Violencia de género y familiar, usada por la Fiscalía para la persecución política; Los zapatos del presidente de la Corte, síntoma de una enfermedad en nuestras instituciones; Lo peor del PRI disfrazado de Verde quiere la cabeza de Karime Unda

 

COLUMNA

+ La violencia de género y familiar, usada por la Fiscalía para la persecución política, mientras en otros casos hay impunidad.

+ Los zapatos del presidente de la Corte, síntoma de una enfermedad profunda en nuestras instituciones: el poder exhibiendo su arrogancia.

+ Lo peor del PRI disfrazado de Verde quiere la cabeza de Karime Unda, secretaria del Secretaría de Medio Ambiente.

PRIMER TIEMPO

La fiscalía de Oaxaca ha sido una pifia, eso lo hemos dicho. Pero ahora se evidencia más la urgencia por sostenerse en el cargo o quizá actuar con celeridad en algunos casos, presumiblemente por algunas complicidades.

Vayamos a los datos.

Irasema Leyva Ojeda llegó a la presidencia de San Juan Bautista Lo de Soto, municipio de la Costa Chica de Oaxaca, por ser sobrina de Víctor López Leyva, secretario de Fomento Agroalimentario. Sin ningún otro mérito. La mujer en cuestión, antes de mal administrar los recursos municipales era “influencer”. Se dedicaba a vender ropa por redes y la conocían por hacer de todo sin atinarle a nada.

Dicen que es abogada por una escuela patito que lo mismo oferta títulos de abogados que de maestrías o doctorados. Pues una de esas ostenta esta señora que es ahora protegida de la Fiscalía.

El manejo irregular de esta dependencia lo puso en la mesa la abogada y catedrática María de Lourdes Ojeda Serrano.

Resulta que denunció al regidor Abraham Ojeda, quien por cierto es primo de la presidenta, por violencia de género.

Todo por pedir cuentas sobre un préstamo de tres millones de pesos que la alcaldesa recibió sin informar al Cabildo ni ingresarlo a sus cuentas oficiales. 

Dicen que después del préstamo, la señora adquirió un camionetón de más de un millón de pesos, de esos machuchones, y cambió su guardarropa con joyas que a todas luces no son de Shein.

El problema es el exceso de la Fiscalía, pues mientras hay mujeres que realmente padecen violencia, no actúa con la celeridad que lo hizo en Lo de Soto, brindándole todas las garantías a la mujer para que no fuera molestada.

Ahora resulta que pedirle cuentas sobre el dinero público es violencia, hágame usted el favor.

El regidor en su persona y su familia han recibido amenazas por parte de agentes estatales de investigación que están al mando de la presidenta.

Mal el fiscal porque su protección a una vedette del Bienestar no tiene nada qué ver con la procuración de justicia.

Otro caso más que fue cuestionado fue la exhibición que hizo de un médico en días recientes. Qué cree, por violencia familiar. ¿Le suena familiar? No solo lo boletinó sino faltando a toda ética lo llenó de adjetivos.

El trasfondo, nos dicen, es el manejo a modo de las carpetas de investigación y de expedientes.

Cualquiera que consideren enemigo del sistema tiene un trato de persecución política.

La comunidad médica en Oaxaca está asombrado de la ligereza con la que arman carpetas de investigación y expedientes y denigran a personas que no tendrían razón de estar tras las rejas mientras los verdaderos delincuentes gozan de impunidad.

Por lo pronto son dos casos con los que Bernardo Rodríguez Alamilla ha lucrado con el argumento de violencia de género y violencia familiar y vaya usted a saber cuántos más.

Todo lo que pregona de la nueva forma de hacer justicia es puro cuento pues solo se integran carpetas de investigación al vapor y con sesgos económicos y políticos.

La extorsión que se origina desde la Fiscalía es escandalosa y las quejas son más frecuentes.

