Juchitán un municipio perdido y envuelto en una espiral de violencia; Poco o nada han hecho Oaxaca y Puebla para encontrar a activista trans María Mendoza; y Oportunismo político y la pésima fama pública de algunos vivales

 

COLUMNA

+ A Juchitán ya se lo cargó el payaso; es un municipio perdido y envuelto en una espiral de violencia interminable.

+ Poco o nada han hecho autoridades de Oaxaca y Puebla para encontrar a la activista trans María Mendoza Lucas.

+ El oportunismo político y la pésima fama pública de algunos vivales, empañaron la marcha en Oaxaca.

PRIMER TIEMPO

A Juchitán ya se lo cargó el payaso. Es un territorio perdido, controlado por el crimen organizado y envuelto en una espiral de violencia interminable.

Juchitán es uno de los principales municipios del Istmo de Tehuantepec y enfrenta una grave crisis de violencia y crimen organizado, con una situación de inseguridad que ha llevado a la intervención de fuerzas federales debido a la intensidad de los hechos delictivos. Sin embargo, a pesar de los operativos de seguridad como el cacaraqueado “Operativo Sable”, la violencia persiste.

Tiene alta incidencia delictiva y ha sido identificado como uno de los municipios más violentos de Oaxaca, con reportes diarios de homicidios y otros delitos de alto impacto.

Varios grupos delincuenciales operan en la región del Istmo de Tehuantepec, dedicándose a actividades como el homicidio, la extorsión, el secuestro y el “cobro de piso”, una especie de “impuesto” que los criminales imponen a la gente que trabaja de manera honesta, utilizando la violencia para obligarlos a pagarlo y asesinando a quienes se oponen a entregar las ganancias de su trabajo.

La corrupción policial está desbordada. Se han descubierto vínculos entre las fuerzas de seguridad locales y el crimen organizado. El pasado junio de este 2025, las fuerzas federales (Sedena, Semar, Guardia Nacional) tomaron el control de la policía municipal y del centro de control y comando (C2) de Juchitán, tras descubrir que el sistema de vigilancia estaba siendo utilizado por criminales para sus operaciones. El director del C2 fue detenido bajo sospecha de filtrar información.

Pero la intervención policiaca y militar se convirtió en una acción de gatopardismo, esto es, simular un cambio para que nada cambie con el objetivo de mantener la posición de poder. 

Más tardaron en hacer los operativos que en regresar el control al presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, Miguel ‘Quetu’, y a su cuestionada policía municipal.

¿Qué pasó después? Más violencia y crímenes, pero escalando a actos deplorables como el asesinato de la niña Noelia, de apenas cuatro años de edad.

En noviembre se reportaron múltiples incidentes violentos, incluyendo el asesinato de varias personas (entre ellas un mototaxista y tres personas más en un ataque donde desapareció la niña Noelia que posteriormente fue hallada sin vida) y el hallazgo de cuerpos con signos de tortura.

Además de los asesinatos, se han registrado ataques directos a negocios (como el incendio de tiendas OXXO) por la negativa al pago de extorsiones. 

La situación en Juchitán es crítica, con el crimen organizado desafiando el orden público y el Estado de Derecho, y una población civil que vive bajo una constante amenaza de violencia. Las estrategias de seguridad implementadas no han logrado erradicar el problema de raíz hasta la fecha, porque definitivamente no quieren hacerlo.

Crímenes y extorsiones ahogan no sólo a Juchitán, sino a varios municipios de Oaxaca, que paso a paso va camino a “michoacanizarse”.

Sobre las extorsiones de los delincuentes, Ana Laura Magaloni Kerpel, abogada, investigadora y profesora mexicana, en su artículo para Reforma definió al “cobro de piso” como “El SAT del crimen”. 

Tanto ha crecido en el país este delito, que una de las principales organizaciones empresariales de México, la Coparmex, señaló que la extorsión tiene de rodillas a los empresarios; “estrangula la economía por falta de Estado”.

Por su importancia, les comparto los que escribió Ana Laura Magaloni:

“El cobro de ‘derecho de piso’ es el sistema tributario del crimen organizado. No recauda con requerimientos, multas y recargos, sino con amenazas de muerte. Miles de pequeños, medianos y grandes comerciantes viven así, con la pistola invisible sobre la nuca. Esa es hoy la normalidad en amplias zonas del país.

