Se desborda inseguridad en Oaxaca de Juárez; justifican incompetencia con discursos; Uruapan es el reflejo del fracaso institucional ante violencia del crimen organizado; y Graves repercusiones de la politización de la justicia

 

COLUMNA

+ Se desborda la inseguridad en Oaxaca de Juárez; justifican la incompetencia con discursos y declaraciones.

+ Uruapan es el reflejo del fracaso institucional ante la violencia del crimen organizado en México.

+ Las graves repercusiones de la politización de la justicia, al servicio del poder: proponen revisar decisiones firmes de la SCJN.

PRIMER TIEMPO

Pues otra vez nuestra terca realidad demostró que la percepción de inseguridad en Oaxaca de Juárez no es producto de la imaginación de los capitalinos, porque si bien quienes hacen las mediciones analizan “la sensación subjetiva de seguridad de los ciudadanos”, en la capital oaxaqueña la percepción sí va a la par de la realidad. 

Un evento que pueden calificar como menor o hecho aislado, retrata la descomposición del tejido social y el avance de la delincuencia común y de la delincuencia organizada.

El problema para los capitalinos es que este tipo de “hechos aislados” se repiten con mayor frecuencia, una y otra y otra vez.

Esta semana se ‘viralizó’ en redes sociales un video del asalto a un motociclista a medio día, con la luz del sol en todo su esplendor y en una de las calles más transitadas de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Dos delincuentes en otra motocicleta le dieron alcance, lo amagaron con una pistola y le arrebataron una mochila, donde presumiblemente llevaba dinero en efectivo.

Frente a todos los que transitaban en el lugar, lo asaltaron y se fueron si mayor problema, con toda impunidad.

No es el primer evento de esta naturaleza que sucede con esas características. Se ha vuelto costumbre que a cuentahabientes los asalten para quitarles cientos de miles de pesos que retiran o llevan a depositar a los bancos.

También han aumentado los asesinatos (que en la jerga delincuencial llaman ‘ejecuciones’) realizados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada. Y ni qué decir de los dos ataques (por cierto, sin resolver) con armas de alto poder, como fusiles de asalto, a dirigentes de sindicatos con saldo de varios muertos y heridos, uno en el restaurante El Che y otro en una de las calles de las riberas del río Atoyac.

Hace unas semanas les comentaba sobre la conferencia de prensa ofrecida por el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, y el presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, Raymundo Chagoya Villanueva:

“Según contaron, los delitos han bajado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Las cifras, dicen ellos, son clarísimas.

“Y si la gente siente lo contrario, el problema no es la inseguridad, sino la percepción que —según ellos— los medios distorsionan. En pocas palabras: la culpa no es de quienes delinquen, sino de quien lo cuenta, o sea los periodistas y los medios de comunicación.”

Más tardaron en ofrecer su conferencia de prensa, que la realidad atropellar las cuentas alegres de los dos funcionarios. Las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el NEGI, les pasaron encima, los arrollaron sin consideración alguna.

Recordemos que según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en la ciudad de Oaxaca de Juárez se ha mantenido elevada, con informes de que hasta 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su entorno urbano según datos de julio de 2025.

El sentimiento general de inseguridad persiste entre la población. Algunos informes de julio de 2025 indicaban un aumento en esta percepción.

En notas periodísticas se mencionó que “en su último reporte, la ENSU del INEGI señala que el 76.6 por ciento de la población de la ciudad la califica como insegura. El porcentaje es mayor al del trimestre previo, cuando era el 68.9 por ciento de la población la que tenía esa percepción.

“Sin embargo, es mucho mayor a la de junio del 2024, cuando el 59.9 por ciento de la población adulta se sentía insegura en la capital...

“La ENSU también muestra que en la capital oaxaqueña la tercera parte de los hogares o alguno de sus integrantes han sido víctimas de delitos.

“Por ejemplo, de robo o asalto en la calle o en el transporte público, robo total de vehículo, robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos, robo a casa habitación y robo en forma distinta a las anteriores. Asimismo, delitos de fraude bancario y fraude al consumidor.”

En tanto, el fiscal (ya hemos dicho que está más ocupado en fabricar carpetas de investigación contra quienes consideran adversarios políticos del régimen) y el munícipe prefieren improvisar y culpar a los medios y a otros por la percepción de inseguridad. Los números no cuadran y las cifran lo que demuestra es incapacidad; ya es tiempo de que se pongan a trabajar en serio y dejen los discursos y las declaraciones.

SEGUNDO TIEMPO

Este 1 de noviembre un crimen conmocionó la opinión pública de México.

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante el festival de las velas, una especie de conmemoración por Día de Muertos.

Poco antes estuvo con sus hijos y transmitió en vivo una escena de aparente calma.

Los sicarios estaban ahí, entre la gente.

¿Cuál es la razón de la conmoción? Usted puede preguntarse que estamos a muchos kilómetros de Michoacán y puede que le importe poco, pero es innegable que estamos jodidos y nos está llevando la calaca.

Carlos Manzo es el grito desesperado de muchos mexicanos que están cansados de la inseguridad y no es demagogia.