Otro caso que es ejemplo de impunidad, es el de la jueza Suzette Soto Pinacho, quien denunció a su ex esposo Jaime Alberto Castellanos del Campo que cuenta con un historial de violencia, amenazas, vicios y adicciones, fraudes, extorsiones e incumplimientos de obligaciones familiares.

Y a pesar del historial delictivo de Castellanos del Campo, la Fiscalía no ha ejecutado una orden de aprehensión en su contra.

El periódico La Jornada difundió una nota - entrevista con la jueza Suzette, el pasado 20 de enero:

“Soy jueza y sufro la impunidad que protege a mi agresor. No quiero imaginarme lo que sufren miles de mujeres violentadas que no tienen mi puesto, dice Suzette Soto Pinacho, víctima de violencia de género y jueza de control en materia penal, así como visitadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca.

“En los pasillos del Tribunal de Justicia de Oaxaca, en su proceso de divorcio, ha pasado de ser juez a usuaria. Ahí se ha dado cuenta del abandono institucional y la falta de sensibilidad del estamento judicial hacia las distintas violencias que padecen las mujeres en México.

“Su agresor, Jaime Alberto Castellanos del Campo, está vinculado a proceso por cuatro delitos. Dos por sustracción de sus hijos de 14 y ocho años, otro por desobedecer las tres órdenes de protección y uno más por incumplimiento de pago de pensión alimentaria durante 11 años.

“En el expediente 580/2013 tiene un adeudo de un millón y medio de pesos por pensión, y a pesar de que el juzgado le ha requerido que pague en cinco ocasiones –la última, en noviembre pasado– ha hecho caso omiso.

“Además, fue librada una orden de aprehensión en su contra, aunque en sus redes sociales difunde videos diciendo que está en Tijuana, en la casa del empresario y político Hank Rhon y que lo protege un cartel de la droga…”

El texto periodístico recoge el testimonio de una vida marcada por una profunda violencia que ha sido tolerada por las autoridades de procuración y administración de justicia, y concluye con una reflexión sobre la impunidad que padecen quienes acuden a esas instancias:

“Suspira profundo y reconoce los errores del Poder Judicial, al que ella misma pertenece: Tristemente, no conocen la violencia vicaria y minimizan todas las actitudes. Es muy lamentable que los jueces digan que los menores tienen que convivir porque es su papá. No analizan ni siquiera si son aptos. Estamos en total abandono. Mis hijos ya están afectados, yo estoy afectada. Son cicatrices que difícilmente se van a borrar”.

SEGUNDO TIEMPO

El pasado 5 de febrero de 2026, en los umbrales del Teatro de la República en Querétaro —ese recinto histórico donde se promulgó nuestra Constitución—, México fue testigo de una escena que, más allá de las explicaciones posteriores, reveló las profundas contradicciones de nuestro sistema de justicia: dos colaboradores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se agacharon en plena vía pública para limpiarle los zapatos, mientras él permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, observando la escena con indiferencia.

Para comprender la gravedad simbólica de este acto, debemos primero entender qué representan los zapatos en nuestra cultura y en la historia humana.

En la antigüedad, el calzado distinguía a los hombres libres de los esclavos.

Los zapatos representaban la capacidad de moverse entre mundos, de recorrer caminos, de plantarse firmemente en el suelo.

No es casualidad que expresiones como “ponerse en los zapatos del otro” hablen de empatía, o que “zapatero, a tus zapatos” delimite fronteras de competencia. 

Los zapatos ocupan un lugar paradójico en nuestra percepción: están en la parte más baja del cuerpo, en contacto permanente con la tierra, el polvo, la suciedad.

Son lo primero que se ensucia en nuestro caminar cotidiano. Sin embargo, precisamente por eso, el cuidado que les prestamos revela mucho sobre nosotros: un zapato bien cuidado denota atención al detalle, respeto por uno mismo, profesionalismo. Un zapato descuidado sugiere dejadez o prisa.

