Órgano electoral de Oaxaca, más escándalos y señalamientos de corrupción; Ataque a la libertad de expresión: sancionan a mujer por un chat privado de WhatsApp; y Llueven críticas a Benjamín Viveros y al Alejandro Velasco.

 

COLUMNA

+ El órgano electoral de Oaxaca, en más escándalos y con señalamientos de corrupción. Le observa la ASF más de 68 millones.

+ Gravísimo ataque a la libertad de expresión: sancionan a una mujer por un chat privado de WhatsApp.

+ Les llueven críticas al diputado local Benjamín Viveros y al nuevo dirigente de Morena, Alejandro Velasco.

PRIMER TIEMPO

Otra vez el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEEPCO, y otra vez su presidenta, Elizabeth Sánchez González.

El órgano electoral y quien lo encabeza han estado peleados con la transparencia y con la rendición de cuentas, envueltos en escándalos por los interminables pleitos internos y por los malos manejos del dinero público.

Desde el 2024, el IEEPCO fue el centro de atención pero no por hacer bien sus funciones, sino por las división y confrontación entre los consejeros y funcionarios con la presidenta Elizabeth Sánchez, que incluso llevaron a su remoción temporal. 

Los pleitos en el IEEPCO alcanzaron su clímax en abril de 2024. El portal Animal Político informó el 18 de abril de ese año:

“A sólo 44 días de la jornada electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO), Elizabeth Sánchez González, fue removida de su cargo por orden del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del estado, que resolvió inhabilitarla para ejercer cargos públicos.

“Aunque las leyes electorales establecen que sólo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puede nombrar o remover a los integrantes de los también llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el cambio en la presidencia del organismo en Oaxaca se operó sorpresivamente, y en una sesión extraordinaria urgente, se nombró como presidente interino al consejero Alejandro Carrasco Sampedro.”

El conflicto del 2024 concluyó con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF. La Sala Superior determinó que solo el INE tenía la facultad exclusiva para remover a las consejerías de institutos locales, por eso fueron revertiros los procesos de remoción y suspensión impulsados por órganos locales.

Pero además de la grilla barata, al IEEPCO también lo ahoga la corrupción.

Hace tres meses comenté el informe final del Programa Anual de Auditorías 2025 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la ASFEO, quien  fiscalizó a dependencias de la administración pública centralizada, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados.  “…El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) concentró uno de los montos más elevados: 766.5 millones de pesos de universo, con una muestra de 307.2 millones. En el informe final, el órgano electoral mantiene tres solicitud de aclaración y 12 pliegos de observaciones que jamás fueron solventadas.”

Pues resulta que nuevamente el órgano electoral está en el ojo público por presuntos malos manejos del dinero de todos los ciudadanos, ahora por una auditoría de la ASF.

En el reciente pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF menciona que el IEEPCO habría provocado “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 64,862,673.68 pesos (sesenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos 68/100 M.N.”

En la Auditoría 1470 de la ASF, el resultado número 15 de la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-20000-19-1470-2025, señala:

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 64,862,673.68 pesos (sesenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a las cuentas de las Participaciones Federales, por la falta de documentación justificativa de los gastos realizados en 2 contratos: S/N de fecha 29 de marzo de 2024 y S/N de fecha 29 de marzo de 2024 ejecutados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracciones I y V, y de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del estado de Oaxaca, artículos 11, 71, 72 y 74.”

Apenas en diciembre pasado, por las tareas del proceso de revocación de mandato, el IEEPCO fue señalado por adjudicar de manera directa un contrato por poco más de 36 millones de pesos para la adquisición de material electoral, a pesar a que había una propuesta 15 por ciento más económica, lo que implicaría un ahorro cercano a cinco millones de pesos para el erario.

El diario El Financiero señaló entonces:

“Las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento se realizaron los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial del organismo.

“La decisión se adoptó durante la gestión de la presidenta del OPLE, Elizabeth Sánchez González, quien además encabeza el Comité de Adquisiciones, y la adjudicación se perfila a favor de Flexométrica, S.A. de C.V., mediante el mecanismo de adjudicación directa.

