Diputado Oliver López García se burla de las políticas públicas en defensa de la mujer; Alcoholímetros, puntos de extorsión municipal y ataques criminales; y Ley contra vapeadores, otro de los berrinches de AMLO

 

COLUMNA

+ Con una gracejada, el lerdo diputado Oliver López García se burla de las políticas públicas en defensa de la mujer.

+ Los alcoholímetros, puntos de extorsión municipal y ahora de ataques criminales.

+ La ley contra vapeadores, otro de los berrinches de AMLO, quien no supo lidiar con la rebeldía de su hijo adolescente.

PRIMER TIEMPO

Otra vez.

Sí, otra vez el diputado local Oliver López García hace de las suyas. 

Vistiendo un ‘outfit’ que quiso parecer de sacerdote, pero que se asemeja más a los criminales que caricaturizan como narcos, el legislador se burla no sólo de las denuncias que lo señalan de acosar y violentar a mujeres jóvenes, sino también de las políticas públicas del gobierno de México en defensa de los derechos de la mujer.

“El reclamo no es menor: testimonios de mujeres compartieron cómo fueron contactadas por el diputado a través de Facebook y WhatsApp, con mensajes en los que se les solicitaba concretar entrevistas para futuros empleos bajo la premisa de que ‘primero había que conocerse’ físicamente, con insinuaciones sobre su apariencia más que sobre su currículo laboral”, menciona el reportero Jaime Guerrero en sus redes sociales.

Para contestar las críticas, al misógino legislador oaxaqueño (que es una mezcla ‘tropicalizada’ de Gerardo Fernández Noroña y Cuauhtémoc Blanco), se le ocurrió tomarse una foto señalando con una mano una botella de whisky Buchanan's 18 Años que sostiene con la otra, y escribir en su cuenta de Facebook: “Puras de 18”.

En la foto, Oliver López presume una gran esclava de oro en una muñeca y un enorme collar en forma de rosario católico también de oro, que remata en una crucifijo igual de grande y del mismo material.

Al diputado sólo le faltó el sombrero y las armas para replicar a los delincuentes que el cartonista Paco Calderón continuamente caricaturiza en el periódico Reforma.

La gracejada del lerdo diputado no sólo pasa por alto las disposiciones y campañas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Conavim, sino atropella las disposiciones legales en la materia: 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y define mecanismos como la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, estableciendo la obligatoriedad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

No está de más retomar lo que el gobierno federal menciona en la página web de la Conavim:

“El acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres es uno de los muchos tipos y modalidades de violencia contra la mujer que impide y obstaculiza su pleno desarrollo en la sociedad y, en particular, en el ámbito laboral.

“Para atacar debidamente el hostigamiento y acoso sexual, el primer paso es definirlos. Por eso en el protocolo se establece que el acoso sexual es ‘una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos’.

“Por su parte, el artículo 3ro bis de La Ley Federal del Trabajo define por hostigamiento al ‘ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas’. El Código Penal Federal los incluye en el Artículo 259 bis como delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

“Por su naturaleza compleja, el acoso y hostigamiento sexual son uno de los tipos de violencia contra las mujeres más difíciles de combatir, pues en muchos casos no existe un delito evidente que perseguir ni evidencias palpables que sirvan para iniciar un procedimiento jurídico.”

¿No se ha enterado que a México lo gobierna una Presidenta? Pues parece que no le importa, como tampoco le importan las declaraciones del gobernador, quien dijo no estar de acuerdo con este tipo de conductas que, además, no deben permitirse.

La semana pasada escribí que al señor diputado local, “a quien por cierto conocen pero por sus mañas en Santa María Petapa, donde fue presidente municipal, ahí sigue, tan campante; ni sufre ni se acongoja, por el contrario, todo le resbala, como si le debieran algo. ¿Y a poco sí?”

También mencioné que “en el Congreso estatal nadie ha dicho ni pío. La recién estrenada presidenta de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, Tania Caballero Navarro, tampoco se ha pronunciado al respecto.”

Pues bueno, la presidenta de la Jucopo y otras legisladoras de diferentes corrientes políticas ya declararon, pero no una condena firme, sino una especie de justificación y deslinde, porque no podían sancionar al diputado sin denuncias formales.

Por lo pronto, el diputado Oliver López García ya les contestó: “Puras de 18”.

SEGUNDO TIEMPO

El asesinato de un funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas en un alcoholímetro, vuelve a poner sobre la mesa temas como la la legalidad y los abusos en esos puntos de revisión, que se han convertido en lugares de extorsión de policías y caja chica para autoridades municipales.

Se había dicho que no se permitiría que los Ayuntamiento instalaran esos retenes, sino que serían autoridades estatales las encargadas, mediante las policías Vial y la Estatal. Pero lo que se ve es que o fue puro jarabe de pico, o el hambre por la lana en los municipios puede más que las indicaciones del gobierno de Oaxaca.