Pero limpiar los zapatos de otro es cruzar una línea invisible pero profunda. Es reconocer una jerarquía no solo profesional, sino existencial.

En México, el oficio de bolero tiene una historia digna que se remonta a los años posteriores a la Revolución de 1910.

Los boleros son trabajadores que brindan un servicio profesional, remunerado, con técnicas específicas: limpiar, entintar, engrasar el calzado.

Es un trabajo honrado que ha dado sustento a miles de familias mexicanas y qué bien se siente uno cuando alguien profesional renueva el brillo de unos zapatos viejos, ¿verdad?

Pero lo que ocurrió en Querétaro no fue el servicio profesional de un bolero. Fue un acto vil por donde se vea.

Amanda Pérez Bolaños, directora general de Comunicación Social de la SCJN —una profesionista graduada del ITAM, con experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cofundadora de una agencia de comunicación— se arrodilló ante su jefe en un espacio público, ante la mirada de decenas de personas, para limpiar sus zapatos. Y después, un segundo colaborador repitió la acción. No, no fue un acto de sencillez.

Este gesto no ocurrió en un contexto de emergencia médica, ni fue producto de un momento espontáneo de camaradería entre iguales.

Ocurrió en el marco de un acto solemne, ante el edificio donde se promulgó nuestra Carta Magna, el documento que supuestamente garantiza la igualdad de todos los mexicanos ante la ley.

¿Por qué es denigrante?

La jerarquía corporalizada. Cuando alguien se arrodilla ante otro para realizar una tarea que ese otro podría hacer por sí mismo, se establece una relación de servilismo. No se trata de ayuda mutua entre iguales, sino de sumisión vertical. El que está de pie, con las manos en los bolsillos, ejerce poder sobre el cuerpo del otro, que debe agacharse, inclinar la cabeza, ocuparse de la parte más baja y sucia de su anatomía.

Los zapatos, como mencionamos, son lo más sucio que llevamos. Están en contacto con el suelo, con el lodo, con las huellas del camino. Cuando ordenamos —o permitimos— que alguien limpie nuestros zapatos en público, estamos diciendo: Mi limpieza es más importante que tu dignidad. Mi apariencia justifica tu humillación.

Esto, además, no ocurrió en la privacidad de una oficina. Sucedió en la calle, ante los ojos de funcionarios, periodistas, ciudadanos comunes, exhibiendo grotescamente quién es quién en la jerarquía. Es un recordatorio de quién manda y quién obedece, de quién puede exigir y quién debe cumplir.

No es menor que la primera persona en arrodillarse fuera una mujer profesional de alto nivel. El machismo y la misoginia se entrelazan con el ejercicio del poder de formas que a veces son sutiles y otras, como en este caso, brutalmente explícitas.

Ricardo Salinas Pliego no se equivocó al llamar a las feministas a pronunciarse sobre un acto que condensa tanto la dominación de clase como la de género. ¡Espantoso!, que una mujer de su formación e investidura profesional se arrodille para limpiarle los zapatos al jefe.

Joaquín López-Dóriga, con 57 años de carrera periodística, declaró no haber visto jamás algo tan indignante. Chumel Torres señaló: “A los déspotas nos va muy bien el poder”.

Eddie Delgado fue aún más directo: “Hugo Aguilar es un resentido social, es lo que es”. Mire que permanecer con las manos en los bolsillos justo muestra lo que es.

Pero quizá la reacción más conmovedora vino de Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, quien escribió: “Mientras a unos les limpian los zapatos, las madres nos los ensuciamos rascando tierra para encontrar a nuestros hijos”.

Esa frase lo dice todo. Mientras un servidor público de altísimo nivel exige (o permite) que subordinados se arrodillen ante él para mantener impecable su imagen, hay madres que literalmente escarban la tierra con sus propias manos buscando los restos de sus hijos desaparecidos, y el sistema judicial que él encabeza no les da respuestas.