Uruapan votó por Carlos como candidato independiente, incrédulos y desencantados de los partidos políticos.

Desde septiembre de 2024 su discurso fue durísimo contra un estado complaciente para el crimen organizado.

Denunció amenazas, el control que tenían los grupos delictivos en las zonas de producción de aguacate y otras actividades económicas de Uruapan y nada.

No sé quién fue el autor del crimen, aunque las versiones filtradas a la prensa señalan a un poderoso cartel del occidente de México que se ha extendido por todo el país y en el mundo, pero parece que todos sabemos quién le dará impunidad.

Este tipo de violencia denota un fracaso institucional, aunque digan que no.

Si eso le pasa a un presidente municipal, qué podemos esperar usted y yo.

El Estado está fallando, y el desafío del crimen es brutal. La gente debería interesarse porque Uruapan es México y el control del crimen ha sido nota internacional.

Manzo mismo declaró a medios internacionales que uno de sus grandes retos era gobernar “entre balas” y están los múltiples llamados que hizo para que la gobernabilidad local pasara por la detención de las acciones del crimen.

Ya no podrá gobernar. Las balas hablaron y para este lenguaje no hay derechos de réplica. Triste, lamentable, de rabia y de impotencia solo saber que pasó.

En su cuenta de X, la analista Brenda Estefan, que colabora con Reforma, recuerda el documental “México: los cárteles hacen la ley”, difundido en Francia hace tres meses y grabado en Uruapan, Michoacán, donde se muestra cómo el narco impone su ley. “En él, el hoy asesinado alcalde Carlos Manzo confiesa haber recibido amenazas de muerte desde el primer día de su mandato.”

"Mexico: los cárteles hacen la ley, es un reportaje de Michel Scott, emitido en el canal francés de noticias LCI. El documental, disponible en YouTube, muestra de forma muy cruda cómo el narco (crimen organizado) controla México.

“Filmado en Uruapan, Michoacán, a lo largo de una semana, este trabajo periodístico de 29 minutos revela como el narco impone su ley como un ejército implacable. Mientras la población vive atrapada en el miedo y sin confianza en las autoridades.

“El reportaje retrata un México sin ley ni justicia, con terror diario y asesinatos brutales constantes (16 en una semana) y en el que nadie escapa a la extorsión, incluso los aguacateros.

“En San Ángel, los vecinos forman milicias para protegerse: ‘Cerramos el pueblo si hay intrusos’. 

“El reportaje muestra también el dolor de Guadalupe, cuyo hijo de 28 años fue secuestrado. Las desapariciones ocurren a diario.

“Este documental se une a una larga lista de ellos, que se han grabado en los meses recientes y que exponen un México cooptado por el narco. 

“Esa es la imagen de México en el mundo. ¡Vaya tristeza!”

TERCER TIEMPO

México sigue pagando las consecuencias de las transas, de las ocurrencias, de los abusos y de las complicidades que se tejieron el sexenio pasado de AMLO.

Está a la vista de todos que las complicidades con el crimen organizado convirtieron a México en un narco Estado, tanto que el presidente Donald Trump ha reiterado que nuestro país está gobernado por los cárteles. Podremos estar en desacuerdo con muchas de las acciones y declaraciones del abusivo y autoritario presidente gringo, pero lo cierto es que en este caso, mentiras no dice.

Otro ejemplo es lo sucedido con el Aeropuerto Internacional Felipes Ángeles, el AIFA, un aeropuerto producto de una absurda ocurrencia y de los tantos rencores del ex presidente con los grupos políticos y económicos. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos ya le puso un hasta aquí a esa decisión arbitraria.

En la semana informó el diario español El País: 

“…El gobierno de Donald Trump ha arremetido contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el proyecto estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y prioridad de la Administración de Claudia Sheinbaum cuando aún no termina de despegar. 

“Washington informó este martes que cancelará 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia su país por el supuesto incumplimiento de México sobre el acuerdo aéreo binacional, signado en 2015. 

“La orden de Trump, además, cancela todos los servicios combinados —de carga y pasajeros— entre EE UU y el AIFA. Asimismo, se prohíbe la expansión de vuelos entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). 

“El veto a destinos como Nueva York, Los Ángeles y Miami afectará a las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, pero también al AIFA, una terminal aérea en vías de crecimiento y que busca consolidarse como una opción viable frente al AICM, el congestionado aeropuerto capitalino que recibe más de 45 millones de viajeros al año…”

Ahora le tocó el turno a otra de las venganzas de López Obrador: el asalto al Poder Judicial.

El abogado José Mario de la Garza Marroquín resume lo que los medios de comunicación informaron en la semana:

“Los CEOs de las empresas más poderosas de Estados Unidos —Apple, General Motors, JPMorgan, FedEx, Walmart, United Airlines, entre otros— acaban de denunciar que México vive un colapso del Estado de Derecho. Hablan de jueces electos por voto popular, hostigamiento del SAT, expropiaciones disfrazadas y favoritismo a Pemex, CFE y Mexicana. En su diagnóstico: la justicia mexicana se volvió un instrumento político.

