La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis de desapariciones en el país, tras expresar su preocupación por la descalificación del Gobierno de México frente a lo que denominó como una “decisión histórica” de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
La organización saludó en un posicionamiento público la decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de poner la situación de México a consideración de la Asamblea General con carácter urgente, al tiempo que recordó que la crisis de desapariciones en el país afecta directamente a más de 132 mil familias.
En su nota, Amnistía señaló que “reconocer avances institucionales no exime al Estado de atender las observaciones internacionales” y subrayó que las víctimas y sus familiares “deben estar en el centro de cualquier respuesta oficial”.
Asimismo, retomó dos de los puntos que, según expuso, el comité considera necesarios para México.
Primero, adoptar acciones para recibir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Asimismo, establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y brindar asistencia y protección a las familias, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan.
La ONG insistió en que la resolución del Comité representa una oportunidad para que el Gobierno mexicano atienda de manera efectiva esta crisis y fortalezca los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
El posicionamiento llegó después de que el Gobierno de México criticó el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, al que calificó de “tendencioso”, con “falta de rigor jurídico” y omiso de los esfuerzos institucionales emprendidos por la actual administración de Claudia Sheinbaum.
El documento del Comité de Naciones Unidas señala que México concentra 819 acciones urgentes por desaparición forzada entre 2012 y febrero de 2026, equivalentes al 38 % del total global, y que solo en los cinco meses más recientes sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.
Sheinbaum respondió que el informe se concentra sobre todo en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, omite medidas recientes presentadas por el Estado y reconoce que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión.
Como antecedente, AI recordó que en abril de 2025 el comité anunció por primera vez la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones, para analizar si en México estas violaciones son sistemáticas y/o generalizadas.
Con información de EFE.
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