Han dejado que se pudra el conflicto de trabajadores del MACO; Continúan abusos contra trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca; y Convertir al Estado de Derecho en un campo de batalla político erosiona bases del sistema de justicia

 

COLUMNA  

+ Han dejado que se pudra el conflicto de los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo. 

+ Continúan abusos contra trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca; no hay sensibilidad ni empatía con los 300 despedidos. 

+ Convertir al Estado de Derecho en un campo de batalla político, erosiona las bases del sistema de justicia.

 

PRIMER TIEMPO 

Esa manía de dejar todo a medias en esta administración está causando malestar.  

Mientras con bombo y platillo se anunció, le contamos en este espacio, las actividades por los 90 años del artista plástico Shinzaburo Takeda, otro escenario sombrío ocurría con los trabajadores del museo donde se presentó la exposición, a quienes le negaron este estatus desde hace tiempo, cuando todavía se llamaba Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el MACO. 

Creyeron en la palabra del anterior secretario de Cultura, Víctor Manuel Vásquez Castillejos, a quien llaman Víctor Cata, que anda como alma en pena, solo él y sus letras, una vez que lo movieron de la Secretaría para nombrarlo director de esa cosa que llamaron Instituto Estatal de Fomento a las Lenguas Indígenas. 

Pero Víctor Cata no cumplió, no se sabe si por falta de voluntad o por su total desconocimiento en la administración pública.

El caso es que no les pagó y había ya un acuerdo en ese sentido. Se les finiquitaría lo relativo a sus años de servicio y se acabó, incluso a varios de ellos se les ofrecería, en su caso, alguna opción para incorporarlos a las áreas que son de su entendimiento. Pero no, tampoco pasó. 

Ahora, al reluciente Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas, el MACCO, lo empaña la injusticia y la violencia institucional de estos tiempos de la supuesta primavera, porque salieron igual o peor que los de antes. 

El nuevo secretario, Flavio Sosa Villavicencio, pidió tiempo, por ahora es momento de celebración, ya después verán qué pasa. Ojalá tenga la sensibilidad para resolver y destrabar este asunto que se ha podrido como otros más. Será una de sus pruebas, no sólo de capacidad, sino de sensibilidad, algo de lo que carecen en este gobierno.

Retomo algunos antecedentes que mencionó la reportera cultural Carina Pérez García en una entrevista que le hizo al entonces secretario Víctor Cata, publicada en un diario local el 17 de junio de 2024: 

“La sede del MACCO es una casa antigua construida a finales del siglo 17 y principios del 18 por las familias Lazo de la Vega y Pinelo, cuyo escudo de armas preside la fachada; popularmente, el edificio es conocido como ‘la casa de Hernán Cortés’. 

“Con los años, la casona de las familias Lazo de la Vega y Pinelo pasó a manos de distintos propietarios, hasta que el Gobierno del Estado la adquirió en 1986, para instalar en ella el Museo de la Ciudad. 

“Seis años después, el 28 de febrero de 1992, la iniciativa conjunta de artistas, ciudadanos y autoridades, dio un nuevo uso al inmueble con la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.

“Francisco Toledo y los Amigos del MACO fundaron este espacio en 1992. 

Entrampados en un conflicto laboral que comenzó en el año 2020, cuando suspendieron el pago de sus salarios a unos 11 trabajadores, el problema reventó con el desalojo del inmueble y el cierre del museo en abril de 2021. 

En sus protestas, los trabajadores del MACO denunciaron acciones violentas que, aseguraron, derivaron en secuestro, robo e intimidación de la Policía Auxiliar.

Por ese desalojo de la Policía Auxiliar de las instalaciones del museo, presentaron denuncias en la Fiscalía y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra la Asociación Civil “Amigos del MACO”, quienes tenían en comodato el inmueble, recibían presupuesto del gobierno del estado pero, según denuncias del personal, no cumplían con los pagos. 

Con el cambio de gobierno anterior al actual, los trabajadores se encontraron con la justificaciones de siempre: fueron los anteriores funcionarios, no les podemos ayudar. Lo que sí hicieron en este sexenio, fue recuperar el inmueble del museo.

