Por grilla, dejan solo a Mario Delgado en un evento de gira presidencial; En Juchitán, el horror es todos los días; y Presiones ciudadanas, revocan la absurda sentencia que sancionaba conversaciones privadas

 

COLUMNA

+ Por grilla, dejan solo a Mario Delgado en un evento de la gira presidencial.

+ En Juchitán, el horror es todos los días. Un municipio perdido por la violencia del crimen organizado.

+ Por presiones ciudadanas, revocan la absurda sentencia que sancionaba conversaciones privadas por Whatsapp.

PRIMER TIEMPO

Una parte de la gira presidencial en Oaxaca no resultó como lo esperaban. En esas disputas internas innecesarias, resulta que dejaron solo a Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación, pero de paso, a quien le hicieron el mal rato es a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Le cuento.

En sus actividades, consideraron a las 15:15 horas de este sábado, la visita presidencial a la escuela primaria Benito Juárez, en Tehuantepec.

Una escuela que fue reconstruida y que reviste especial importancia por lo que significa el inmueble histórico que albergaba a esta escuela.

Pues no llegó la Presidenta y no porque haya querido plantar a padres y madres de familia que compraron traje nuevo para la inauguración. No llegó porque supuestamente no había condiciones por la presencia de un grupo magisterial.

Algo huele a grilla y sigue siendo desde dentro. Resulta que los reportes de los famosos delegados de paz hablaban de una manifestación regional, cuando solo unos cuantos profesores, los alborotadores de siempre, comenzaron a convocar.

Mario Delgado explicó la situación, a su manera, pero también se retiró. Ningún servidor del estado estuvo presente. Solo el delegado del INAH acompañó al funcionario federal.

Y los padres y madres de familia se quedaron vestidos y alborotados. Qué necesidad. Con el magisterio de Oaxaca es inevitable las protestas y manifestaciones, pero con un buen entendimiento, y personas que lo procuren, se puede convivir con esta circunstancia.

Para cancelar una gira presidencial tuvo que haber o mucha torpeza o muchos intereses de hacer quedar mal entre grupos, porque de que se andan mordiendo, por supuesto.

El lunes dirán que todo estuvo bien. Sin embargo, hay molestia en el equipo presidencial porque se supone que es aquí donde tienen que generar las condiciones y no cancelar.

Llama mucho la atención la insistencia de algunos personajes que propusieron cancelar la visita presidencial a Guelatao por lo de un lamentable accidente en el que murieron cuatro personas. Sí, es un hecho que hay dolor y son situaciones que no debieron pasar, pero qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia como para pedir que se cancelara.

Y cada quien tuvo su festejo. En la ciudad de Oaxaca a quien plantaron fue al presidente municipal con la estatua de Margarita Maza. Y en Tehuantepec, el desplante fue para Mario Delgado.

¿Verdad que no fue tersa la presencia presidencial? A la Presidenta le gusta y quiere mucho a Oaxaca, pero es incómodo asistir a una entidad en la que no realiza sus giras en paz.

SEGUNDO TIEMPO

Apenas en noviembre pasado en esta columna escribimos que Juchitán es un municipio perdido y envuelto en una espiral de violencia interminable.

Se trata de una de las principales ciudades de la región del Istmo de Tehuantepec y atraviesa una situación de seguridad crítica. Ha sido descrita como la más violenta del estado de Oaxaca, con un repunte significativo en ejecuciones, extorsiones y ataques directos atribuidos a la incursión de grupos del crimen organizado.

Está tan desbordada la inseguridad en Juchitán, que incluso este domingo se registraron dos asesinatos con armas largas, a pesar que cerca de ahí, en Santo Domingo Tehuantepec, se realizaría un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tan sólo en este mes se han registrado poco más de una decena de crímenes, así como ataques en espacios públicos y viviendas. Uno de los casos que provocó conmoción es el asesinato de un dirigente de mototaxistas en el jardín de niños “Luz María Serradell Romero”, cuando se realizaba un festival de primavera, ante maestros y menores. Una salvajada más en ese lugar perdido de Oaxaca.

El horror de todos los días.

“¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Autoridades de todos los niveles deben poner un freno real a la violencia desmedida en Juchitán. ¿Quién curará a los niños que vieron esta atrocidad?”, escribió la poeta juchiteca Natalia Toledo, hija del reconocido pintor Francisco Toledo, luego de este crimen en la ciudad que los vio nacer.

Días antes, una familia fue atacada a balazos dentro de su domicilio; el saldo fue de una mujer fallecida y tres heridos, incluyendo a una niña de 3 años.

El impacto social y económico de la violencia del crimen organizado, que se ha adueñado de esta zona, ha provocado el cierre temporal de comercios, gasolineras y la suspensión de clases en la región debido a la alarma social y amenazas circuladas en redes sociales. 

