Burócratas de Oaxaca, los verdaderamente perjudicados en una interminable lucha por el poder; Más sobre la Caja de Ahorro CONCRECES; y Desaparición del INAI y Plataforma Nacional de Transparencia pone en riesgo futuro del acceso a información y supervisión del poder

 

COLUMNA

+ Burócratas de Oaxaca, los verdaderamente perjudicados en una interminable lucha por el poder.

+ Más sobre la Caja de Ahorro CONCRECES: no es uno, sino tres, los fideicomisos “insolventes y amañados” con los que defraudaron a socios.

+ La desaparición del INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia pone en riesgo el futuro del acceso a la información y la supervisión del poder.

PRIMER TIEMPO

Éramos muchos y parió la abuela. Así dicen en Oaxaca cuando sobre un problema, se presenta otro más y de mayor dimensión. 

Pues parió la abuela y parece que tuvo contracturas, pues no le salió bien el ‘muchito’. La abuela, por supuesto, es el gobierno estatal de Morena y sus funcionarios, que no atinan a resolver un problema cuando ya tienen otro más.

¡Qué necesidad! O qué necedad, esa de pelearse con la burocracia, aunque en realidad los trabajadores del gobierno estatal son los únicos perjudicados en un añejo e interminable pleito entre poderosos grupos políticos que mantienen una interminable lucha por el poder.

Y a quienes integran estos poderosos grupos políticos no les importa nada ni nadie, mucho menos llevarse entre las patas a sus colaboradores y a los burócratas del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, el STPEIDCEO, perjudicando incluso a familias enteras.

En el tema del sindicato de burócratas, las plazas del gobierno estatal y la lucha de poder por los espacios políticos y sindicales, el grupo del actual gobernador Salomón Jara Cruz tiene una confrontación directa con los grupos de tres ex gobernadores: Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa y José Murat Casab. Confrontación que reiteradamente mencionan en sus conferencias de prensa tanto el gobernador Jara como sus funcionarios.

Este pleitazo es el punto central de todo lo que sucede. No hay más, aunque le digan o le den otras versiones como la defensa del presupuesto, el castigo a la venta de plazas, la defensa de los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, todo eso es rollo y argumentos que sirven para las justificaciones, porque en realidad se trata sólo y simplemente de la descarnada lucha por el poder.

En ese contexto, el pleito por la dirigencia sindical fue lo que llevó al abusivo decreto del Congreso oaxaqueño para correr a 1 mil 344 trabajadores, documento que se sacaron de la manga los diputados locales que han jugado un vergonzoso papel de borregos, tanto así que en redes sociales estuvo corriendo el documento que les sirvió de base ¡con el nombre de otro estado!, o sea, presumiblemente copiaron y pegaron la propuesta utilizada en la Legislatura de ¡Baja California!, con todo y el nombre de otro estado.

Un cochinero y la improvisación para la venganza política, luego de que la planilla blanca, afín al oficialismo guinda, perdió con la planilla rosa, que identifican con el ex dirigente sindical Juan Rafael Rosas Herrera, relacionado con personajes de pasados gobiernos priistas y aliancistas, pero que ahora también están en las filas de Morena o a su servicio.

Esto fue lo que provocó, primero, la anulación de las elecciones sindicales (aunque horas más tarde hayan reconocido de manera extraoficial el triunfo de la planilla rosa) y, después, el despido de 1 mil 344 trabajadores.

Para los contextos, veamos quiénes han sido funcionarios y dirigentes sindicales en la última década.

Estos fueron los secretarios y encargados del despacho: con Gabino Cué Monteagudo el titular de la Secretaría de Administración fue Alberto Vargas Varela, en tanto que en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa lo fueron Javier Villacaña Jiménez, Carlos Melgoza Martín del Campo, Germán Espinosa Santibáñez y Mariana Nassar Piñeyro. Con Salomón Jara, ese cargo lo han ocupado el actual Senador Antonino Morales Toledo y Noel Hernández Rito.

Los dirigentes sindicales en los dos últimos sexenios y lo que va del actual fueron: Joel Castillo Pérez, Víctor Manuel Hernández Bustamante, Felipe Noel Cruz Pinacho, Juan Ignacio Cruz Villavicencio, Juan Rafael Rosas Herrera y el actual secretario general del STPEIDCEO, Pedro Castillejos Villalobos, a quienes sus mismos compañeros han señalado de traidor y de estar al servicio del gobierno.