Ya en esa entrevista del año pasado, Víctor Cata se deslindaba:  

“Desde que yo tomé la rectoría de la Seculta, en los primeros meses, me reuní con ellos y ellos están conscientes de que no tienen un vínculo laboral con la Secretaría de las Culturas, sino con la asociación civil ‘Amigos del Maco’. De hecho, siete de los ex trabajadores han presentado su queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y su proceso sigue. 

“Nosotros como Secretaría de las Culturas no podemos contratarlos ni restituirlos, puesto que nunca tuvimos un vínculo laboral con ellos. Respetamos su lucha y sí, efectivamente se les adeuda, pero esa deuda la contrajeron con la asociación civil, no con nosotros". 

El funcionario señaló que “hubo resistencia de parte de la Asociación Amigos del MACO para entregar las obras, por eso es que catearon los espacios, pero ahora que regresaron todas las obras, estamos cotejando que estén”. 

“Como bien saben, el 23 de mayo (de 2024) se me entregaron las instalaciones del museo, así como un listado dividido en dos partes en donde se habla de las obras que están dentro del museo que está en Alcalá y también del mobiliario… 

“A partir de esa fecha me puse en contacto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), del cual depende el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), pues ellos son especialistas, sobre todo porque me interesa ver cuál es el estado de las obras; ellos ya están trabajando en el museo.  

“Otra de las rutas fue pedirle al director general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), que valorara en qué estado está la infraestructura del edificio.

"Otra de las rutas fue que el departamento de recursos de la Seculta valorara que el mobiliario que se describe en el listado que se me entregó, también realmente esté...

“Por otro lado, se me entregó otro listado que se encuentra físicamente en lo que llaman la bodega, localizada en la calle 21 de Marzo, en la colonia Unión y Progreso; ahí también entró personal del Cencropam, con personal de la Seculta y ya estamos trabajando.

“He de señalar que son tres edificios que pertenecen al museo: el de la calle Macedonio Alcalá, el de la calle 21 de Marzo en la colonia Unión y Progreso, y el de la calle de Abasolo, conocido como El Chamaco.”

SEGUNDO TIEMPO

En el Ayuntamiento de Oaxaca hay caras largas por el despido de unas 300 personas, jefes y jefas de familia que desecharon con el que argumento de que llegaron con la administración de Francisco Martínez Neri. Los despidos no fueron parejos; hay personas que llevan más de 20 años con contratos de confianza, porque los sindicatos tienen sus propias dinámicas y no basifican a cualquiera sino sólo a quienes ellos quieren. 

Este 15 de febrero ya van tres quincenas que no les pagan. Además, les pidieron firmar sus renuncias con fecha 31 de diciembre. El personal teme que ya no les paguen sus tres quincenas y que se queden sin trabajo, sin ninguna garantía al firmar renuncias con fecha anterior.

Con la esperanza de conservar su empleo, han dado tequio durante enero y lo que va de febrero, pero no saben cuál es la razón de la falta de pagos. 

A principios de este mes, los despedidos abordaron al presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, y denunciaron una serie de acciones que califican como hostigamiento laboral y despidos injustificados. Los empleados aseguraron que se les está obligando a firmar cartas de renuncia bajo la amenaza de no recibir sus salarios y perder sus puestos de trabajo. 

También señalaron que han sido objeto de amenazas, hostigamiento y acoso laboral, así como acciones que atentan contra su dignidad humana. Además, les han retenido sus salarios correspondientes a las dos quincenas del mes de enero y la primera de febrero de 2025, bajo la promesa de que se les pagará en cuanto firmen su renuncia. 

Los trabajadores que se han negado a firmar la carta de renuncia son objeto de despojo de sus puestos de trabajo, les quitan las sillas, credenciales, los sacan de sus áreas laborales y los despojan de sus uniformes, y han sido borrados del sistema para que no puedan registrar el ingreso a sus centros de trabajo en los relojes checadores.