Y precisamente fue Juchitán y el Istmo de Tehuantepec los únicos lugares donde se registraron hechos de violencia el 22 de febrero, cuando mediante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, fue abatido Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que generó represalias como la quema de vehículos y bloqueos en muchas zonas del país.

Ante la falta de control local, un operativo de más de mil elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina se han desplegado en la zona, pero la ciudadanía sigue exigiendo acciones contundentes para intentar estabilizar la zona.

El Grupo Empresarial y Comercial del Istmo en Juchitán de Zaragoza, ha lanzado fuertes pronunciamientos y desplegados, alertando sobre una crisis de inseguridad que afecta gravemente al sector comercial en el primer trimestre de 2026.

Entre los puntos clave de sus denuncias y comunicados, mencionan que al menos el 15% de los establecimientos comerciales han cerrado sus puertas de manera temporal o definitiva en el último año debido a extorsiones, amenazas y ‘cobro de piso’ por parte del crimen organizado.

Asimismo, más del 30% de los negocios reportan caídas significativas en sus ingresos, generando un entorno adverso para la inversión y el desarrollo económico. Aseguran que se ha registrado una disminución de aproximadamente el 40% en nuevas inversiones en la región.

En Juchitán se han presentado ataques coordinados e incendios en negocios (como tiendas OXXO) derivados del ‘cobro de piso’ y represalias por detenciones de miembros de células delictivas. 

En un ejercicio de memoria, retomo los que se escribió en este espacio en noviembre pasado:

“A Juchitán ya se lo cargó el payaso.

“Varios grupos delincuenciales operan en la región del Istmo de Tehuantepec, dedicándose a actividades como el homicidio, la extorsión, el secuestro y el ‘cobro de piso’, una especie de ‘impuesto’ que los criminales obligan a pagar a la gente que trabaja de manera honesta, utilizando la violencia y asesinando a quienes se oponen a entregar las ganancias de su trabajo.

“La corrupción policial está desbordada. Se han descubierto vínculos entre las fuerzas de seguridad locales y el crimen organizado. El pasado junio de 2025, las fuerzas federales (Sedena, Semar, Guardia Nacional) tomaron el control de la policía municipal y del centro de control y comando (C2) de Juchitán, tras descubrir que el sistema de vigilancia estaba siendo utilizado por criminales para sus operaciones. El director del C2 fue detenido bajo sospecha de filtrar información.

“Pero la intervención policiaca y militar se convirtió en una acción de gatopardismo, esto es, simular un cambio para que nada cambie con el objetivo de mantener la posición de poder. 

“Más tardaron en hacer los operativos que en regresar el control al presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, Miguel ‘Quetu’, y a su cuestionada policía municipal.

“¿Qué pasó después? Más violencia y crímenes, pero escalando a actos deplorables como el asesinato de la niña Noelia, de apenas cuatro años de edad…”

En noviembre se reportaron múltiples incidentes violentos, incluyendo el asesinato de varias personas (entre ellas un mototaxista y tres personas más en un ataque donde desapareció la niña Noelia que posteriormente fue hallada sin vida) y el hallazgo de cuerpos con signos de tortura…”

COLOFÓN

En este espacio comentamos la amenaza para la libertad de expresión que representaba la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, que castigaba por supuesta violencia política en razón de género a la activista Emma Zermeño, por el contenido de chats privados de WhatsApp donde criticaba a una diputada local de Sinaloa 

En la semana se revocó la absurda sentencia de la Sala Regional Guadalajara. El catedrático y analista político Ernesto Guerra mencionó los puntos importantes en la resolución del TEPJF: nadie puede ni debe ser censurado por expresarse en el ámbito de lo privado; la violencia política de género tiene un límite; las pruebas obtenidas por WhatsApp son ilegales; y hubo inviolabilidad de comunicaciones en la esfera privada

Por su parte, la abogada y consultora electoral que llevó la defensa del caso, Mónica Calles Miramontes, resaltó que “no es un logro del TEPJF, donde se intentó desechar el asunto. ¡Fue la exigencia ciudadana y la vigilancia  de la sociedad la que los obligó a cumplir la Constitución!”.

De su lado, la también abogada Leslie Idalia Jiménez Urzúa, en su colaboración para El Universal “Cuando un chat de WhatsApp llega demasiado lejos: El caso de Emma Zermeño en la Sala Superior del TEPJF”, explica los detalles de lo sucedido:

En un primer momento, el Tribunal Electoral del estado de Sinaloa estimó que no se actualizaba la hipótesis normativa de violencia política en razón de género. No obstante, la diputada impugnó la decisión y el caso llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se consideró que dichas expresiones sí configuraban violencia simbólica, al cuestionar la legitimidad política de la diputada con base en su orientación sexual.

