Verdadero examen de revocación de mandato no será domingo en las urnas, sino lunes en las decisiones de gobierno; Incumple Ayuntamiento de Oaxaca con trabajadores de limpia; y Rebelión en la granja cuatrotera, los verdes se le ponen al brinco a los guindas

 

COLUMNA

+ El verdadero examen de la revocación de mandato no será el domingo en las urnas, sino el lunes en las decisiones de gobierno.

+ Incumple Ayuntamiento de Oaxaca con trabajadores de limpia ¿Dónde está el dinero para materiales, insumos y vehículos?

+ Rebelión en la granja cuatrotera, los verdes se le ponen al brinco a los guindas por la reforma electoral que viene.

PRIMER TIEMPO

Este domingo 25 de enero de 2026, Oaxaca se convirtió en un laboratorio político: la revocación de mandato es un experimento de resultados inciertos.

Será el primer estado mexicano en someter a su gobernador, electo constitucionalmente, a un proceso de revocación de mandato.

Es un ejercicio parteaguas, pero que plantea muchas dudas en la democracia participativa y si realmente será un pulso de la relación entre gobernantes y gobernados.

Ya hemos dicho aquí que, tal como se llevó en Oaxaca, la revocación de mandato es una farsa política que pasó de la simulación democrática al abierto cinismo y al delito electoral. Un proceso plagado de irregularidades y corrupción, una descarada desviación de recursos para la compra, la coerción y la inducción del voto.

Pero veamos algunos datos.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEEPCO, validó 518 mil 979 firmas de apoyo ciudadano para activar este mecanismo, cifra que superó ampliamente el mínimo requerido de aproximadamente 308 mil firmas (equivalente al 10% de la lista nominal).

Originalmente se recibieron 717 mil 290 solicitudes, de las cuales cerca de 198 mil fueron anuladas por no cumplir con los requisitos legales.

El proceso cumplió con el requisito de dispersión territorial al obtener respaldo en 569 de los 570 municipios del estado. Únicamente San Juan Tabaá, en la Sierra Juárez, no registró ningún apoyo.

Para la jornada de este domingo, el opaco órgano electoral, el IEEPCO, programó la instalación de 2 mil 816 mesas receptoras de votos, significativamente menos que en una elección ordinaria, aunque el horario de votación es el mismo, de 8:00 a 18:00 horas.

El requisito más difícil de alcanzar será el umbral de participación: para que el resultado sea vinculante se requiere que vote al menos el 40% de la lista nominal, es decir, aproximadamente 1.2 millones de oaxaqueños.

Este candado podría convertir el ejercicio en una consulta testimonial más que en un mecanismo efectivo de rendición de cuentas

América Latina ha sido laboratorio de la revocación de mandato desde los años noventa.

Colombia fue pionera al incorporarla constitucionalmente en 1991, tras una crisis política y de desconfianza ciudadana que abrió el debate regional sobre mecanismos de democracia participativa.

Actualmente, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y Argentina tienen este mecanismo en sus marcos jurídicos, aunque con alcances diferenciados.

Venezuela, Bolivia y Ecuador lo contemplan a nivel presidencial, mientras que los demás lo limitan al ámbito subnacional (gobernadores, alcaldes, prefectos).

Los casos emblemáticos ocurrieron en Venezuela (2004) y Bolivia (2008), ambos paradójicamente contra los mismos presidentes que impulsaron su inclusión constitucional.

En Venezuela, el 15 de agosto de 2004, Hugo Chávez enfrentó un referéndum revocatorio tras una profunda polarización que incluyó el golpe de Estado de 2002 y un paro petrolero.

Con una participación del 70% del padrón electoral, Chávez fue ratificado con 59% de los votos favorables (5.8 millones de votos), aunque la oposición denunció fraude y el proceso derivó en la difusión de la controvertida “Lista Tascón”, una base de datos que contenía las identidades de millones de ciudadanos que firmaron a favor de un referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, y que se utilizó para discriminar a quienes firmaron solicitando la revocación, convirtiéndose en un instrumento de persecución política

En Bolivia, el 10 de agosto de 2008, Evo Morales se sometió voluntariamente junto con su vicepresidente y ocho prefectos departamentales a un ejercicio similar. El resultado fue una ratificación con 67.43% de los votos (2.1 millones) y una participación del 83.28%. Para que la revocación procediera, los votos en contra debían superar el porcentaje con el que había sido electo (53.74%), umbral que no se alcanzó.