El contraste no podría ser más brutal ni más revelador del México que vivimos, por eso el escándalo que ahora justifican como un ataque de la derecha. Aquí escribimos que al hombre habría que darle el beneficio de la duda, que era profesional, sencillo, formado en la medianía de muchos más en México, pero esto es un exceso, se vea por donde se vea.

Y peor, porque la respuesta del ministro acentúa su mediocridad. Explicó que a su colaboradora "se le cayó café y nata" y que, al percatarse de la mancha en su zapato, ella misma intentó resolverlo. Que lo tomó por sorpresa. Que le pidió que no continuara. Que ofrece disculpas.

Asumamos que su versión es cierta (algo que muchos ponen en duda al ver las imágenes, donde no se aprecia café alguno ni reacción alguna del ministro). Aún así, ¿por qué no se agachó él mismo a limpiarse? ¿Por qué no dijo inmediatamente “no te preocupes, yo me encargo”? ¿Por qué permitió que una segunda persona también se arrodillara?

La “sorpresa” que alega es inverosímil. En el video se ve claramente que permanece observando la acción sin intervenir, sin sacar las manos de los bolsillos, sin mostrar incomodidad o deseo de detener la situación.

La disculpa llegó solo después de que el video se viralizó y las críticas arreciaron. No fue un acto de autocrítica genuina, sino de control de daños y parece que lo escribió la misma que le limpió los zapatos.

No se trata de si hubo café o no. Se trata de una cultura institucional donde es "normal" que subordinados se arrodillen ante sus superiores. Se trata de privilegios tan naturalizados que quien los ejerce ni siquiera los percibe.

Si el ministro Hugo Aguilar realmente hubiera comprendido la gravedad del momento, su respuesta debió haber sido radicalmente diferente.

Este incidente no ocurre en el vacío. Apenas semanas antes, se había revelado que los ministros recibieron camionetas blindadas cuyo costo es de por lo menos 2.4 millones de pesos cada una, togas personalizadas por 300 mil pesos y una ceremonia indígena de toma de protesta que costó más de un millón de pesos.

El propio Aguilar había defendido la cancelación de las camionetas, argumentando que podían usar transporte público o vehículos personales. Y días después, le limpian los zapatos en público.

La contradicción es obscena. El discurso de austeridad y cercanía con el pueblo se desmorona ante la evidencia de una élite judicial que se comporta exactamente como las élites de siempre: rodeada de privilegios, ajena a la realidad de millones, perpetuando dinámicas de servilismo que creíamos superadas.

Hugo Aguilar llegó a la presidencia de la Corte como el primer ministro de ascendencia indígena, ataviado con prendas que denotan su origen mixteco. Se esperaba que representara una ruptura, una nueva forma de ejercer la justicia, cercana a las comunidades históricamente excluidas.

En cambio, lo que vemos es la reproducción de las peores prácticas del poder: el servilismo exigido, la humillación naturalizada, la distancia abismal entre el discurso y la práctica.

Al final, este incidente trasciende a Hugo Aguilar. Los zapatos que dos colaboradores limpiaron en Querétaro son la metáfora perfecta de un sistema judicial —y de un país— donde las jerarquías se mantienen mediante la humillación cotidiana de quienes están abajo.

Son los zapatos de una justicia que camina sobre los cuerpos de los que buscan justicia. Los zapatos que pisan el expediente de la víctima de violencia que espera años por una sentencia. Los zapatos que aplastan la esperanza de la madre buscadora que sigue escarbando la tierra.

Son los zapatos que deben mantenerse impecables aunque afuera el país se desangre, aunque las desigualdades se profundicen, aunque el acceso a la justicia siga siendo un privilegio y no un derecho.

El próximo año volveremos a las urnas y este episodio nos obliga a preguntarnos: ¿Qué clase de Poder Judicial queremos? ¿Uno donde los ministros se comportan como virreyes rodeados de cortesanos? ¿O uno donde la dignidad de todos los trabajadores, desde el intendente hasta el presidente de la Corte, sea igualmente respetada?