“Este delito es territorial. El crimen avanza negocio por negocio, cuadra por cuadra. Se mapea quién vende tortillas, quién opera una bodega, quién maneja un tianguis, quién tiene un restaurante o una farmacia, y se establece una tarifa mensual. Quien cobra manda. El ‘derecho de piso’ es una forma de gobierno local: decide quién abre, a qué precio vende y, a veces, en qué horario trabaja. También decide cuánto hay que pagar y quién muere si no lo hace. Donde ese ‘SAT criminal’ se instala, el Estado pierde los dos monopolios que lo definen: el de la fuerza y el de la tributación. Llevamos décadas con un Estado sin el monopolio de la fuerza, pero es la primera vez que nos enfrentamos al amplio poder del crimen para imponer y cobrar ‘impuestos’.

“¿Cómo llegamos aquí? Hipótesis: en el sexenio pasado se apostó por un repliegue del uso de la fuerza y por la contención del delito a través de programas sociales y trabajo territorial. Se abandonó por completo la construcción, en paralelo, de capacidades locales de policía, inteligencia y persecución criminal. Ese vacío abrió la puerta a que las mafias profesionalizaran su recaudación y expandieran su control del territorio. Hoy el cobro de ‘derecho de piso’ se ha vuelto el indicador fino de nuestra crisis de seguridad porque expresa quién manda en la calle.

“¿Qué efectos tiene que tantas personas emprendedoras sientan hoy una pistola invisible al cuello? Michoacán nos ofrece una fotografía. El derecho de piso produce impotencia y enojo social. Este hartazgo hoy comienza a canalizarse hacia posiciones políticas de derecha y de mano dura. ¿Dónde más se está gestando el fenómeno Michoacán? No lo sabemos; el ‘cobro de piso’ es un cáncer no diagnosticado que ha hecho metástasis en muchas partes del territorio nacional.

“A la Presidenta le toca enfrentar un control criminal territorial desbordado. Ella y su gabinete de seguridad lo saben. Su gobierno lanzó una Estrategia Nacional contra la Extorsión y en Michoacán se va a poner a prueba. El éxito de su estrategia es quizá lo más importante que pueda suceder en su sexenio. No es posible imaginar un país próspero e incluyente que no pase por recuperar el control del Estado en el territorio, al menos en lo que toca a la actividad económica del país.

“El ‘derecho de piso’ es un delito extremadamente complejo de perseguir y castigar. A diferencia de los homicidios, es un delito con una enorme cifra negra. El número de carpetas de investigación por extorsión no sirve para medir este delito. Las personas que pagan ‘derecho de piso’ están amenazadas de muerte, por ello prácticamente no denuncian. Para romper el silencio de las víctimas, debe existir un cerco confiable y creíble de protección del Estado. Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, y Bernardo Bravo, presidente de la asociación de limoneros de Michoacán, alzaron la voz y hoy están muertos.

“La solución es muy compleja. En un primer momento, se necesitan las capacidades federales de inteligencia y persecución para desarticular a las grandes mafias de ‘cobro de derecho de piso’ sin esperar a que denuncien las víctimas. Sin embargo, la Federación no alcanza sola: sin policías estatales y fiscalías locales profesionalizadas y protegidas, lo ganado en operativos se perderá en semanas. El Plan Michoacán de la Presidenta contempla estos dos elementos.

“El tercer elemento es el político y entiendo que no pueda ser explícito, pero es fundamental. La estrategia de la Presidenta debe lograr inhibir, frenar y sancionar los pactos entre las mafias y la clase política local —principalmente gobernadores y alcaldes—. De lo contrario, el SAT del crimen seguirá expandiendo su poderío territorial.”

SEGUNDO TIEMPO

Ya son casi tres meses de la desaparición de la artista María Mendoza Lucas, una mujer transgénero que fue reportada como desaparecida el pasado 27 de octubre.

María es una activista trans, danzante y defensora de derechos humanos y del territorio mixe originaria de nuestro estado. También es conocida como María Hermenegilda Tonanzi y es reconocida en su comunidad y entre activistas por su trabajo como artista multidisciplinaria y promotora cultural. Su caso ha generado preocupación debido a su labor como defensora de derechos humanos y por ser una mujer trans, lo que la expone a mayores riesgos.

Sobre su desaparición, poco o nada han hecho en los canales oficiales.

La Comisión de Búsqueda emitió la ficha de búsqueda con su nombre de pila, pero no ha intensificado las investigaciones. Sólo ha colgado cartelitos y familiares y colectivos consideran que debe haber un operativo por tierra, apoyado de Fiscalía y otras instancias.