Llamó la atención que dos prefectos opositores en La Paz y Cochabamba sí fueron revocados. El mecanismo funcionó como “válvula de escape” en medio de una crisis institucional por demandas autonomistas de departamentos orientales.

Estos antecedentes revelan una paradoja: la revocación de mandato en América Latina no ha destituido a ningún presidente, sino que ha funcionado como mecanismo de relegitimación para líderes populistas y autócratas en contextos de alta polarización.

Los diseños institucionales con umbrales exigentes han favorecido sistemáticamente a los incumbentes, convirtiendo el instrumento en ratificaciones, más que en verdaderos mecanismos de control ciudadano.

La experiencia regional sugiere que sin condiciones de equidad electoral, presupuesto suficiente y árbitros imparciales, la revocación es capturada por quienes formalmente debería controlar.

La revocación de mandato como mecanismo democrático llegó a México relativamente tarde en comparación con otros países latinoamericanos.

La reforma constitucional que la introdujo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, estableciendo este instrumento de participación ciudadana tanto a nivel federal como estatal.

El primer ejercicio nacional se realizó el 10 de abril de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a consulta.

Los resultados fueron reveladores: solo participó el 17.77% del electorado (16.5 millones de votos de un padrón de 92.8 millones), muy por debajo del 40% requerido para que fuera vinculante.

De los votantes, el 91.86% optó por que continuara en el cargo.

Este antecedente es particularmente relevante porque evidenció varios problemas estructurales: la baja participación ciudadana, la apropiación del proceso por actores políticos oficialistas, las restricciones presupuestales del INE para organizar el ejercicio, y la confusión generalizada sobre si se trataba de una "revocación" o una "ratificación".

La experiencia federal demostró que el diseño institucional es determinante para el éxito o fracaso de estos mecanismos.

Los argumentos de quienes apoyaron revocar el mandato del gobernador Salomón Jara Cruz se centran en una sensación de frustración y desencanto. Señalaron el aumento de conflictos territoriales —más de 200 en todo el estado—, el incremento en violaciones a derechos humanos y feminicidios, y la falta de un plan estratégico claro para combatir la violencia contra las mujeres.

Destacan casos emblemáticos como el escándalo del “chat XXX” que involucra a un funcionario estatal, que simboliza la impunidad percibida. Para ellos, este ejercicio no es “revanchismo” sino un legítimo derecho ciudadano de evaluar y exigir rendición de cuentas.

Consideran que el gobierno debe escuchar el descontento de regiones específicas donde hay mayor rechazo a la gestión actual y sin duda el nepotismo ha sido su bandera.

Los defensores de la continuidad enfatizan que este proceso histórico fue impulsado por más de 700 mil firmas de ciudadanos que desean que el gobierno continúe. Destacan la trayectoria del gobernador como “luchador social” y argumentan que su administración se ha caracterizado por la interseccionalidad, abordando temas de juventud, interculturalidad y programas sociales como Crédito a la Palabra y el transporte Binnibus.

Consideran que la revocación fortalece la democracia al permitir que el pueblo decida directamente, y ven la consulta como una oportunidad para que el gobierno conozca un “mapeo” de zonas con mayor descontento y pueda atender sus necesidades específicas.

Para ellos, interrumpir el proyecto en curso sería contraproducente, además de costoso.

Para entender las dimensiones políticas de este ejercicio, es fundamental revisar los números de la elección de 2022.

Salomón Jara obtuvo entre 58% y 61.4% de la votación (aproximadamente 60% según el PREP final), con una participación ciudadana del 38% de la lista nominal.

Su principal rival, el cuestionado Alejandro Avilés Álvarez, en ese entonces del PRI pero actualmente diputado federal plurinominal del PVEM y aliado del oficialismo, alcanzó apenas entre 24% y 27%.

