Grillas y pleitos abiertos por una sucesión adelantada en Oaxaca; Reforma Electoral pinta para perpetuar control de Morena en Diputados, Senado y órganos electorales; y "Narconómina y otros secretos de El Mencho"

 

COLUMNA

+ Las grillas y los pleitos abiertos por una sucesión adelantada en Oaxaca.

+ La reforma electoral pinta para perpetuar el control de Morena de la Cámara de Diputados, del Senado y órganos electorales.

+ “La narconómina y otros secretos de El Mencho”.

PRIMER TIEMPO

Maquiavelo escribió, hace mucho, que cuando el príncipe es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones; pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos.

Eso está pasando en Oaxaca. Aunque oficialmente haya ganado la revocación de mandato, los resultados en realidad no le favorecieron al “príncipe local”: 40% de rechazo en el estado y entre 60 y 70% de rechazo  en centros urbanos. Sin embargo, contrario a la recomendación de Maquiavelo, no se está cuidando de todos. Y por lo que se ve, sus enemigos los tiene en casa, no sólo en su partido y en la estructura de lo que llaman ”cuarta transformación”, sino en su propio gobierno.

Le cuento, porque es una treta que puede dar de qué hablar más adelante. Los adversarios de Salomón Jara están unidos o, por lo menos, en aparente conspiración coyuntural. Y aunque el objetivo directo ya no es en este momento el gobernador, sí lo es tratar de imponer a su sucesor y/o sucesora, en una transición de gobierno que, en los hechos, se adelantó por la revocación de mandato.

Además de la batalla política interna que hay desde hace unos años, luego de iniciado el sexenio, esta semana trascendió con mayor rudeza en redes sociales, en portales, en algunos medios y cuentas de periodistas, los encontronazos digitales y campañas negras como consecuencia, también, de esa grilla abierta y por los golpes bajos que se dan sin disimulo los guindas oaxaqueños.

Tres personajes aparecen de manera recurrente en esta batalla campal por el poder y por los reacomodos en la lucha electoral que se avecina: el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, que ha reclutado a desechos del viejo PRI y construye una estructura política con el cobijo de los llamados Delegados de Paz; la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, que ha intensificado su promoción en el estado, pero principalmente en la región de la Costa, que es su zona de influencia; y el senador Antonino Morales Toledo, cuya estructura política y electoral es parte importante de Morena en Oaxaca, particularmente en algunas regiones como el Istmo de Tehuantepec.

Tanto la secretaria Saymi Pineda como el senador Antonino Morales han estado bajo constantes ataques mediante campañas negras, que en el ámbito político y oficial atribuyen al secretario Jesús Romero, a quien también en últimas fechas le han llovido señalamientos. Chucho Romero lo negará, como siempre, y repartirá culpas y acusaciones hacia otros lados y otros actores, pero las menciones y los indicios apuntan recurrentemente hacia él y hacia su oficina.

Pero no han sido los únicos. En esa lucha de todos contra todos, también han estado “bajo fuego” otras y otros personajes de la política y de la administración pública estatal y federal: dirigentes y parte de la estructura de Morena, así como funcionarios, delegados del Gobierno de México y secretarios del gobierno estatal, directores, subdirectores, todo como parte de la lucha por colonizar’ esos espacios para quienes integran los grupos en pugna.

Aunque no han soltado a Saymi Pineda, el blanco de las últimas semanas es Antonino Morales Toledo, con la finalidad de descarrilarlo y para allanarle el camino a Jesús Romero. Y por lo que se ve, se valen de todo. Quiere suceder a Jara, salvando los dos años que serán para una mujer —ya hablaremos en otra entrega de ello, pues también se mueven—.

La pieza que se ha cargado hacia el lado de Chucho Romero en este tablero político es la Fiscalía de Oaxaca y el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, convertido en ejecutor de las órdenes que le dan. Basta ver el despliegue informativo de esta semana, tanto de manera oficial como por la información que circuló por presuntas filtraciones a portales de medios como a cuentas anónimas, en contra del senador.