Los trabajadores exigieron a Ray Chagoya que cese el hostigamiento y amenazas contra ellos, que se liberen sus pagos retenidos desde el mes de enero, que detenga la violación a sus derechos humanos y que se respeten sus puestos de trabajo. También le informaron que no van a firmar la carta de renuncia, por ser ilegal y violatoria de sus derechos laborales.

Sin el menor asomo de sensibilidad y empatía, el nuevo gobierno municipal muestra su cara abusiva y autoritaria.

TERCER TIEMPO

En su texto “Justicia a la carta” de este domingo, la abogada Melissa Ayala analiza un tema fundamental para nuestro deteriorado Estado de Derecho: el respeto a las decisiones judiciales en un entorno donde tanto el Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el TEPJF) y el Congreso Federal, se pasan por el arco del triunfo el respeto a la ley y la división de poderes.

Destaco dos menciones importantes de la articulista:

“Cuando el Estado de Derecho se convierte en un campo de batalla político, el mayor riesgo no lo corren las instituciones, sino la ciudadanía.”

“…el verdadero desafío es evitar que se sigan erosionando las bases sobre las que descansa nuestro sistema de justicia. Es necesario recordar que la ley no es opcional ni negociable, y que su integridad es la única garantía real contra el abuso del poder.”

Escribe la también activista:

“El Estado de Derecho se sostiene sobre un principio esencial: el respeto a las decisiones judiciales. Sin embargo, cuando distintas autoridades comienzan a decidir qué resoluciones acatar y cuáles ignorar, ese principio se desmorona. El 13 de febrero, el Pleno de la Suprema Corte abordó un caso que expone con crudeza esta problemática: una Sala Superior que desconoció suspensiones en juicios de amparo, jueces de distrito que emitieron suspensiones en materias en las que no tienen competencia y un entorno institucional donde la obediencia selectiva a la ley se ha convertido en una peligrosa normalidad. La resolución de la Corte fue clara, pero los hechos que la originaron evidencian una crisis más profunda en la implementación de la reforma judicial y en la manera en que se concibe —y se manipula— la justicia en México.

“El Pleno de la Suprema Corte discutió un asunto que, en esencia, pone en jaque el Estado de Derecho en su forma más fundamental. Se debatió cómo una Sala Superior, mediante asuntos generales, decidió que no debían acatarse suspensiones en juicios de amparo. Se analizó cómo jueces de distrito emitieron suspensiones, algunas en materia electoral, incluso cuando la normativa no lo permite. Y se evidenció cómo distintas autoridades han optado por decidir arbitrariamente qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles ignorar.

“He de comenzar señalando que la Sala Superior intentó impedir la participación de cuatro ministros de la Suprema Corte—Norma Piña, Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Pardo Rebolledo—alegando una supuesta animadversión hacia la reforma judicial. Sin embargo, el Pleno de la Corte rechazó estos impedimentos con seis votos a favor de su improcedencia, al considerar que el TEPJF carecía de legitimación para plantearlos y que el caso no se trataba de la reforma judicial, sino de un conflicto de competencias dentro del Poder Judicial. Como bien puntualizó el ministro Laynez estos intentos tenían la intención de bloquear al Tribunal Constitucional, es decir, se buscaba a toda costa evitar una resolución que pusiera fin a la incertidumbre en la que tanto las autoridades como ciudadanía estamos inmersos, pues de aceptarse los impedimentos, el Pleno habría quedado sin quórum suficiente para sesionar.

“Como señaló el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la realidad que este caso revela es inquietante: el Estado de Derecho no colapsa de un día para otro, sino que se erosiona lentamente, decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento. A través de sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención arbitraria de competencias y la subordinación del derecho a intereses políticos.

“En términos concretos, la Corte determinó que aquellas sentencias de la Sala Superior que permitían desacatar e incumplir órdenes de suspensión en juicios de amparo son meras opiniones. Asimismo, ordenó a los jueces de distrito que hayan emitido suspensiones contra la implementación de la reforma judicial que revisen de oficio sus autos de suspensión en un plazo de 24 horas.