Muy atrás quedaron Natividad Díaz del PAN (4%), ahora también aliada de Morena; Alejandra García Morlán, de Movimiento Ciudadano (3.5%); y los candidatos de Nueva Alianza e independientes con porcentajes marginales.

Si hacemos un ejercicio de proyección —aunque este no es formalmente un ejercicio partidista— los números revelan una asimetría estructural.

Si este domingo la participación alcanzara solo el 15% (escenario conservador basado en el precedente federal de 2022), y asumiendo que la base morenista se moviliza proporcionalmente a su votación histórica, el oficialismo tendría aproximadamente 9% de la lista nominal votando por la continuidad, mientras que toda la oposición sumada apenas llegó al 35% en 2022.

Incluso con una movilización perfecta de todas las fuerzas opositoras (PRI, PAN, MC), difícilmente superarían el 6% de participación efectiva.

El pulso en redes sociales añade otra dimensión al análisis.

Aunque no existen encuestas formales disponibles, las autoridades electorales del IEEPCO han tenido que intervenir repetidamente para ordenar el retiro de propaganda irregular tanto a favor como en contra del gobernador en Facebook y otras plataformas. Se han documentado campañas de espectaculares, publicaciones pagadas en redes sociales y acusaciones cruzadas de uso indebido de programas sociales para condicionar el voto.

Esta batalla en el terreno digital sugiere una movilización activa de ambos bandos, aunque con recursos claramente asimétricos.

Para los actores locales con aspiraciones a la gubernatura de 2028, este ejercicio es una oportunidad de posicionamiento temprano. Todo del lado de Morena, porque en Oaxaca la oposición prácticamente no existe, tan es así que los señalamientos en contra y las menciones a favor del gobernador fueron promovidos por actores políticos del partido guinda, ya sean “naturales” o “adoptados” mediante ex priistas conversos al oficialismo.

La reconfiguración del tablero político es notable: el ex priista Avilés, legislador por el PVEM, partido aliado de Morena que en su tiempo lo señaló de mapache electoral y venta de candidaturas. Como él, muchos otros priistas, panistas y emecistas fueron cooptados o han decantado por Morena. Esta migración política reduce aún más el espacio opositor real.

Los actores genuinamente opositores que observan este ejercicio son principalmente sectores del PAN, lo que queda del PRI, Movimiento Ciudadano y restos del PRD local, todos con estructuras debilitadas.

Incluso al interior del oficialismo hay tensiones: el Partido del Trabajo estatal ha cobrado “facturas políticas” y algunos sectores de Morena muestran fisuras internas. Si el resultado muestra zonas geográficas específicas con alto rechazo al gobierno actual, esos serán los territorios donde tanto opositores como aspirantes internos de Morena concentrarán recursos para 2028.

Si, por el contrario, la participación es tan baja que el resultado carece de legitimidad, reforzará la narrativa de que el sistema de revocación favorece estructuralmente al partido en el poder.

Hablando de escenarios, el más probable es que la participación ciudadana no alcance el 40% requerido (quedándose entre 15-25%, incluso la consejera presidenta del IEEPCO declaró hoy que espera el 20%), el resultado no es vinculante y el gobernador continuará en funciones.

Sin embargo, la geografía del voto revelaría un mapa político de aceptación / rechazo por regiones que podría ser más valioso que el resultado mismo.

Este escenario confirmaría las lecciones de 2022: los mecanismos de revocación, tal como están diseñados, son extremadamente difíciles de activar efectivamente.

En el caso hipotético de que se supera el 40% de participación y la mayoría vota por la continuidad del gobernador., este sería el escenario más legitimador para la administración actual, pues representaría un respaldo popular explícito a mitad del sexenio.

Sin embargo, generaría interrogantes sobre el costo - beneficio de estos ejercicios si funcionan más como ratificación que como mecanismo de control y simulación.

