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Padece México consecuencias de alianza maldita entre poder político y crimen organizado; Morena está pagando el costo de la peor decisión tomada por AMLO, al vincularlo con narcopolítica; y Embates contra Farid se entienden, no tiene competencia real

 

COLUMNA

+ Padece México las consecuencias de la alianza maldita entre el poder político y el crimen organizado.

+ Morena está pagando el costo de la peor decisión tomada por AMLO, al vincularlo con la narcopolítica.

+ Embates contra Farid se entienden como reconocimiento de que no tiene competencia real en la elección de la UABJO.


PRIMER TIEMPO

México ya padece las consecuencias políticas, económicas y sociales de la alianza maldita entre el crimen organizado y el presidente que pasará a la historia como el más corrupto y quien le entregó el control del país al narco.

Lo cierto es que todo el país está inundado de impresentables gobernantes y políticos aliados con el crimen, desde presidentes municipales, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como abundan también los ‘empresarios’ y factureros que utilizan para lavar sus ganancias ilícitas.

Hace unos años, Porfirio Muñoz Ledo acusó públicamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una alianza o “contubernio” con el narcotráfico.

En junio de 2022, durante la reunión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL, Muñoz Ledo afirmó que López Obrador pensaba que podía "heredar" al siguiente gobierno su supuesta asociación con delincuentes.

Porfirio denunció en diversas ocasiones, incluso en entrevistas en 2023, que México se perfilaba o actuaba como un "narcoestado" (acusación que ahora hacen Trump y el gobierno de Estados Unidos), señalando la colusión entre el gobierno y grupos criminales, incluso llegó a mencionar en una entrevista con Adela Micha que tenía pruebas de dichas acusaciones guardadas en una “bóveda”.

Estas acusaciones marcaron una ruptura pública entre Muñoz Ledo, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y AMLO, a pesar de su historial juntos en la izquierda mexicana.

Por su importancia, recordemos lo que textualmente señaló el fallecido político mexicano. Les transcribo la parte de su discurso en la COPPPAL donde hizo una acusación directa:

“…El presidente va a terminar su período. La pista ya se le está acabado.

“Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, entonces no hay nada que se le pueda oponer.

“A esto le llamamos en México ‘el maximato’.

“Yo quiero repetir públicamente este llamado. Debe entender Andrés Manuel Lopez Obrador que su contubernio o alianza con el narco, no es heredable, porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas se entienden con el que va a llegar; ya no va a necesitar el narco del presidente.

“Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político…

“Yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu… Porque de otra manera no veo salida a los problemas.”

La semana que termina, “el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas”, informó El Universal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron “con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.

“La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.

“También, a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.”

El Departamento de Justicia de EU enfoca la acusación contra Rocha Moya, mencionando que la elección para gobernador la ganó con el apoyo político, logístico y el financiamiento del crimen organizado, incluso con amenazas y hasta secuestros de candidatos y representantes de los demás partidos políticos antes y durante el proceso electoral.

Eso es una verdad que todos conocen. Sucedió en Sinaloa y en los estados donde hubo elecciones en los últimos años. En el caso de Oaxaca, este ‘modus operandi’ se presentó en algunos lugares, como Juchitán y otras ciudades del Istmo de Tehuantepec.

Y ya les anunciaron que por decisión política del presidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, lo que le está pasando a Rocha Moya le sucederá a otros gobernadores, legisladores, funcionarios y lavadores del dinero del narco. 

“Es sólo el principio”, posteó en su cuenta de X el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EU. Indicó que “desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas” y agregó que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.

Por lo que se ve, sus alianzas inconfesables con los criminales, más temprano que tarde les van a cobrar las facturas políticas y de justicia, porque como bien dicen: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.


SEGUNDO TIEMPO

Hoy Morena está pagando el costo político de la peor decisión tomada por AMLO, su líder fundador y guía: convertir a este partido en el nido de la narcopolítica nacional y en un semillero de narcogobernantes y narcolegisladores.

Por supuesto, no son todos los políticos ni todos los funcionarios y tampoco son exclusivos de Morena, porque los hay de todos colores. Sin embargo, la decisión de imponer un partido casi único, como lo era el PRI de los setenta y décadas anteriores, con el control autoritario y abusivo de los poderes Legislativo y Judicial, además del sometimiento de los órganos y tribunales electorales, pone a este partido en la mira pública nacional e internacional.

El contexto político para Morena no es el mejor. Ha trascendido que los grupos duros en el gobierno de Donald Trump empujan la idea de nombrarlo como narcopartido, con base en las pruebas que están en las fiscalías de EU que llevan los grandes casos de narcotráfico de México

Este domingo, el partido político en el poder realizó su congreso nacional, donde más de mil 830 congresistas nombraron a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional; asimismo, también eligieron a Oscar de Cueto García como secretario de Finanzas del partido.

“Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales”, reportó El Universal.

Comenta la sección editorial Bajo Reserva, del mismo diario:

“Nos cuentan que la fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York cambió radicalmente el clima para el Congreso Nacional de Morena, programado para elegir a la nueva dirigencia del partido hoy. Lo que era una reunión diseñada para ajustar la maquinaria rumbo a las elecciones de 2027, se volvió un incómodo reflector sobre las entrañas del partido tras la acusación estadounidense contra Rubén Rocha por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa.

“Nos recuerdan que la elección de Rocha como gobernador y las de varios más fue denunciada por la intervención del crimen organizado y el Tribunal Electoral decidió que los ‘incidentes’ no eran suficientes para anular procesos o sancionar a alguien. 

“Esa ‘ayuda’ criminal es parte central del proceso contra Rocha y podría ampliarse a otros gobernantes morenistas, algunos con importantes cargos partidistas. 

“Habrá que ver cuál será el mensaje del partido frente a esta crisis. ¿Harán como que no pasa nada mientras el ‘legado’ de su fundador y primer presidente de la ‘transformación’, Andrés Manuel López Obrador, corre el riesgo de verse reducido a la narcopolítica?”

Por su parte, el columnista Mario Maldonado consideró que “Morena llega a su Congreso Nacional este domingo en uno de sus peores momentos: con una crisis reputacional y de confianza en varios estados del país, además de una reorganización interna complicada, la cual ha generado más fricciones de las que se quieren reconocer públicamente. Se trata del primer ajuste de fondo del partido en el primer cuarto del gobierno de Claudia Sheinbaum y la antesala de las definiciones rumbo a 2027. Lo que ahí se resuelva marcará la distribución del poder interno y la forma en que el movimiento enfrentará un entorno más adverso.

“…Todo apunta a que Ariadna Montiel será electa presidenta nacional sin competencia real. Su perfil es conocido: operadora territorial, cercana a Sheinbaum y a López Obrador y con experiencia en la administración de programas sociales. Su llegada busca ordenar al partido y fortalecer el vínculo con el gobierno. Representa el ala institucional, la que privilegia control y disciplina, pero también lo ideológico del movimiento…

“Aunque el movimiento más relevante ocurre en un plano menos visible. Citlalli Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quien será ratificada en un cargo que antes no existía. El Congreso tendrá que ajustar los estatutos para formalizar un esquema donde ella articule la estrategia electoral rumbo a 2027. En términos prácticos, será la figura con mayor capacidad de decisión sobre quién compite y quién no, por encima incluso de la presidencia formal y de la operación territorial.

“Ese ajuste confirma que Morena transita hacia una estructura más centralizada en la toma de decisiones. Un triángulo de poder que combina dirigencia formal, operación en territorio y control estratégico de candidaturas, todos alineados con el proyecto presidencial. Por lo menos así se planeó…

“El Congreso del domingo buscará proyectar unidad y control. Habrá mensajes de cohesión, de respaldo al proyecto de gobierno y de organización rumbo a 2027. Pero el fondo es otro: la crisis en la que está inmerso el gobierno federal y, por ende, Morena.

“El Congreso de este domingo será una fotografía de ese momento de crisis.”


TERCER TIEMPO

En Oaxaca, la elección en la UABJO fue uno de los temas de la semana. La universidad sigue siendo de interés público por ser la única en el país que elige al rector por voto universal y secreto.

Salvo Cristian Eder Carreño López, el rector saliente, que fue nombrado por consejo, el resto ha sido electo así.

Mucho se ha dicho sobre el cambio en la forma, pero aduciendo una mal enfocada autonomía, Oaxaca mantiene este mecanismo que otra vez puso a la UABJO en los reflectores.

Se inscribieron cinco candidatos, aunque algunos son convidados de palo y van a ver qué hueso les dan.

Farid Acevedo sigue a la cabeza como el favorito de la contienda. Inició con una megamarcha desde Ciudad Universitaria hacia Bellas Artes, donde no cabía un alfiler. Después dio un mensaje en la Plaza de la Danza.

Sus detractores denunciaron una supuesta violación a los derechos humanos, porque llevaron bajo el sol a los universitarios, como si los jóvenes no tuvieran quien hable por ellos.

Y si hablan de corporativismo, pues el enojo se entiende porque es el reconocimiento tácito de que Farid no tiene competencia real.

Veamos, Enrique Martínez va por su segunda competencia y su caminata, también bajo el ardiente sol de mayo, tuvo menor número de asistentes. Usted podrá decir que las marchas no cuentan, pero sí que son un pulso porque lo que se muestra en ellas es organización.