Es una lucha encarnizada por el poder, aprovechándose de las circunstancias. Según nos cuentan, la Fiscalía tiene prácticamente asediados al equipo del senador. Les pincha los teléfonos, les marca sus movimientos, los tiene bajo la lupa. ¿Por qué tanto interés?

El fiscal también anda en la grillan y la semana pasada se tomó una foto con el cuestionado René Bejarano.

Bejarano, ahora dirigente de una organización llamada Movimiento Nacional por la Esperanza, es el famoso “señor de las ligas”, a quien filmaron recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada. Participó en un evento de Morena el pasado 20 y 21 de febrero en Ciudad Ixtepec, donde también estuvo la presidenta estatal del Consejo guinda, la senadora Luisa Cortés Carillo.

Dicen que quien también se reunió con René Bejarano es Donato Vargas Jiménez, coordinador general de Delegados de Paz de la Secretaría de Gobierno. El mismo que fue acusado por activistas de participar en un chat de WhatsApp denominado "Sierra XXX", donde se difundieron imágenes íntimas de mujeres indígenas, lo que generó exigencias de su renuncia por parte de colectivas feministas. Donato goza de la impunidad, a pesar de las denuncias por sus aficiones al alcohol y a perjudicar la reputación de mujeres.

La senadora Luisa Cortés también aspira a la candidatura del gobierno de Oaxaca. Es una de las piezas del obradorismo en el estado, por ello, dicen, siente que tiene la candidatura en la bolsa por órdenes de quien vive en Chiapas. Ha tenido algunos encontronazos políticos con el gobernador y su equipo, pero también se coordina con ellos en las tareas de Morena.

Por cierto, este domingo Luisa Cortes presidió la Sesión Extraordinaria en la que nombraron a la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal: Alejandro Armas, presidente; Alejandro Villegas, secretario de Organización; Roberto Santos, secretario de Formación y Capacitación Política; Betty Montoya, secretaria de Comunicación; y Griselda Sosa, secretaria de Pueblos Originarios.

Hay un hecho que no se puede pasar por alto. Luego de la consulta por la revocación de mandato, sin duda se ve debilitada la fuerza local para poder cargar la balanza hacia una o un candidato que surja desde el grupo del gobernador. Por el contrario, se fortalece la posibilidad de que las decisiones sobre la o el candidato las tome directamente la presidenta Claudia Sheinbaun mediante la dirigencia nacional de su partido y con actores políticos oaxaqueños que están en el ámbito nacional.

De hecho, el último gobernador que pudo impulsar un sucesor fue Heladio Ramírez López, quien en los viejos tiempos del PRI propició la llegada de Diódoro Carrasco Altamirano, con un perfil más tecnócráta que político.

Fuera del círculo del gobernador, otra aspirante a candidata que está en un cargo importante para las movilizaciones clientelares del partido guinda es Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de la Secretaría de Bienestar. Y en ese círculo que no son parte del oficialismo estatal cuente a la senadora Susana Harp Iturribarría y al director general del Instituto Nacional para la Educación de los delitos (INEA), Armando Contreras Castillo, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se suma a esta lista Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI.

SEGUNDO TIEMPO

El 2 de marzo, el Congreso federal recibirá, oficialmente, la iniciativa de Reforma Electoral.

La iniciativa contiene 10 puntos centrales, según se ha detallado en la semana que termina.

El comentario editorial del diario Reforma, en su sección Templo Mayor del jueves anterior, hace un resumen de lo que hasta ahora se sabe de la propuesta:

“Una vieja máxima en las mesas mexicanas dice: ‘¿Todavía quieres postre? No tienes llenadera’. Y es que la reforma electoral anunciada por el gobierno ayer parece encaminada a perpetuar el control de Morena de la Cámara de Diputados, del Senado y hasta de los órganos electorales.