El menos probable pero más disruptivo. Se alcanza el 40% de participación y la mayoría vota por revocar el mandato. Esto activaría por primera vez en la historia de Oaxaca el mecanismo de sustitución constitucional del titular del Ejecutivo, creando un precedente democrático sin antecedentes en el país a nivel estatal, pero también generando incertidumbre política y cuestionamientos sobre la estabilidad gubernamental. En esta hipótesis, Oaxaca tendría un gobernador interino por tres años para terminar el período, toda vez que no sería legalmente posible convocar a nuevas elecciones.

La revocación de mandato en Oaxaca es un experimento de alto riesgo político.

Su valor no radica tanto en si el gobernador continúa o no, sino en lo que revela sobre la madurez democrática de la entidad y del país.

¿Pueden estos mecanismos funcionar efectivamente como contrapesos ciudadanos? ¿O están diseñados con candados tan altos que solo sirven como ejercicios simbólicos? Como se ha llevado hasta hoy, se perfila como  una farsa política y simulación democrática repleta de irregularidades, con un órgano electoral cooptado y señalado de presuntos actos de corrupción.

El proceso de revocación de mandato en Oaxaca constituye un punto de inflexión cuyas implicaciones trascienden el resultado inmediato. Independientemente del desenlace, el lunes 26 de enero se abrirán debates políticos ineludibles que definirán tanto el rumbo del gobierno estatal como la viabilidad de estos mecanismos participativos en México.

La oposición tiene ya prefigurado su discurso post-jornada. Basándose en el precedente federal de 2022, donde el PRI calificó el ejercicio como “burla” y “perversión del propósito democrático”, el PAN lo tildó de “recursos tirados a la basura” y el PRD solicitó la nulidad por intervención oficial, es previsible que los partidos de oposición en Oaxaca —debilitados estructuralmente tras la migración de figuras políticas— argumenten una de dos narrativas según el escenario: si la participación es menor al 40%, denunciarán que el mecanismo fue diseñado “a modo” mediante la reforma exprés de septiembre 2025 que redujo los tiempos de 90 a 30 días, favoreciendo la movilización oficialista. Si la participación supera el umbral y ratifica al gobernador, acusarán uso indebido de programas sociales, recursos públicos y cooptación del proceso.

Sin embargo, el verdadero desafío político no recae en la oposición fragmentada, sino en la propia coalición gobernante y en el uso que Salomón Jara haga del resultado. 

El tema del nepotismo —documentado sistemáticamente por medios locales y nacionales— emerge como el punto de mayor vulnerabilidad de la administración. La lista de familiares en cargos públicos es extensa y verificable.

Esta concentración familiar del poder público contradice frontalmente el discurso morenista de la Cuarta Transformación y representa un pasivo político que ningún porcentaje de votación puede resolver. 

Si el gobernador obtiene un respaldo contundente —incluso superando el 40% de participación— el mensaje ciudadano implícito sería: “continúa, pero corrige”. La legitimidad renovada vendría acompañada de una exigencia tácita de reformar el gabinete, profesionalizar la administración y distanciar a sus familiares de posiciones clave. En términos académicos, se trataría de un “mandato condicionado” que requeriría señales inequívocas de cambio institucional.

El costo político de no hacerlo sería considerable. Mantener la estructura familiar en puestos estratégicos después de una consulta —exitosa o no—, significaría deslegitimar el ejercicio mismo y confirmar las acusaciones de que se trató de una ratificación cosmética sin voluntad real de rendición de cuentas. Más aún, hipotecaría cualquier aspiración de continuidad del proyecto político morenista en 2028, cerrando la posibilidad de que familiares directos puedan aspirar legítimamente a la gubernatura sin cargar el lastre del nepotismo como narrativa opositora dominante.

La alternativa es clara pero políticamente costosa: una reconfiguración del gabinete que privilegie perfiles técnicos sobre lealtades familiares, el retiro progresivo de parientes de cargos públicos clave, y la apertura de espacios a cuadros morenistas no vinculados por parentesco. Esta estrategia permitiría cerrar el último tramo del sexenio (2026-2028) con capital político renovado, neutralizando la crítica más persistente a su gestión y posibilitando una transición ordenada hacia 2028 sin la carga simbólica del nepotismo.