Pero como decía, a nadie le importan las y los trabajadores, que al final son los realmente perjudicados en este lucha por el poder.

Estoy segura que hay personas en la lista de ese decreto que no son precisamente trabajadores. Es más, seguramente ni siquiera han conocido su lugar de adscripción. 

Sin embargo, la gran mayoría sí laboran realmente en la estructura del gobierno estatal, cumpliendo sus funciones y un horario, colaborando en la solución de los problemas de las dependencias donde trabajan y participando en la tareas sindicales.

Ellas y ellos son trabajadores que dan sustento a familias completas, con salarios que van de los 10 mil a los 20 mil pesos mensuales. Nada extraordinario ni que se compare con los salarios arriba de los 100 mil pesos mensuales de los diputados que firmaron el decreto, o con la enorme corrupción que permeó en el pasado y que sigue vigente en el presente.

¿Cómo obtuvieron sus plazas? Pues cumpliendo con los trámites y los usos (o abusos) y costumbres sindicales, de la misma manera que lo han hecho en estos dos años que tiene Morena en el gobierno estatal.

Dos de las principales recomendaciones a quienes se inician en la política son: 1. Mucho cuidado con los sindicatos, y 2. No hay que meterse con el dinero de la gente ni de los trabajadores. El enojo en las protestas que siguieron al decreto, son provocadas por no seguir el sentido común, porque aún con todas las manos que intervienen, las inconformidades no crecen sin apoyo popular, pero si se afecta directamente a la gente en sus ingresos y en sus trabajos, ya se ve lo que sucede.

En su columna “De paradojas y utopias” de este domingo, Raúl Nathán menciona: “Decía Maquiavelo que nada más grave para el príncipe que afectar el bolsillo de sus súbditos. El tema de las 1 mil 344 plazas puede convertirse en una bola de nieve y poner en serios aprietos la gobernabilidad. Se abrió otro frente, además del existente de los trabajadores de Salud con IMSS-Bienestar…”

Por su parte, el sociólogo Isidoro Yescas escribió en un diario local:

“Un gobierno que se asume de izquierda debería tener como principio básico no atentar contra los derechos laborales de los trabajadores. Y sin embargo en Oaxaca eso está ocurriendo con los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado agrupados en el STPEIDCEO a quienes primero, el poder ejecutivo dividió para confrontarlos en la renovación de su Comité Ejecutivo y luego, casi en sintonía en tiempos y propósitos, la LXVI legislatura revocó 1,344 plazas asignadas, en su mayor parte, a un número igual de hombres y mujeres durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016, PRD-PAN) y Alejandro Murat (2016-2022, PRI) hoy senador por Morena.

“Una sola ruta, en doble carril primaveral, con una sola meta: desarticular el control político ejercido por Rafael Rosas desde el 2012…

“Tampoco resulta fortuito que el gobierno del estado hubiese iniciado su cacería (…) a partir del año 2012, pues también el exgobernador Gabino Cué pasó de aliado a adversario político del gobierno en turno.

“Antes de Cué, quien gobernó Oaxaca bajo las siglas del PRI fue Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) a quien no lo han tocado ni con el pétalo de una marchita flor primaveral. 

“Y en toda esta trama de ajustes de cuentas políticos, dos ex secretarios de administración, Alberto Vargas Varela y Germán Espinosa, ya fueron señalados por la Consejería Jurídica del gobierno del estado como parte de los grandes negocios que se tejieron con la venta de plazas sindicales. Y van por ellos.

“Así las cosas, en estricto sentido la responsabilidad de la sangría causada a las finanzas del gobierno estatal, y que estima entre 500 y 600 millones anuales, no es de los trabajadores y trabajadoras contratados, presumiblemente en forma irregular, sino de los líderes y exlíderes sindicales, intermediarios y exfuncionarios (as) de pasadas administraciones que le pusieron precio a sus favores, gestiones y firmas.