“De acuerdo con la documentación administrativa, el monto base del contrato asciende a 31.1 millones de pesos, 4.9 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado, para un total de 36 millones 90 mil pesos…”

Algo huele muy mal en el IEEPCO de Elizabeth Sánchez.

SEGUNDO TIEMPO

Esta semana, Raúl Trejo Delarbre, investigador social y experto en derecho a la información, rescata un caso gravísimo para la libertad de expresión: la sanción que impone un tribunal electoral a una persona, ¡por lo que escribió en un chat privado!

Escribe Trejo Delarbre en su cuenta de X, a propósito de un caso que la abogada y consultora electoral Mónica Calles Miramontes ha puesto en la agenda nacional:

“Una conversación personal en WhatsApp es considerada motivo de sanción por presunta violencia política de género. El Tribunal Electoral, en su Sala Regional en Guadalajara, dictó sentencia contra una ciudadana que criticó a una diputada de Morena en un chat privado. No fue una opinión pública. La autoridad electoral no tiene derecho a juzgar una conversación privada. Gravísimo.”

También en su cuenta de X, la abogada Mónica Calles explica:

“El caso de Emma (expediente SG-JDC-17/2026) es un precedente muy grave contra la #LibertadDeExpresión y la vida privada de las personas.

“Los tribunales electorales quieren limitar nuestra libre plática y conversación que tenemos con amigos, grupos o familiares. Es censura e injerencia a la vida privada de las personas.

“Emma tuvo conversaciones con un amigo, en donde criticó a una diputada (que no ejerce funciones). El amigo hizo capturas de pantalla y con esto fue sancionada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Este asunto ya está en la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-52/2026.

“Tiene que revocarse y deben frenar este gravísimo precedente. La libertad de expresión y la vida privada NO son negociables.

“De no frenarse este ataque contra la libertad de expresión, lo llevaremos a instancias internacionales.”

Por su relevancia, comparto el texto que la abogada y consultora electoral publicó en la Revista Siempre:

Tribunal Electoral: Guardián de las emociones y fiscal de los chismes de WhatsApp

Por Mónica Calles Miramontes

¿Qué pensarías si te dijeran que puedes ser sancionado por compartir un meme con tu pareja, con tu familia o tus amigos? ¿Te haría sentido saber que una plática privada con un amigo por WhatsApp donde criticaron a un político podría llevarte a los tribunales y terminar con una o varias sanciones?

No es una broma, si #DatoProtegido te pareció absurdo, espérate a conocer al Tribunal del Chisme.

Como sabemos, estrenamos jueces y magistrados electos por el pueblo y para el pueblo; tres de ellos integran la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral.

Para esta nueva integración, nacida del acordeón, tu privacidad nada vale si incomodas a una poderosa política.

Emma hoy lo sabe muy bien, pues lleva meses en desgastantes litigios presentando argumentos cada vez más especializados, cuando solo se necesitaba del sentido común.

En 2024 y 2025, Emma sostuvo simples conversaciones por WhatsApp con un amigo. Nada peculiar, una plática relajada y en confianza donde en breves líneas soltaron críticas y burlas hacia la diputada Almendra Negrete Sánchez.

Para ponerlos en contexto sobre “la víctima de los mensajes de Emma”, la diputada llegó al Congreso en el único espacio que correspondía a una acción afirmativa LGBTQ+, pero no ha ejercido el cargo, porque apenas rindió protesta pidió licencia y saltó a la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena.

Resulta que el amigo con quien sostuvo aquellas charlas ingresó a trabajar con la diputada Almendra y tiempo después llegó la sorpresa. En octubre de 2025, Emma fue denunciada ante el Instituto Electoral de Sinaloa y se le ordenó que, en tanto se tramita el asunto, debe dejar de infligir daño psicológico, emocional o alterar a la diputada. Emma fue silenciada con medidas cautelares que fueron usadas como una amenaza para que no hiciera del dominio público lo que estaba pasando.

¡Es inaudito! No existieron declaraciones públicas, no hubo una conducta que deba ser reprochada por el Estado. ¡Fueron mensajes que por WhatsApp se escribieron dos amigos! Emma y la diputada ni siquiera se conocen, no pertenecen a la misma dependencia y no han colaborado juntas.