El gobernador Jara enfrenta, entonces, una paradoja: puede salir fortalecido de las urnas pero debilitado políticamente si no traduce el resultado en transformaciones visibles de su estructura de gobierno. La historia política mexicana está llena de gobernantes que confundieron la victoria electoral con carta blanca para continuar prácticas cuestionadas.

El verdadero examen no será el domingo en las urnas, sino el lunes en las decisiones de gobierno. Oaxaca no solo está escribiendo historia sobre la revocación de mandato como mecanismo democrático, sino sobre la capacidad de autocorrección política de un proyecto que se asume transformador.

SEGUNDO TIEMPO

La Ciudad de Oaxaca atraviesa una crisis de gestión de residuos sólidos que persiste desde octubre de 2022, agravada por el cierre definitivo del relleno sanitario de Zaachila y la promesa de un Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos en Oaxaca, el CIRRSU que no termina de concretarse. Por eso, a inicios de 2026 la situación continúa siendo crítica, debido a la falta de un sitio de disposición final propio y problemas operativos recientes. 

La ausencia de relleno sanitario y de un centro de tratamiento de residuos es solo uno de los problemas. Desde el cierre del tiradero en 2022, el municipio de Oaxaca de Juárez no cuenta con un espacio local para depositar las más de 800 toneladas diarias de basura generadas en la zona metropolitana.

Los costos de traslado de los residuos se convirtió un problema para el Ayuntamiento de la capital. Recordemos que en el trienio anterior de Francisco Martínez Neri, para evitar la acumulación masiva en las calles, los desechos fueron transportados a estados vecinos como Veracruz y el Estado de México. Este traslado representó un gasto mensual millonario que incrementó significativamente la deuda municipal.

Ante la falta de recursos propios, de infraestructura y capacidad operativa del Ayuntamiento de Oaxaca, el gobierno estatal impuso por la fuerza y la presión política un estación de transferencia para la zona metropolitana, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, con la intención de procesar más 730 toneladas diarias de residuos de los municipios conturbados a la capital y de Valles Centrales.

La intervención estatal prácticamente le resolvió el problema al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Raymundo Chagoya Villanueva, déjandole la tarea de mantener la recolección de basura, la infraestructura para operar y la relación política con el Sindicato 3 de Marzo, que agrupa a los trabajadores de limpia.

¿Qué pasó? Pues que ni eso han hecho bien.

En la semana pasada, el Sindicato 3 de Marzo bloqueó las calles aledañas al Palacio Municipal. El paro de los trabajadores de limpia evidenció la fragilidad del sistema actual y dejó a la ciudad de Oaxaca sin recolección de basura.

El sindicato acusó al Ayuntamiento de la capital de no garantizar el mantenimiento preventivo de unidades de limpieza, así como no dar herramientas básicas para el personal de limpia; suspendieron labores ante la falta de herramientas, insumos y mantenimiento a los camiones recolectores de basura.

“El secretario general del sindicato, Abel Mario Juárez, acusó al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de incumplir minutas firmadas desde mayo de 2025, en las que —dijo— se comprometieron a garantizar mantenimiento preventivo, llantas, refacciones y herramientas básicas para el personal de limpia”, reportó El Sol de México.

“De acuerdo con los trabajadores, el parque vehicular se encuentra colapsado. Señalan que de cerca de 70 camiones destinados a la recolección de basura, la mayoría presenta fallas mecánicas y algunos han permanecido hasta cuatro meses en talleres por falta de refacciones y servicios básicos.

“Además, denunciaron la carencia de herramientas manuales como palas y bieldos, indispensables para el manejo de los desechos, lo que —advirtieron— pone en riesgo la seguridad del personal y vuelve imposible prestar el servicio de manera adecuada.

“Los manifestantes aseguraron que su intención no es afectar a la población; sin embargo, responsabilizaron al gobierno municipal por dejar sin condiciones mínimas de operación al área de limpia, lo que derivó en la suspensión total del servicio en la ciudad.”