“Dicho sea de paso, este tipo de irregularidades han persistido a la fecha, sobre todo en la contratación de personal de confianza, en su mayoría familiares y recomendados de secretarios y legisladores morenistas…

“Sin embargo, todavía está por verse qué ocurrirá en lo que resta de diciembre y el mes de enero del 2025 tanto en la ofensiva que instrumente el gobierno del estado para aplastar la resistencia de los trabajadores como en el relevo del Comité Ejecutivo del sindicato, pues aunque ya finalmente la Comisión Electoral reconoció el triunfo de la planilla rosa, estaría pendiente la toma de nota en donde el Centro de Conciliación Laboral, que depende de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, jugará un papel decisivo en sentido afirmativo o negativo…”

Por la gobernabilidad de Oaxaca, ojalá en ambos bandos piensen en los trabajadores y en sus familias, frenen sus impulsos y dejen de provocar conflictos que a nadie benefician.

SEGUNDO TIEMPO

¿Se acuerdan que en este espacio les comenté ampliamente del fraude en la Caja de Ahorro CONCRECES?

Bueno, pues retomo antecedentes y les hago una breve actualización. El pasado 3 de noviembre mencioné en esta columna:

“Todo un escándalo la carta que escribió el empresario Julio Calvo Montesinos la semana que termina, documento que trascendió en redes sociales y en la nota de un medio de comunicación de Oaxaca.

En ella, le pide al también empresario Juan José Gutiérrez Chapa cumplir con el reintegro de inversiones, ya que serán dos años ‘de que nos defraudaste a mi familia, a mi y a otros 90 socios de tu Unión de Crédito CONCRECES (antes UCICO)’.

“Me queda muy poca vida —escribió— pero espero que la Justicia Divina y las autoridades judiciales logren que pagues el capital e intereses con que nos engañaste ofreciendo a cambio un fideicomiso insolvente y amañado.

“Deseo que tu conciencia te haga recapacitar y resuelva nuestra situación confirmando la calidad humana, empresarial y profesional de tu familia.

“¡Quedo a tus órdenes!...”

“¿Quién es Juan José Gutiérrez Chapa? Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el renombrado Tec de Monterrey, y es reconocido en el ámbito empresarial como uno de los innovadores en México. Pero en su natal y lejana Oaxaca le reclaman el reintegro de dinero que quizá los socios de la Unión de Crédito CONCRECES ya no verán jamás.

“Actualmente es presidente en nuestro país de una cadena canadiense muy exitosa llamada Tim Hortons, que en México tiene presencia básicamente en Monterrey y Coahuila, y tiene la encomienda de lograr la apertura de 25 cafeterías en la próspera zona de La Laguna…

“El portal Tiempo Digital menciona en su nota del pasado 28 de octubre de 2024, que a Gutiérrez Chapa ‘se le señala de defraudar a 90 socios de la Unión de Crédito ConCreces (…) con una suma superior a los 400 millones de pesos. Las denuncias comenzaron a circular en redes sociales, encabezadas por uno de los socios afectados, el conocido oaxaqueño don Julio Calvo Montesinos’.

“Don Julio Calvo, respetado en Oaxaca por su trayectoria y buena reputación, dio el primer paso al hacer pública su denuncia en redes sociales, donde exhortó a Gutiérrez Chapa a presentarse y responder a los socios perjudicados. Asimismo, Calvo invitó a los afectados a proceder legalmente y a interponer las denuncias necesarias contra el empresario, cuya respuesta aún no ha sido manifiesta”.

“Como bien dice don Julio Calvo, quizá sólo sea la justicia divina la que lo alcance, pues en esta vida difícilmente verán recuperar su dinero.”

Pues bien, resulta que no es un solo “fideicomiso insolvente y amañado” con el que defraudaron con unos 400 millones de pesos, ¡son tres fideicomisos los utilizados en el enorme fraude!. Y que las denuncias por este delito cometido en perjuicio de todos los socios de la Caja de Ahorro CONCRECES ya fueron presentadas y siguen sus trámites judiciales.

También se sabe que varios de los influyentes defraudados han informado al gobierno federal y han solicitado ayuda a importantes funcionarios de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los delitos no queden impunes.

Finalmente, trascendió que Juan José Gutiérrez Chapa no sólo es presidente de Tim Hortons México, la cadena canadiense de cafeterías especializada en café, donas y bollería, sino que presumiblemente habría comprado varias franquicias que se ubican en el centro y norte del país, con el dinero defraudado a los socios de CONCRECES.

TERCER TIEMPO

Como todas las semanas, les comparto lo que opinan articulistas, columnistas y especialistas en medios de comunicación de la Ciudad de México.

