Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), que representa a profesionales y técnicos de la industria minera, reconoce la necesidad de considerar el agua como un bien público y un derecho humano fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y la supervivencia de los seres humanos.
Sin embargo, comparte la preocupación de las empresas mineras que operan en México, ante la propuesta de modificación del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en la Cámara de Diputados, debido a las consecuencias para diversas industrias y la economía nacional.
La AIMMGM considera que la gestión eficiente y responsable del agua es un pilar fundamental en las estrategias de desarrollo sustentable de la actividad económica en México y debe privilegiarse el consumo humano pero, en los términos que lo plantea la propuesta de reforma, afectaría negativamente a la industria minera y otros sectores económicos.
Cabe destacar que el 76% del agua en México está concesionada para uso agrícola, 14% para abastecimiento público; 5% para el sector energético y 5% para el sector industrial. Y la minería utiliza un estimado del 0.27% del volumen total nacional.
La minería formal en México cumple estándares estrictos y confina sus residuos de forma segura. Con la asesoría de instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las unidades mineras se establecen lineamientos claros para la gestión responsable del recurso hídrico, garantizando su preservación y uso sostenible durante la etapa operativa y tras la conclusión de las actividades mineras.
En ese sentido, la propuesta para la modificación del artículo 118 amenaza la continuidad operativa del sector, la producción de minerales estratégicos y el sustento de alrededor de tres millones de familias que dependen directa e indirectamente de la minería.
Compromiso con el desarrollo nacional
La AIMMGM reafirma su disposición a colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sostenible y plenamente alineado con los objetivos nacionales para la minería.
Para ello, confía en que los legisladores lleven a cabo cambios a la legislación que promuevan mecanismos de gobernanza del agua y justicia socioambiental para lo cual pone a disposición sus conocimientos y la experiencia de sus profesionales, a fin de garantizar la competitividad de México.
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