En esa resolución se incorporó un concepto poco conocido dentro del feminismo jurídico por no decir inexistente: el ‘wollying’, entendido como violencia generada entre mujeres. Hasta ahí, el debate no es nuevo: ¿pueden las expresiones privadas constituir violencia política de género? ¿Cuál es el alcance de la protección frente a discursos discriminatorios?

Lo problemático aparece en dos planos.

El primero es probatorio. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, aprobado por unanimidad el pasado miércoles, resulta particularmente interesante. No solo porque plantea la revocación de la decisión de la Sala Regional al advertir que las pruebas consistían en capturas de pantalla aportadas por un tercero ajeno a la conversación lo cual no es un detalle menor, sino porque desarrolla un criterio relevante sobre el estándar probatorio en materia electoral.

Nuestra constitución en el artículo 16, protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y si bien la Suprema Corte ha reconocido que una persona puede aportar como prueba una conversación en la que participó, el estándar cambia cuando quien presenta la prueba no es parte de la comunicación.

En ese sentido, el proyecto sostiene que, en materia electoral, las comunicaciones privadas requieren un estándar reforzado para su admisión y valoración. No basta con exhibir capturas de pantalla: es necesario acreditar su voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. De lo contrario, el riesgo es evidente: abrir la puerta a pruebas fácilmente manipulables y a la validación institucional de comunicaciones obtenidas de manera irregular.

Este criterio no restringe la posibilidad de sancionar conductas de violencia política de género. Lo que hace es exigir que se haga con pruebas obtenidas conforme a la Constitución.

En la sesión del pleno destacó la intervención de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien subrayó que las conversaciones privadas, mensajes o correos electrónicos no deben asimilarse automáticamente a espacios públicos, y que la violencia política en razón de género tiene como límite el ámbito privado, a partir de un equilibrio entre libertad de expresión y protección de derechos.

Asimismo, el papel del fedatario público fue clave en el análisis. Su intervención únicamente acredita la existencia de capturas de pantalla, pero no la veracidad del contenido ni la autenticidad de la conversación. No es un perito. No puede certificar que los hechos ocurrieron como se muestran.

Aquí resulta útil una comparación con el derecho penal. En esa materia, las capturas de pantalla suelen presentarse como indicios iniciales, por ejemplo, en casos por “ley Olimpia”, pero no sostienen por sí mismas el proceso. Deben pasar por análisis periciales que verifiquen su origen, autenticidad y contexto. Es decir, existe un proceso técnico de validación de la prueba digital que en este caso no ocurrió.

El segundo plano, y quizá el más preocupante, es conceptual.

En la sentencia de la Sala Regional Guadalajara aparece el término ‘wollyi’, presentado como una categoría para describir violencia entre mujeres. Pero su incorporación en el análisis jurídico no es inocua.

El ‘wollying’ no existe en la legislación. No forma parte del marco normativo de la violencia política de género. Tampoco cuenta con un desarrollo doctrinal sólido. Su uso, por ahora, es más bien retórico.

Sin embargo, su carga simbólica es potente. Porque detrás de ese concepto subyace la misma narrativa que los feminismos han cuestionado durante décadas: la idea de que las mujeres, entre sí, se envidian, se sabotean y se atacan.

El problema de trasladar esa narrativa al derecho es que despolitiza el conflicto. Convierte las diferencias, críticas o disputas entre mujeres en expresiones emocionales de rivalidad, en lugar de reconocerlas como parte del debate democrático.

Las mujeres no somos un bloque homogéneo. No pensamos igual, no votamos igual, no actuamos igual. Y, como cualquier actor político, tenemos el derecho a disentir, criticar y confrontar.

Nombrar esas tensiones como violencia sin un análisis estructural ni jurídico riguroso no solo es impreciso, sino peligroso.

Porque entonces el derecho deja de ser una herramienta para proteger derechos y se convierte en un mecanismo para regular e incluso sancionar la expresión política entre mujeres.

La violencia política de género existe. Es real, documentada y sistemática. Y su reconocimiento ha sido una conquista importante en la lucha por la igualdad sustantiva.

Pero precisamente por eso, su expansión conceptual debe ser cuidadosa. Cuando todo se convierte en violencia, la violencia deja de ser identificable y cuando el derecho adopta categorías débiles o estereotipadas, corre el riesgo de reforzar aquello que pretende combatir.

El problema no es que las mujeres se critiquen entre sí, el problema es cuando el derecho no sabe distinguir entre crítica y violencia.

El criterio de la Sala en este caso fue necesario. Sin embargo, la persistencia de conceptos como ‘wollying’ en el discurso institucional advierte un riesgo latente.

Y en ese punto, más que proteger a las mujeres, el derecho puede terminar silenciándonos.

NGE