Los otros tres candidatos no estaban en el guion, pero algo sacarán de esta contienda.

Alexander Pérez Carrera es el candidato de presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya. Iluso, piensa que en la contienda universitaria pueden repetir el ganar la elección como tercera vía. Acuérdese usted que durante la contienda municipal, Ray Chagoya le ganó a Francisco Martínez Neri, pero no es ahora a este a quien enfrentan y el mismo Neri se ha sumado a la campaña de Farid, como otros de los grupos universitarios.

Medio ayuntamiento está volcado en su campaña, aunque no todos son universitarios. En el colmo, un abogado egresado de la URSE que le llevaría su campaña, ya es parte de la campaña de Farid.

Rolando del Puerto es ex funcionario público, no tan conocido pero afín a la 4T. Igual que Víctor Robles, son los candidatos comodines que se moverán para donde les convenga más. De estos dos últimos no hay mucho qué decir, son de los llamados buscachambas.

La elección se sigue centrando en dos y no se ve cómo alcancen a Farid aunque Enrique Martínez diga que será la segunda derrota de Salomón Jara. ¿Usted qué opina? 

Vea usted, del universo de 30 mil y pico de votantes, no vota ni la mitad.

Hasta ahora el rector con más votos ha sido Eduardo Bautista Martínez y él apoya a Farid.

A diferencia de otros personajes, volvió a la academia y se ha conducido con cierta medianía. Su esposa, Lety Briseño, es también académica con buen prestigio.

En esa elección, en 2016, la última que ha tenido la UABJO, Eduardo Bautista Martínez obtuvo 10,867 votos, seguido de Silviano Cabrera con 4,847 y Miguel Ángel Reyes Franco con 4,280 sufragios.

Enrique Martínez en 2012 quedó en tercer lugar, y tuvo menos votos que el tercer y segundo lugar de 2016.

Después dirigió el STAUO, en 2022, pero un sindicato dividido del que si bien tenía mayoría, no contrarresta la fuerza de otros sindicatos de académicos.

El caso inacabado de Eduardo Martínez Helmes, detenido por un presunto desfalco estimado en 90 millones de pesos, sirvió para reposicionar a Enrique pero hoy los Martínez Helmes están con Farid.

Este proceso es significativo ya que representa el retorno a las elecciones tras nueve años de interinatos y cambios en la normativa universitaria, siendo el último proceso electivo completo el de 2017.

Un total de 31 mil votantes entre catedráticos, administrativos y alumnos podrán participar en la elección para elegir al próximo rector el 13 de mayo. 

De los últimos rectores de la UABJO, solo Eduardo Bautista Martínez regresó claramente a la docencia e investigación, siendo doctor miembro del SNI. Los demás siguieron en la política universitaria o enfrentan procesos legales.

¿Cuál es el pronóstico? Hay un claro contendiente con ventaja y ese es Farid, pero como en la grilla y en el amor todo se vale, están hablándole al oído a Enrique Martínez para que decline en favor de Alexander Pérez, cosa que de entrada esta columna lo considera lejano y poco probable.

Dicen las malas lenguas que hay muchos millones de por medio, pues aquel personaje buchón de apellido León de la Vega está financiando la campaña y por dinero no se detendrá. ¿Será? Por lo pronto ya mandaron un mensaje en redes para decir que hagan un baile popular con grupos de regional mexicano que hacen apología del delito, para que dimensione usted el nivel de este candidato buchón.

Ya sabremos qué pasa en la siguiente semana.


COLOFÓN.

Ni cómo ayudarlos, la verdad. Dicen que hay quienes ven la tempestad y no se hincan. 

Y esto es lo que estaría sucediendo en nuestro estado, pues mientras el gobernador de Sinaloa, un senador de ese estado, el presidente municipal de Culiacán, su capital, así como funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales están la mira del Departamento de Justicia gringo por vínculos con el narcotráfico, en Oaxaca se permite que un sindicato empoderado extorsione a los hoteleros con tácticas utilizadas por grupos mafiosos para imponerles el uso de taxis y de servicios.

Parecería un absurdo, una pésima decisión de timing político de quienes auspician y permiten este tipo de arbitrariedades, entre las que también está el ‘cobro de piso’, sobre todo en un contexto nacional e internacional donde los actos de esos grupos están bajo el escrutinio de los órganos de seguridad y de inteligencia de México y de Estados Unidos.

Síganle y en una de esas, terminarán hablando de “la defensa de la soberanía” cuando los embarren más con los sindicatos y sus actividades.


NGE.

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