Sin duda, el presidente Ray Chagoya debe una explicación de por qué no se han atendido esas necesidades, así como informar en qué se aplican y dónde están los recursos municipales.

COLOFÓN

Hay una rebelión en la granja cuatrotera: primero comenzaron los del Partido del Trabajo, el PT, y luego siguieron los verdes, quienes se le pusieron al brinco a los guindas por la reforma electoral que viene

A esta reforma también se oponen el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pero lo que políticamente ha llamado la atención es la reacción de los aliados de Morena ante el maltrato político y financiero que les quieren imponer.

La semana pasa comenté sobre la “resistencia de los viejos aliados de Morena a esa reforma electoral como la plantean, manifestado en el rechazo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), mediante el senador verde Luis Armando Melgar y del dirigente petista Alberto Anaya.”

“Tanto Melgar como Anaya desconocieron, para este asunto, la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López y desdeñaron la intervención de Pablo Gómez, presidente de la Comisión para la Reforma Electoral. A quien sí reconocieron como interlocutora es a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Además del PVEM y del PT, otros perjudicados serían los opositores partidos Acción Nacional, el PAN, el PRI y MC.”

El Partido Verde Ecologista de México ha manifestado una postura de abierta rebeldía frente a su aliado Morena, por la propuesta de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. Los puntos clave de esta “rebelión” son: 

Defensa de los plurinominales: El PVEM ha declarado que no acompañará ninguna reforma que busque eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Argumentan que este sistema es vital para la representación de las minorías y que eliminarlo favorecería la creación de un partido único.

Financiamiento público: Se oponen a los recortes en el financiamiento a partidos políticos, exigiendo una distribución que no asfixie a las formaciones con menor fuerza electoral que Morena.

Postura legislativa: Senadores del partido, como Luis Armando Melgar Bravo, han endurecido el discurso afirmando: “Somos aliados, no paleros”, y rechazando cualquier intento de subordinación.

Impacto en la alianza: Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, admitió el 23 de enero que sin el apoyo del Verde y el PT no habrá reforma electoral, ya que no cuentan con los votos necesarios para una reforma constitucional. 

A pesar de estas fricciones, la dirigencia del PVEM ha matizado que mantiene el diálogo con la Secretaría de Gobernación para construir una propuesta de consenso y que su intención es continuar en la alianza de la “4T”, siempre que se respeten sus condiciones básicas de supervivencia política

Fue el senador Luis Armando Melgar quien resaltó la inconformidad con una publicación en sus redes sociales

“De lengua nos comemos unos tacos. 

“Partido Morena y sus duros insisten en que el Verde no existe sin ellos. Se equivocan. No vamos a votar una  reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados, no paleros

“El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde encabecemos las encuestas. Ya veremos de a cómo nos toca

“No a la manipulación, no a la regresión electoral. México necesita avanzar en libertad y no volver al pasado totalitario.”

Cierro la columna de hoy con otro comentario del abogado José Mario de la Garz

“Las plurinominales no nacieron para fabricar políticos vitalicios. Nacieron para algo mucho más simple y más noble: que el Congreso se pareciera al país real, no sólo al mapa de los distritos ganados. El problema no es el mecanismo; el problema es cuando las listas se convierten en refugio de cúpulas, en escaleras privadas para no volver a tocar una boleta ni enfrentar a un solo elector

“Hoy se nos quiere vender una historia fácil: ‘eliminemos las pluris y se acaba el abuso’. Suena bien, pero es peligroso. Porque puedes matar al mensajero y dejar intacto el truco: un Congreso que ya no refleja los votos, millones de ciudadanos sin voz y una mayoría artificial que gobierna sin contrapesos. El enojo social no viene de la proporcionalidad; viene del descaro de quienes llevan décadas brincando de curul en curul sin rendir cuentas a nadie.

“La reforma que sirve no es la que borra figuras, sino la que rompe privilegios: que la gente decida el orden de las listas, que nadie se eternice por designación, que haya vínculo real con el territorio y reglas que le quiten el Congreso a las élites y se lo devuelvan a los ciudadanos. Todo lo demás es simulación bien empacada. Y la simulación también destruye democracias.”

NGE