“La iniciativa podría facilitar que Morena no solo gane el 90 por ciento de los distritos electorales, sino que también garantice una cuota en la lista de los ‘mejores segundos lugares’ y otro tanto en la Lista Abierta de diputados por circunscripción, lo cual le daría una tranquila mayoría y sin aliados.

“En un sistema con varios partidos entre los cuales se fragmenta el voto opositor, el partido mayoritario si gana una elección, tendrá un diputado, pero si pierde... ¡también!

“En el Senado se pone más fácil al quitar a los legisladores de representación proporcional, Morena como partido hegemónico puede tener al menos 64 de un total de 96.

“Ni en los peores tiempos del presidencialismo tricolor, los priistas se aventaron una reforma que les diera tantas ventajas. Inclusive, todas las reformas electorales antes de ésta fueron con el consenso de los partidos de oposición.

“Pero un asunto también muy preocupante es que con el argumento de las elecciones baratas salga debilitado el árbitro electoral al quitarle funcionarios, ahogar las juntas distritales y eliminar al PREP que es un factor de confiabilidad en el proceso.

“Paradójicamente los únicos que podrían detener a los morenistas serían sus cómplices del PT y del Partido Verde. No son buenas noticias para la República.”

Antes de entrar en materia, veamos el espejo latinoamericano, como punto de partida. Y es que hay un patrón que se repite con, digamos, cierta inquietud.

Independientemente de si es de derecha o de izquierda, los gobiernos populistas tienen la tentación de consolidarse en el poder y esto, a partir de introducir instrumentos de supuesta democracia directa, como la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito. Ya sabe, la promesa de que el pueblo manda, aunque el mecanismo sólo sirve de control al gobernante.

Ya le hemos contado aquí del caso Venezuela. Hugo Chávez modificó la Constitución en 1999 y en 2004 se sometió a un referéndum que ganó y le otorgó un mandato renovado, que usó precisamente para debilitar instituciones, en vez de limitar el poder presidencial, lo amplió y lo que derivó de ese gobierno, ya lo sabemos.

También le hemos comentado aquí la que la revocatoria lejos de ser un mecanismo que funcione genuinamente, es un instrumento al servicio de los intereses de quien gobierna.

En Bolivia, Evo Morales siguió el mismo manual: amplió los mecanismos de democracia directa, ganó sus propias revocaciones y usó el capital político resultante para reformar la constitución a su medida. 

En Ecuador, Rafael Correa utilizó consultas populares para disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente. En todos estos casos el patrón fue el mismo: la ratificación del titular del Ejecutivo y el fortalecimiento de su posición.

México se incorporó tardíamente a esta tendencia. La revocación presidencial de 2022 con Andrés Manuel López Obrador fue, como en Venezuela y Bolivia, un ejercicio que terminó ratificando al presidente con baja participación.

Entonces, con base en ese espejo, podemos decir que la reforma electoral busca importar un modelo que en la región ha servido para consolidar hegemonías más que para empoderar ciudadanos.

Ahora bien, la dichosa reforma, en un país realmente democrático, pudiera generar varios litigios, pero a ver quién es el valiente que se atreve a confrontarla y explicar realmente a la sociedad de algunos retrocesos evidentes.

El mayor, diría yo, es la eliminación del PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares que desaparecerá.

El artículo 41 de la Constitución consagra seis principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El PREP deriva de ellos, no es un capricho burocrático, es la expresión más visible del principio de máxima publicidad, pues la ciudadanía ve en tiempo real cómo van los cómputos. Imagínese que aún con el PREP y la gente desconfía de los resultados, más ahora, cuando no haya un seguimiento que permita la máxima exposición de los votos.

Eliminarlo sin sustituirlo por un mecanismo equivalente de transparencia ciudadana colisiona directamente con ese principio. Cualquier partido político podría impugnar la reforma ante la Suprema Corte, pero le digo, ¿quién? Porque la ausencia de representación es notoria.

El propio INE al servicio del oficialismo, con inusitada cautela, ha señalado que participará en el análisis de la propuesta velando por los principios rectores de la función electoral y el primer de ellos es la certeza.