Los abusos en los alcoholímetros incluyen denuncias como detenciones arbitrarias y golpes, documentados en videos, además de la impunidad con la que operan grupos delictivos, lo que se evidenció brutalmente con el asesinato del funcionario en el operativo de San Jacinto Amilpas, revelando la falta de seguridad y el deterioro social en estos puntos.

Hay problemas comunes reportados, como la violencia y el abuso policial. Hay grabaciones de policías golpeando a mujeres y otras personas en operativos, incluyendo casos donde se alega que no estaban ebrias.

También, la falta de protocolos y corrupción. Las acciones a menudo carecen de protocolos claros, derivando en detenciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, con cobros de multas elevadas.

Asimismo, impunidad y crimen organizado. La violencia en estos puntos es un reflejo de la impunidad y la operación de la delincuencia, como lo demuestra el asesinato del director jurídico en un filtro de alcoholímetro.

Y no podía faltar el influyentismo y el uso indebido del fuero. Políticos, como la senadora suplente Natalie Chávez, han intentado usar su estatus para evadir las pruebas, generando indignación pública.

Otro aspecto es el de las detenciones ilegales. Aunque la ley no permite la detención por estas infracciones, generalmente se da, y el vehículo puede ser confiscado temporalmente, generando problemas y sobornos.

COLOFÓN

Nunca les ha importado la salud de los mexicanos, tan es así que dejaron que cientos de miles murieran sin la prevención y la atención adecuada durante la pandemia de COVID.

También dejaron sin medicamentos a niños con cáncer y sin medicinas a millones de mexicanos que utilizan los servicios del Sector Salud, que el tirano en turno calificó “como de Dinamarca”.

Yo no fumo ni vapeo, pero me parece absurdo que otro de los berrinches de Andrés Manuel López Obrador se vuelva una ley que, para variar, terminará beneficiando a los grupos criminales de México.

Porque en realidad, la ley contra los vareadores es producto de un berrinche de AMLO, un adulto mayor que no supo lidiar con los gustos y la rebeldía de su hijo Luis Ernesto, que en su adolescencia vapeaba. Hombre de rencores y venganzas, la ocurrencia fue promover esta prohibición en el país.

El periodista Luis Cárdenas considera que fue una decisión que México pagará caro. En su artículo para El Universal, menciona que “prohibir algo con alta demanda no elimina el mercado, sólo cambia quién lo controla.”

“La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe por completo el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, e impone penas de hasta ocho años de prisión para quienes los comercialicen. Con 324 votos a favor y 129 en contra, la mayoría oficialista avaló el dictamen…

“…La historia reciente ha demostrado que, en cualquier parte del mundo, ninguna prohibición funciona. Al contrario: todo indica que estamos a punto de repetir un error costoso, peligroso y perfectamente evitable.

“La demanda del vapeo no desaparece por decreto. En todos los países donde se ha prohibido, el resultado ha sido un aumento drástico del mercado ilegal. En México, esa prohibición ya es un bonito regalo navideño para las mismas estructuras criminales que controlan alcohol adulterado, cigarros piratas y medicamentos falsificados. Ya prohibidos los vapeadores, no habrá menos consumo: habrá más productos adulterados, más riesgos sanitarios y más dinero para el todopoderoso crimen organizado.

“¿Y las autoridades? Ni Cofepris ni las policías locales tienen capacidad para perseguir cada cartucho, cada tienda o cada usuario. Esto nos llevará a un escenario bastante conocido: una ley que existe, pero que nadie puede aplicar. Les suena, ¿verdad? Esa brecha, donde el Estado dicta normas que no puede cumplir, es donde florecen la corrupción, las mordidas, los decomisos irregulares y la discrecionalidad policial…

“El mundo ofrece lecciones que México ignoró por completo. Australia adoptó la prohibición más estricta del mundo y terminó creando un mercado negro dominado por bandas criminales, con extorsiones, violencia e infinidad de productos adulterados circulando entre jóvenes que no dejaron de consumir, solo cambiaron a opciones más peligrosas. Hoy ese país debate desmantelar su propio modelo. En sentido contrario, Reino Unido optó por regular, supervisar y educar, y los resultados han sido claros: una caída histórica del tabaquismo, cero presencias de mafias en el mercado y el uso del vapeo como herramienta eficaz de reducción de daños. México, entre estas dos rutas, decidió la ruta equivocada.

“A las puertas del Mundial 2026, para variar, la prohibición coloca a México en un aprieto diplomático y turístico: la mayoría de los visitantes vapea de forma legal en sus países, pero aquí podrían enfrentar decomisos, revisiones y sanciones absurdas. No es difícil imaginar el titular internacional: ‘México, la sede mundialista donde vapear es delito’. Una imagen poco afortunada para un país de izquierda que busca mostrarse moderno y abierto al mundo.”

NGE