“El primer aspecto a destacar de lo que vimos este jueves es lo complejo y caótico que ha resultado la implementación de la reforma al Poder Judicial, al grado de que ni siquiera se ha respetado. Basta con observar lo que el propio poder reformador estableció en las reglas transitorias. El artículo décimo primero señala: ‘Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan implicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial’.

“Esto contrasta drásticamente con lo ocurrido en el Senado, donde se insacularon nombres sin una evaluación de idoneidad y se remitieron al INE en nombre del Poder Judicial, trasladando una responsabilidad que no le corresponde y en abierta contradicción con el texto constitucional.

“El segundo punto clave lo planteó el ministro Laynez al referirse a las suspensiones emitidas por diversos juzgadores de distrito. ¿Hubo excesos en algunas de ellas? Muy probablemente. Pero para ello existen recursos específicos contra las suspensiones provisionales y definitivas. Sentar un precedente donde cada autoridad pueda decidir arbitrariamente qué suspensión acatar y cuál ignorar tendrá consecuencias directas sobre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque legitima la discrecionalidad en la aplicación de la justicia. Si hoy se permite ignorar una suspensión judicial, mañana cualquier derecho puede quedar sujeto a los intereses del poder en turno.

“Lo que ocurrió en este caso no es un episodio aislado, sino una señal de alarma. Cuando el Estado de Derecho se convierte en un campo de batalla político, el mayor riesgo no lo corren las instituciones, sino la ciudadanía. Si permitimos que la aplicación de la justicia dependa de quien las emite, o de si nos agrada el contenido, dejamos abierta la puerta para que mañana cualquier derecho pueda ser vulnerado sin consecuencias. La resolución de la Corte restablece, aunque sea un poco, un límite, pero el verdadero desafío es evitar que se sigan erosionando las bases sobre las que descansa nuestro sistema de justicia. Es necesario recordar que la ley no es opcional ni negociable, y que su integridad es la única garantía real contra el abuso del poder.”

COLOFÓN 

Cobijados en el agarrón que traen el gobernador Salomón Jara con los ex gobernadores José y Alejandro Murat, no falta quienes se quieren pasar de vivos organizando y promoviendo campañas de golpeteo contra sus adversarias y adversarios políticos que aspiran en Morena a la gubernatura, ya sea la de dos años o bien la que le sigue de seis años. 

Y qué mejor oportunidad para esconder la mano negra, que el conflicto mediático, verbal y político entre los ex y el actual gobernador. Así toda la grilla que hacen y el veneno que escupen contra sus compañeras y compañeros guindas en diversas vías, se la pueden atribuir al de Polanco, sin que haya sospechas de que varios de los golpes salen desde la propia casa. 

Para eso sirven los impresentables y corruptos “asesores” en nómina, quienes han hecho las mismas grillas y tenebras desde los tiempos del ahora odiado tricolor. Y son tan predecibles que ocupan las mismas herramientas digitales y hasta ‘operan’ en los mismos lugares de reunión: el restaurante bar Al Punto de la colonia Reforma, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

Van unos fragmentos de la columna de Raúl Nathán en este domingo que tituló “Morena versus Morena”: 

“Algunos temas de la agenda política han devenido una bomba de tiempo. Los burócratas despedidos y las demandas del sector salud, puntean… La guerra está declarada... Es Morena contra Morena… 

“…La sucesión de 2028 no es ajena a este episodio. Grupos y actores al interior de Morena y la soberbia de algunos funcionarios primaverales le hacen el juego...”

Para Raúl Nathán, en las protestas e inconformidades contra el gobierno de Oaxaca, “…mucho tiene que ver con la inexperiencia y la falta de oficio político en el equipo gubernamental. Es Morena, no una desdibujada e inexistente oposición. Son los mismos enemigos íntimos…”

La última mención es de su columna del 2 de febrero. Y aquí les va otra perla de ese texto: “Quienes ya padecen calenturas tempraneras para el 2028, son quienes conspiran…”

Recordemos lo que dice el dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aunque por lo que escriben y comentan en varias columnas, parece que todos los demás sí lo ven.

 

NGE