El otro punto que ha causado ruido y con razón, es la regulación de la inteligencia artificial y los bots. Dirían los abogados, es un nudo jurídico.

El artículo 6 constitucional garantiza la libre expresión de ideas y el artículo 7 la libertad de imprenta y difusión.

Regular los “mecanismos automatizados que influyan indebidamente” en procesos electorales puede convertirse en una puerta de arbitrariedad. ¿Quién determina qué es un bot y qué es activismo digital organizado? ¿El INE bajo presión política? ¿La FGR? Sin una definición jurídica precisa y un órgano de supervisión efectivamente autónomo, esta norma puede convertirse en el instrumento más efectivo de censura política que haya existido en la historia electoral mexicana. Inaudito y pocos han reparado en ello.

La reducción presupuestal al INE es el tercer flanco constitucional. El artículo 41 ordena al Estado garantizar las condiciones para que el INE cumpla sus funciones. Recortar el presupuesto de manera que comprometa su capacidad operativa puede ser inconstitucional si el INE demuestra ante la Corte que el recorte afecta su funcionalidad. Ya ocurrió en 2023, cuando el TEPJF frenó parte de los recortes presupuestales a los órganos electorales. La historia podría repetirse.

Una buena, si puede decirse así, una buena noticia es la reducción de tiempos obligatorios para transmitir publicidad, de 48 a 35 minutos diarios por emisora. La sociedad saldrá ganando, pues es una sobresaturación tremenda y a parte, devuelven a las empresas radiofónicas un poco de la autonomía perdida, pues ya tendrán esos espacios para comercializar.

Hay que recordar que los partidos, según las leyes vigentes, tienen prohibido contratar espacios de radio y televisión, todo está sometido a la consideración de los órganos electorales.

Aquí hay un espacio para los consultores digitales y agencias de redes sociales, de esas que abundan como moho. Al reducirse la publicidad en radio y televisión, las campañas migrarán, como ya ha estado pasando con la reforma judicial, más hacia el entorno digital, donde el control es menor, la trazabilidad más difícil y el mercado de servicios de comunicación política más lucrativo.

Pero, la regulación de bots, paradójicamente, puede estimular la demanda de estrategias digitales no tan legales, por decirlo amablemente.

Otra vez, los Organismos Públicos Locales Electorales, los OPLEs, perderán recursos. La reducción del 25% los pone en una posición de dependencia técnica y financiera del INE que puede terminar en su absorción o desaparición paulatina de estos.

Eso tiene un efecto concreto en Oaxaca: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEEPCO, vería comprometida su capacidad para atender un estado con 570 municipios —417 de ellos regidos por sistemas normativos indígenas— y más de 750 variantes comunitarias de elección, si no es que más.

TERCER TIEMPO

Sigamos con la reforma electoral.

Los partidos pequeños —PT y PVEM, por ejemplo— son quienes tienen más que perder económicamente con esta reforma, aunque la sociedad saldría ganando si realmente desaparecen a quienes los analistas consideran parásitos de la política.

La reforma, según se lee, reduce su capacidad para colocar cuadros en el Congreso, esta quedaría limitada al voto directo, donde raramente son competitivos. Esta es la razón por la que la aprobación de la reforma es, en realidad, una negociación abierta con los aliados de Morena, y el texto que llegue al Congreso puede ser muy diferente al que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya sabremos, como ella mismo dijo, si se atreven a desafiarla y la revierten o no la aprueban.

¡Y una contradicción!, como nunca —tipo slogan de primavera marchita—, como nunca se ha hablado en estos tiempos de los pueblos originarios, y que los indígenas para acá y los nombres en dialecto y toda esa pantonima de las limpias en público y demás. Pues qué cree, que la dichosa reforma no menciona, ni por asomo, a los pueblos y comunidades indígenas.

¿Qué no muy indigenistas pues? Nada, nada, el ángulo más ignorado es precisamente éste, ya no digamos el sistema normativo indígena y el reconocimiento de los derechos de asamblea de las comunidades.