“El mensaje es demoledor: la falta de independencia judicial, la arbitrariedad fiscal y la destrucción de los reguladores están hundiendo la confianza global en México. La Business Roundtable pidió a Washington restaurar los arbitrajes internacionales del T-MEC para proteger sus inversiones, porque —según ellos— ya no se puede confiar en los tribunales mexicanos. Esa frase es letal.

“Si la economía mexicana pierde credibilidad jurídica, no habrá inversión, ni empleo, ni futuro. No se trata de ideología, sino de confianza y legalidad. Un país donde los jueces se eligen por aplausos y el fisco castiga por consigna es un país que espanta al capital y sepulta su competitividad. Lo advirtieron los gigantes del mundo: sin justicia independiente, no hay nación viable.”

Asimismo, De la Garza Marroquín considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “está a punto de cruzar una línea que nunca debió tocar: revisar sentencias dictadas por sus antecesores. Si se permite que el Pleno reabra fallos firmes de las antiguas Salas, la Corte dejará de ser garante de la cosa juzgada y se convertirá en su propio tribunal de apelación. Eso no es justicia: es una fractura institucional.”

“La propuesta de ‘revisar’ sentencias de la Corte para contentar a la Fiscalía o revertir liberaciones incómodas… viola la esencia del Estado de Derecho. Reabrir lo juzgado por presión política destruye la certeza jurídica, la independencia judicial y la confianza social en la justicia constitucional.

“Una Corte que reescribe sus propias sentencias deja de ser Corte. Si hoy se permiten revisar decisiones firmes, mañana cualquier inocente liberado podrá volver a prisión, cualquier sentencia constitucional podrá ser anulada por conveniencia. La justicia no puede ser revisable al gusto del poder: la justicia es el límite del poder.”

Por su parte, la abogada y analista Melissa Ayala en su artículo “¿Adiós a la cosa juzgada?” para El Universal, considera que “en cualquier Estado constitucional, el principio de cosa juzgada es un pilar de la certeza y seguridad jurídica. Las sentencias de la Corte son definitivas y nos dan la certeza que asuntos similares han de resolverse como el precedente resuelto por nuestro tribunal constitucional.”

“Si una nueva integración decide revisar lo ya decidido, no por razones de control constitucional, sino por discrepar con una interpretación anterior, se abre un precedente riesgoso: el de una justicia que cambia con el viento de las mayorías.

“Las Cortes constitucionales pueden replantear sus criterios. Esa capacidad de repensarse es lo que mantiene viva a la Constitución. Lo crucial, sin embargo, es que las nuevas reflexiones tengan en todo momento un fundamento jurídico sólido, no una motivación política. La interpretación judicial evoluciona y en numerosos casos distintas cortes constitucionales, la nuestra incluida, han cambiado criterios que eran abiertamente discriminatorios para enmendar el error de sus antepasados. Sin embargo, en el contexto actual, tras una reforma judicial y una nueva corte electa en su totalidad, esta posibilidad preocupa.

“Los riesgos de abrir esa puerta resultan claros. Primero, la inseguridad jurídica: si cada integración revisa lo ya resuelto, las personas dejan de confiar en la estabilidad del derecho. Y segundo, el uso político del precedente: los fallos pueden convertirse en instrumentos de poder, más que en expresiones de deliberación constitucional…

“Una Corte no sólo aplica de manera literal la Constitución: también la interpreta, la actualiza y la hace dialogar con su tiempo. Pero reinterpretar no es reescribir. Si cada nueva integración puede hacerlo a su antojo, el derecho deja de ser un lenguaje común y se convierte en una conversación fragmentada.

Esa es, quizá, la mayor lección que deja este debate: los tribunales pueden transformarse, pero la justicia necesita continuidad. Las Cortes cambian de rostro, pero el país debe tener la certeza que sus interpretaciones se basan en derecho y no dependen del calendario político.”

COLOFÓN

No se a quién se le ocurrió poner decoraciones chinas en los adornos para las festividades del Día de Muertos en Oaxaca. Y lo peor es que sólo les quitaron las etiquetas con la leyenda “Made in China”, luego de que fueron exhibidos los videos de las calaveras que colocaron en las calles de la capital.

Las decoraciones chinas han causado polémica y molestia. Estas piezas han generado críticas y un debate sobre la preservación de la autenticidad de la tradición oaxaqueña, que está fuertemente ligada a la artesanía local.

A lo anterior agregue la competencia desleal con los productos que fabrican los artesanos oaxaqueños, y la pérdida de autenticidad en una tradición tan arraigada entre la población.

Las ‘chinadas’ que compró el gobierno estatal se mezclaron con productos originales como las calaveras hechas con técnicas de barro, papel maché y madera; el pan de muerto tradicional decorado, las flores de cempasúchil utilizadas para crear los altares, el papel picado decorativo, el copal e incienso usados para purificar y como ofrenda a los difuntos, así como las veladoras y velas para iluminar el camino de las almas.

Ya ni la ‘chinan’ con las ‘chinadas’

NGE