¿Queremos funcionarios que se creen merecedores de que otros se arrodillen ante ellos? ¿O servidores públicos que comprendan que su investidura les exige mayor humildad, no mayor soberbia?

El caso de Hugo Aguilar no es menor ni anecdótico. Es un síntoma de una enfermedad profunda en nuestras instituciones. Y mientras no la enfrentemos con honestidad, seguiremos viendo escenas como ésta: el poder exhibiendo su arrogancia ante un pueblo que, cada vez más, se niega a seguir arrodillándose.

TERCER TIEMPO

El Partido Verde Ecologista en Oaxaca está muy atento de los cambios que puedan darse en el gobierno de Oaxaca y es que según nos cuentan, se andan agarrando de la greña por las posiciones que ya negociaron a nombre de este partido y que no tienen el aval de todos. 

Otra vez quieren la cabeza de Karime Unda Harp, la secretaria del Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del gobierno estatal, porque según es para una persona cercana de Alejandro Avilés Álvarez, quien ya logró la liberación de su compadre Gustavo Díaz “El Gato”, entre otras peticiones más que habría hecho. 

Aunque el gobernador dijo que no reciclará priistas, no le sorprenda que, si se da este cambio, aparezca alguno con este sello pero ahora disfrazado de Verde. 

Otro espacio que quiere y por los recursos que hay, es el proyecto de la presa Paso Ancho, al que le cambiaron el nombre por el de “Margarita Maza” y para ello pidió el Verde la Conagua y la Semarnat, aunque son posiciones a nivel federal. 

Una de las damas que está propuesta es la diputada Eva Diego Cruz, así que si deja la mesa directiva del Congreso estatal para ir al gabinete no perderá gran cosa, aunque no estén de acuerdo con esta posición. 

Ya sabremos el martes más de los cambios, pero tampoco espere mucho de fondo.

COLOFÓN

“El golpe más severo que ha sufrido la democracia mexicana es el robo de la mayoría calificada en el Congreso, gracias a la complicidad de los órganos electorales: INE y TEPJF”, señala el columnista Francisco Garfias en un texto difundido este sábado:

“No hay manera de justificar que la coalición oficialista (Morena - PT - Verde) tenga el 73 % de las curules en la Cámara de Diputados (mayoría calificada), cuando sólo obtuvo el 54 % de los sufragios.

“Eso se llama, aquí y en China, sobrerrepresentación.

“En la Cámara Alta tampoco alcanzaron los 2/3 de los escaños. Les faltaron 3 senadores. Chantajes, presiones y prebendas llevaron a Miguel Ángel Yunes Márquez, PAN; y a Aracely Saucedo y José Sabino Herrera, PRD, a pasarse a Morena.

“Para modificar la Constitución se necesita una mayoría calificada en el Congreso.

“El atraco avalado hizo posible que se destruyera el Poder Judicial –único contrapeso en la época de AMLO— para instalar uno a modo, vía las elección de jueces magistrados y ministros ‘del acordeón’.

“La eliminación de los órganos electorales, INAI incluido; la militarización de la Guardia Nacional, también derivan, entre otras reformas, de esa mayoría espuria.

“Y ya se anuncia la Reforma Electoral.

“Todo esto para decirles que el martes próximo, en San Lázaro, será presentado el libro ‘Entre la Constitución y la campaña mediática’, coordinado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata.

“El escrito trata de justificar la sobrerrepresentación en el Senado y la Cámara de Diputado.

“Cito un  párrafo:

“La presente obra colectiva tiene por objetivo dar respuesta a estas interrogantes desde diferentes perspectivas, con el propósito de contrarrestar la narrativa que se gestó desde cierto grupo académico y mediático, y que generó una fuerte reacción (backlash) a las determinaciones de las autoridades electorales, en un ambiente de alta polarización.

“Ahí se la dejo.”

NGE