Oaxaca tiene una historia electoral única en México. En 1995 el Congreso de Oaxaca aprobó el reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas, en un contexto en que el país se sacudía por la insurrección zapatista y las organizaciones civiles exigían elecciones limpias. Fue la primera entidad del país en dar este paso. El impacto fue inmediato: 72% de los municipios de la entidad eligieron a sus autoridades con base en sus sistemas normativos propios reconocidos. Esta práctica ancestral, que incluso tomó como ejemplo Andrés Manuel, el gurú mayor de todos los cuatroteístas, no tiene cabida en la reforma.

Y mire que ese andamiaje jurídico que tenemos, como las asambleas comunitarias, el tequio, el sistema de cargos, la rotación de autoridades son mecanismos de democracia directa que preexisten en siglos a cualquier reforma de Morena.

Ahora viene la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la reforma introduce el voto electrónico y los mecanismos de democracia participativa digital en estados y municipios?

En los municipios regidos por usos y costumbres, los ayuntamientos quedan integrados únicamente por ciudadanos de las comunidades que ostentan la categoría de cabecera municipal, y la asamblea general comunitaria es el principal órgano de consulta y designación de cargos.

Introducir aplicaciones de voto electrónico, plataformas de consulta y revocación digital en comunidades donde la deliberación es presencial, oral, en lengua indígena y basada en consenso comunitario, puede ser no solo inoperante, sino profundamente absurdo.

Además, la reducción de regidurías a un máximo de 15 por municipio tiene implicaciones directas en los ayuntamientos oaxaqueños que históricamente tienen estructuras más amplias porque integran a representantes de múltiples agencias y comunidades.

Reducir ese número puede romper equilibrios de representación comunitaria que tomaron décadas en construirse. No hay en la reforma ni una línea sobre cómo se aplicaría esta norma en municipios de usos y costumbres y créanme que el núcleo municipal debiera ser punto aparte.

El problema no es que la reforma esté mal en todos sus puntos. La fiscalización digital de recursos partidistas, de implementarse con genuina imparcialidad, sería un avance histórico. La regulación de la IA electoral es una necesidad que ningún otro país latinoamericano ha afrontado todavía. El voto en el extranjero ampliaría la representación de millones de mexicanos ausentes.

Pero la eliminación del PREP, el debilitamiento presupuestal del árbitro electoral y la apertura de mecanismos de democracia directa sin umbrales claros ni órganos de supervisión independientes, constituyen un franco retroceso. 

El texto, como texto nuevo parece bueno, pero hay que leer la letra chiquita, porque si ya empezaron con el desmantelamiento de los poderes, tomar el control electoral de una manera tan abierta, o tan descarada, puede hacernos perder más libertades.

COLOFÓN

Le tema de la semana es el operativo militar y policiaco contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y David Aponte, en su colaboración para El Universal que tituló “La narconómina y otros secretos de El Mencho”, comenta algunas de las repercusiones de este evento, que es un parteaguas en la política que rompió con la tolerancia al crimen organizado.

Explica Aponte que “los objetos, los medicamentos, los alimentos y los papeles en las cabañas de El Mencho hablan, dan pistas, dicen muchas cosas, orientan y confirman el poder y las debilidades físicas del otrora líder del violentísimo Cártel Jalisco Nueva Generación.”

“Las villas que utilizaba el capo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, comenzaron a hablar, a destapar situaciones personales, de la estructura criminal y del entramado de corrupción con las policías municipales y estatales.

“Después del exitoso operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, bajo el mando del general Ricardo Trevilla, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, el gobierno federal tiene ahora más elementos para desmantelar la red de protección policiaca que está al servicio del CJNG, tiene datos para desarticular las complicidades de las autoridades municipales y estatales.

“Pero antes de entrar a las cabañas del mafioso en Tatalpa, un refugio que presuntamente ocupaba por largas temporadas, debemos destacar que la respuesta al operativo del Ejército mexicano, ocurrido la mañana del domingo 22 de febrero, confirmó el poder de movilización de los sicarios de la organización criminal.