Sobraría explicarlo, era una comunicación privada inviolable que jamás debió ser filtrada; sin embargo, en los mensajes tampoco existe una explicación lógica para que el Estado se haya vuelto el guardián de los nervios de la diputada. No son más que un puñado de frases que se aislaron del contexto como: “Ya consíganle una novia a la almond”, “inventa pen… abusando de su influencia y contactos” y “lo que ha avanzado por el colectivo ‘Igbt’ no ha sido por ella”.

Estos asuntos no deben ser una ocupación del Estado. Claramente, los Tribunales Electorales no tienen competencia, porque ni siquiera existe un impacto en el ejercicio de un cargo público ni en otro derecho político-electoral; la “víctima” ni siquiera ejerce el cargo de elección popular.

El Derecho no va más allá del sentido común, pero si una ley infringiera esto, los tribunales están para controlarlo, protegiendo la privacidad y la libre expresión; no para torcer la ley para dar cabida a caprichos y venganzas de políticas que claramente no entienden qué es la función pública.

A la Sala Regional nada de esto le importó, el 25 de febrero resolvió que Emma había cometido violencia política de género y ordenó que fuera sancionada. A falta de ley, las construcciones imaginarias no faltaron. Para ese tribunal los mensajes privados entre amigos se equiparan a “flaming”, que es una “provocación incendiaria” en redes sociales y a “wollying”, que es “bullying” o acoso entre mujeres.

Emma tiene un último recurso extraordinario que pretende agotar, presentó una impugnación contra la absurda sentencia ante la Sala Superior; pero no perdamos de vista que es la misma Sala que validó las sanciones en el caso de #DatoProtegido. Veremos si ellos aprendieron la lección y recobran conciencia del peligro y represión que encierra este precedente.

Es lamentable, la violencia política de género surgió como una herramienta para combatir la discriminación y el abuso con el que se pretendía apartar del camino político a las mujeres. Hoy se ha pervertido por políticas poderosas e instituciones para ser utilizada como un instrumento de venganzas, caprichos y para perseguir a quienes simplemente se atreven a pensar distinto.

Mientras se resuelve la impugnación… ¡cuidado con lo que escribes a tus amigos, familiares, pareja y conocidos! No vaya a ser que el Tribunal Electoral te sancione.

COLOFÓN

Dos temas breves para concluir los comentarios de esta semana.

Al diputado local de Morena Benjamín Viveros Montalvo, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, le volvieron a llover señalamientos de mantener en la nómina de la Cámara de Diputados a cuatro presuntos asesores, con cargo mensual que llegaría a los 100 mil pesos.

Los nombres de cuatro personas estuvieron circulando, entre trascendidos que la labor de los “asesores” es acompañar al diputado en sus actividades personales, como las compras que acostumbra hacer en la tienda departamental Liverpool Plaza Oaxaca, entre otras cosas.

Como dicen, cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus gustos y preferencias personales, pero lo que no se vale es mantenerlas con dinero público.

Por otra parte, otro actor político que estuvo en la mira de columnistas y analistas oaxaqueños es el recién electo dirigente estatal de Morena, Alejandro Velasco Armas, quien formalmente sustituye en la dirigencia al sobrino del gobernador.

Al joven Velasco Armas, cuyo cargo anterior fue el de secretario de Formación y Capacitación Política en Morena, le cuestionan no solo su falta de experiencia política para hacerse cargo del partido que gobierna Oaxaca, sino a sus parientes en puestos públicos, pues su llegada se da en el contexto de supuestamente combatir el nepotismo. Su hermana Alba es la nueva directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, el INJEO, en tanto que su madre se desempeña como tesorera del ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán.

Las críticas periodísticas son demoledoras hacia la nueva dirigencia guinda: que parece un Club de Tobi, que son una versión política de la Banda Timbiriche, que no tienen madurez política, que ya no son ni la caricatura de su esencia y que les pusieron el poder en charola de plata.

Y que Morena ahora emula al PRI de aquella época nefasta de los juniors incrustados en la dirigencia estatal.

¡Sopas!

Que conste que no fue esta columnista la del análisis demoledor, pero sin duda las criticas no solo son válidas, sino ciertas.

NGE