso del escándalo internacional del huachicol fiscal, que sirvió también para financiar campañas de diputados, senadores y gobernadores de Morena.

La expansión del control político, territorial y económico de los cárteles comenzó precisamente con los gobiernos municipales de México. Pusieron presidentes municipales, funcionarios en lugares estratégicos como Obras Públicas y Tesorería, además de controlar las policías municipales y los Centros de Comando y Control, que son los sistemas de video vigilancia.

De ahí pasaron a financiar campañas políticas para imponer y directamente poner legisladores, ya sea en los congresos locales o en el Congreso federal, con diputados y senadores.

El gran brinco se dio con el control de un amplio número de gobiernos estatales. Ahí están como muestra de la decadencia política y de la vergonzosa alianza con los criminales, los gobiernos de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, entre otros que han sido señalados por el gobierno de los Estados Unidos, ya sea de manera directa o mediante filtraciones públicas y en medios de comunicación.

Le decía que todo comenzó con los gobiernos municipales y es ahí donde, como dicen, el hilo se rompió por lo más delgado.

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14 de diciembre:

+ Con una gracejada, el lerdo diputado Oliver López García se burla de las políticas públicas en defensa de la mujer.

Otra vez.

Sí, otra vez el diputado local Oliver López García hace de las suyas. 

Vistiendo un ‘outfit’ que quiso parecer de sacerdote, pero que se asemeja más a los criminales que caricaturizan como narcos, el legislador se burla no sólo de las denuncias que lo señalan de acosar y violentar a mujeres jóvenes, sino también de las políticas públicas del gobierno de México en defensa de los derechos de la mujer.

“El reclamo no es menor: testimonios de mujeres compartieron cómo fueron contactadas por el diputado a través de Facebook y WhatsApp, con mensajes en los que se les solicitaba concretar entrevistas para futuros empleos bajo la premisa de que ‘primero había que conocerse’ físicamente, con insinuaciones sobre su apariencia más que sobre su currículo laboral”, menciona el reportero Jaime Guerrero en sus redes sociales.

Para contestar las críticas, al misógino legislador oaxaqueño (que es una mezcla ‘tropicalizada’ de Gerardo Fernández Noroña y Cuauhtémoc Blanco), se le ocurrió tomarse una foto señalando con una mano una botella de whisky Buchanan's 18 Años que sostiene con la otra, y escribir en su cuenta de Facebook: “Puras de 18”.

La gracejada del lerdo diputado no sólo pasa por alto las disposiciones y campañas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Conavim, sino atropella las disposiciones legales en la materia.

¿No se ha enterado que a México lo gobierna una Presidenta? Pues parece que no le importa, como tampoco le importan las declaraciones del gobernador, quien dijo no estar de acuerdo con este tipo de conductas que, además, no deben permitirse.

La presidenta de la Jucopo y otras legisladoras de diferentes corrientes políticas ya declararon, pero no una condena firme, sino una especie de justificación y deslinde, porque no podían sancionar al diputado sin denuncias formales.

Por lo pronto, el diputado Oliver López García ya les contestó: “Puras de 18”.

NGE (Nayeli Guzmán Espinoza).

PD. Desde esta columna les deseo lo mejor para el 2026, que sea un buen año para tod@s.