Esta semana retomo parte del texto de la abogada Melissa Ayala sobre la desaparición del INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia, del que depende “el futuro del acceso a la información y la supervisión del ejercicio del poder público”:

“La inminente extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un retroceso en los mecanismos institucionales diseñados para fortalecer la rendición de cuentas. En el centro de esta crisis se encuentra la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que hasta ahora ha permitido a la ciudadanía acceder a más de 15 mil millones de datos públicos. Su posible debilitamiento o desaparición plantea interrogantes cruciales sobre el futuro del acceso a la información y la supervisión del ejercicio del poder público.

“Desde su creación, la PNT ha sido un pilar para garantizar el derecho de acceso a la información reconocido en nuestra constitución. Esta plataforma no solo facilita las solicitudes de información a las dependencias públicas, sino que también centraliza información clave como los contratos, presupuestos y programas sociales.

“Sin embargo, la desaparición del INAI pone en riesgo no solo la operatividad de la plataforma, sino también su esencia misma: la independencia. La PNT es un bien del dominio público y debe permanecer accesible para todas y todos los ciudadanos. Pero, sin una institución autónoma que supervise su manejo, ¿cómo podemos garantizarlo?

“El impacto también se extiende al derecho a la protección de datos personales. Habitamos un mundo donde la información es poder, por lo que la falta de un órgano autónomo que salvaguarde este derecho nos deja en un estado de vulnerabilidad alarmante. ¿Qué pasará con los archivos que se encuentran en la PNT? ¿Desaparecerán y se eliminarán? ¿Se le compartirán a las autoridades?

“Es cierto que el derecho al acceso a la información no desaparece. El derecho al acceso a la información y la obligación de garantizarlo son conceptos complementarios pero distintos. El primero está reconocido como un derecho humano; sin embargo, este derecho carece de efectividad si no existen mecanismos claros y funcionales para garantizarlo. La garantía del derecho, por tanto, recae en las instituciones del Estado, que deben crear y mantener estructuras que permitan a los ciudadanos ejercerlo de manera plena. La existencia del INAI, por ejemplo, no solo materializaba el derecho al acceso a la información, sino que lo hacía operativo al establecer procedimientos claros, recursos de revisión y estándares que obligaban a las autoridades a rendir cuentas…

“Pero el problema no es solo legal o técnico; también es profundamente simbólico. La transparencia es una condición sine qua non para la democracia. Al debilitar los mecanismos que garantizan el acceso a la información, se manda un mensaje inequívoco.

“¿Cómo se defiende el derecho de acceso a la información en este contexto?

“En este nuevo panorama, resulta imprescindible que la sociedad civil, las y los periodistas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los medios de comunicación exijan claridad sobre el futuro de la PNT. También es necesario explorar mecanismos alternativos para garantizar el acceso a la información.

“El acceso a la información es un derecho humano. La extinción del INAI es un golpe a la transparencia, pero no debe ser el golpe final. La ciudadanía debe alzar la voz, porque cuando se apaga la luz de la transparencia, nos quedamos ante la sombra de la falta de información. Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no hemos de olvidar que el pueblo tiene derecho a saber.”

COLOFÓN

Otra de las instancias que ni picha ni cacha en este gobierno es la Dirección General de Tecnologías, cuyo titular es un tal Moisés Juárez, egresado del IESO, si es que todavía existe esa institución educativa; yo creo que con eso le dirá mucho de su perfil.

Resulta que el señor egresado del extinto Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca se dedica a todo menos a lo que le toca. Claro, nadie cuestiona sus aficiones a la manicura ni a los spas, pero… ¡que se ponga a trabajar! Que no todo es fiesta.

Dicen que hay fallas hasta en lo más elemental, tanto que en Ciudad Administrativa en ocasiones no pueden atender a las personas por esas caídas constantes de sistema.

Su área no ha presentado ninguna innovación digital, aunque lleva el nombre en su dependencia. La única innovación que tiene son sus pestañas, que las luce siempre impecables, pero hombre, aparte de eso, hay que atender esa oficinota donde tienen mínimo 18 jefaturas de departamento.

Dicen que quien está detrás del trono es un tal Daneri García Desales, un istmeño que llegó con una buena recomendación y es quien le saca la chamba, además de que este tiene menos afición a los gustos por lucir una buena imagen. Ya les platicaremos detalles de estos señores que deberían poner a Oaxaca a la vanguardia, pero que están como muchas otras áreas, inactivas, burocráticas y anodinas. De flojerita, como el domingo.

Nayeli Guzmán Espinoza (NGE)