Además, solicitar de manera formal que intervengan las instancias de Puebla, pues ahí fue donde se le vio por última vez. 

Organizaciones civiles, colectivos feministas y su familia han exigido a las fiscalías y autoridades correspondientes la intensificación de su búsqueda y su aparición con vida. 

Oaxaca está considerado un entorno violento para defensores de derechos humanos y periodistas. La desaparición de María se suma a la larga lista de agravios que se desconocen como tal.

La comunidad LGBT+ ha dicho que está en riesgo, mucho más cuando se es activista y defensora de alguna causa.

Ojalá que tomen en serio la demanda de búsqueda y aparezca pronto.

TERCER TIEMPO

La muerte de Carlos Manzo movió la sensibilidad social en México, sin duda. Pero no olvidemos que fue un asesinato, un crimen, aunque eso precisamente lo hace un mártir, como está en nuestro Himno Nacional.

En 1943 Francisco González escribió “Méxicanos, al grito de guerra… tus campiñas de sangre se rieguen, sobre sangre se estampe tu pie”.

Claro, esta otra época y hablaba de otras guerras. Pero México está teñido de sangre y sangre de mexicanos que como Carlos Manzo, quisieron hacer algo por este país.

Este sábado hubo marchas en distintos estados de México. Tal vez no fueron tan numerosas como los organizadores esperaban, pero algo está pasando y el movimiento del sombrero puede convertirse en tambor que convoque a la gente.

Sobre todo, tendrían que motivar a los inconformes a salir a las urnas, pues en las calles no pasa de ser una fotografía del momento.

Como hemos dicho en otras ocasiones, este tipo de movimiento debe blindarse de oportunistas. 

En Oaxaca la presencia de grupos afines al petista Benjamín Robles Montoya y otros oportunistas conocidos por su pésima fama pública, dio al traste con la intención ciudadana.

Como bien dicen, cada quien lleva agua a su molino, pero que no la riegue, porque la gente tampoco es tonta.

Era un movimiento por la seguridad, por la memoria de Carlos Manzo y por una legítima aspiración de la gente a tener un entorno seguro.

Bien harían estos grupos en echar no solo a los del llamado bloque negro, sino también a esos oportunistas que no han hecho por ganar el voto en las urnas.

COLOFÓN

Y hablando del grupo de Benjamín Robles, están que no les calienta ni el sol porque la diputada Tania Caballero Navarro, pariente política del gobernador, llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca.

Los opositores internos de Morena que están en el Partido del Trabajo, el PT, han difundido este caso como uno más de nepotismo, señalando además que la diputada no cuenta con el sustento académico de por lo menos una licenciatura.

Pero Robles Montoya no tiene razón legal en este caso.

Todavía muchos recordarán que Benjamín Robles fue quien metió en un gran lío al nefasto de Gabino Cué al solicitarle a todos los funcionarios públicos que tuvieran licenciatura; paradójicamente, quien ahora se dice doctor, no tenía su documentación en regla.

Bueno, pues en la Constitución dice que debe uno remontarse al artículo 55 Constitucional, esto es que para ser diputado o diputada, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa o residir seis meses antes, no estar en el Ejército ni ser policía, no ser funcionario a menos que se separen del cargo, entre otros más.

Revíselo, confirmará que en ningún requisito, ni local ni federal, piden que tenga licenciatura o determinado grado de estudios.

Desde Platón, el concepto de moral en la política se ha discutido. Pudiera ser, en ese marco referencial, que éticamente quien ocupe un cargo debiera ser un ciudadano que haya tenido una formación académica, pero si es como Maquiavelo, puede que piense que un político debe estar dispuesto a la inmoralidad, si fuera necesario, para mantener el poder.

Puede que a algunos convenzan de que la señora Tania no debe presidir el Congreso, pero en ningún lado están infringiendo la ley. Y lo moral, en estos tiempos, no cuenta mucho, ni siquiera para quienes critican, porque tampoco son ideológicamente puros y no cuentan con el peso específico para criticar algo que ellos mismos hacen.

Imagínese, a Benjamín Robles teniendo a toda su parentela en cargos políticos y hablando de nepotismo. 

Bien dicen que pare tener el pico largo hay que tener la cola corta.

Finalmente ¿de verdad era necesario poner a otro pariente? No importa que se trate de un poder supuestamente autónomo, porque en los hechos todos saben que en Oaxaca es el titular del Poder Ejecutivo el que dispone y propone en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.

NGE