“Con mucha anterioridad, expertos, analistas, periodistas, publicaron el crecimiento y expansión del CJNG en el territorio nacional, principalmente en los gobiernos del panista Felipe Calderón, del priista Enrique Peña Nieto y el morenista Andrés Manuel López Obrador, quien los arropó y empoderó todavía más con su nefasta idea de los ‘abrazos, no balazos’.

“Los criminales mostraron capacidad y el mapa donde han operado, al menos en una veintena de estados del país, desde Baja California hasta Quintana Roo.

“Durante la refriega, posterior al abatimiento de El Mencho, se registró la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, 15 agentes de seguridad heridos, 30 bajas de sicarios, 70 detenidos y 85 bloqueos.

“Las cámaras empresariales reportaron afectaciones en comercios en 20 estados y pérdidas por dos mil millones de pesos…

En las cabañas que utilizaba Oseguera y su guardia, los reporteros de El universal Manuel Espino, Valente Rosas y Diego Prado, encontraron objetos y documentos que pueden ayudar a las investigaciones federales.

“Un altar y tratamiento renal (…), grandes cantidades de alimentos y los medicamentos para su padecimiento…

“Los objetos hallados en una de las dos cabañas comenzaron a hablar: religiosidad, cuidado en la alimentación y que el refugio no era temporal, por la cantidad de víveres almacenados.

“No era, definitivamente, para pasar un fin de semana con una de las parejas sentimentales del narcotraficante.

“Los periodistas encontraron en la otra cabaña documentos que deberían servir para cortar las redes de protección policiaca del CJNG, servidumbre y corrupción que se extendió en 17 municipios de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.

“La narconómina de El Mencho:

“Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco; ésta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

“Son diversos reportes elaborados a mano y en computadora los que dan cuentan de las ganancias y costos en Tapalpa y localidades aledañas a donde fue abatido el capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, entre los que destacan Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, y en otros estados donde tienen control de las actividades ilícitas.

“En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba El Mencho, se enlistan los registros contables, contiene aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República, militares, policía municipal, hackers, comidas, ayudas a la población, así como controles de la venta de cristal, marihuana, fentanilo y de los recursos por ingresos de droga a penales y gastos por gasolina.

“Los documentos, que contienen las operaciones criminales, también empezaron a hablar.

“¿De qué?

“De la estructura de protección de los elementos de las policías municipales, estatales y, probablemente, de autoridades federales…

“Los documentos de la narconómina (…) muestran indicios de cómo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, tejió una red de complicidades policiales que le permitió el control territorial necesario para que su grupo delictivo montara rutas de trasiego y escape, sitios para ocultarse, campos de entrenamiento e incluso lugares para producir drogas o cometer otros ilícitos.

“La información da cuenta de que, además de pagar sobornos a la policía de Tapalpa, el cártel tenía en su nómina a policías municipales de Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Amacueca, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán (colindantes con Tapalpa), Tomatlán y Cabo Corrientes (El Tuito), estos dos últimos municipios en la costa de Jalisco.

“Estos datos sugieren que la primera semana de cada mes, el CJNG gastaba un millón 45 mil pesos para corromper policías de estas demarcaciones; sin embargo, no se señala a quiénes se entregaba el dinero.

“Las cabañas abrieron algunos de los secretos del El Mencho y, seguramente, el más importante la estructura de corrupción local, apenas la punta del iceberg de la protección institucional al crimen, que ha permitido una expansión brutal del CJNG en una veintena de estados en el territorio nacional.

“Ahora, gracias al trabajo periodístico, el gobierno federal tiene algunas pistas, la obligación de investigar y, lo más importante, cortar la hidra venenosa de la corrupción.

“La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, tiene la palabra ante los objetos y los documentos del narcotraficante, materiales que han comenzado a hablar, a darnos datos importantes, a cantar…”

NGE