Pasamos del “no permitan que se joda Oaxaca”, al “Oaxaca ya se jodió” en materia de seguridad; En crisis política y económica, el Poder Judicial de Oaxaca; y Farsa y caos en elección del Poder Judicial federal

 

COLUMNA

+ Pasamos del “no dejen, no permitan que se joda Oaxaca”, al “Oaxaca ya se jodió” en materia de seguridad.

+ En crisis política y económica, el Poder Judicial de Oaxaca por movilizaciones y protestas nunca antes vistas.

+ La farsa y el caos en la elección del Poder Judicial de la Federación.

PRIMER TIEMPO

El estado de Oaxaca, pero principalmente los municipios más importantes y con mayor número de habitantes, viven una constante descomposición social y una imparable ola de violencia criminal. Los órganos encargados de la seguridad pública municipal y estatal, están totalmente rebasados.

En el gobierno de Oaxaca no hay control ni plan que les funcione contra la incidencia delictiva y se empecinan en pelearse con la realidad: negar lo que hasta las cifras del gobierno federal de su mismo partido exhiben, que los delitos crecen, los asesinatos aumentan, las desapariciones de personas son cada vez más constantes y que la delincuencia organizada avanza sin freno.

Apenas la madrugada del sábado asesinaron (o ‘ejecutaron’, como dicen en la jerga delincuencial) a tres personas en un estacionamiento de la zona de Plaza del Valle, entre ellos el dirigente de la CTM en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y el presidente de un club de arrancones ilegales que se hacen cada fin de semana en ese lugar, con la venia de las autoridades que ni se aparecen por ahí.

Días antes, otro escándalo reventó: en redes sociales denunciaron la desaparición de 14 personas que presuntamente se trasladaban a la Costa oaxaqueña, mencionando que se trataba de adultos, de jóvenes y hasta de menores de edad.

En la conferencia semanal oficial, le preguntaron al fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla sobre el tema, sí, a ese funcionario que se supone es independiente, pero que está sometido al Poder Ejecutivo y que se ha especializado en fabricar capetas de investigación con tintes políticos; un servidor público que ha sido ineficiente para resolver delitos de alto impacto, como la desaparición de la activista Sandra Domínguez, la balacera que dejó siete muertos en el restaurante El Che de la colonia Reforma de la capital, los tres asesinatos en Plaza del Valle, y los entre siete y 14 desaparecidos (según las las denuncias oficiales y las denuncias públicas, respectivamente) en la zona que abarca el trayecto de Valles Centrales a la Costa.

Bueno, les decía que le preguntaron al fiscal y en ese momento dijo que no tenía información, pero la presión social y mediática aumentó, por eso dos días después, el pasado 15 de enero, señalaron que ya tenían denuncias formales y que buscaba a siete personas que podrían ser víctimas de desaparición forzada, tareas en las que participan, además de las instancias estatales, personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina.

Como en otros casos, los funcionarios estatales recurrieron a una explicación que revictimiza a los desaparecidos o a los asesinados: que se trataba de delitos que estarían vinculados al crimen organizado y al tráfico de drogas.

Ese fue el argumento que dijo el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en el caso de la desaparición de la activista Sandra Domínguez; ese fue el argumento del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, y del fiscal, ante la desaparición de las siete personas; y ese fue el argumento que filtraron en el caso del asesinato de las tres personas en Plaza del Valle, señalando que se trataba de venganzas entre sindicatos vinculados con actividades delincuenciales.

Y las excusas las atestiguó la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz.

En el colmo del absurdo, los funcionarios no se dan cuenta que su explicación y salida fácil es una aceptación de su ineficiencia y un reconocimiento de que los cuerpos de seguridad del Estado ya fueron superados por grupos del crimen organizado. Esto es, en su ‘lógica’, los delincuentes son ahora los que disponen qué hacer y los que imponen sus actividades ilícitas.

Sin duda es muy complejo atender un problema con vicios estructurales que vienen desde hace décadas, pero sus argumentos les dejan a los oaxaqueños dos opciones para calificar la actitud de los encargados de la seguridad pública: o son incompetentes o son cómplices.

El pasado 1 de septiembre de 2024 escribí:

“La seguridad no es un tema sólo de narrativa mediática o de propaganda. Es uno de los mayores problemas que tienen los gobiernos municipales, estatales y el federal en todo México. 

“Y por supuesto, es uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos de a pie, aquellos que padecen no sólo los abusos y las consecuencias de los actos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, sino también de corporaciones policiacas ineficientes, arbitrarias y mal preparadas.

“Un cambio real en materia de seguridad es un reto enorme, implica cambios estructurales en policías caracterizadas por actos de corrupción y la infiltración de grupos delincuenciales, se requiere de capacitación constante y de verdaderas tareas de inteligencia (no sólo para espiar y acosar a quienes consideran adversarios) y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales y salariales de los servidores públicos.

“Pero cuando el enfoque está más en la propaganda y en la política que en los cambios de fondo, por supuesto que la realidad tarde o temprano los rebasará.

“¿Quién va ganando la narrativa en materia de seguridad en Oaxaca? Los gobiernos municipales y el estatal, por supuesto que no.

“La negación es un error en comunicación de seguridad. No lo han entendido y la realidad los apabulló….

“En la argumentación oficial, los matan porque delinquen, porque tienen vínculos con la delincuencia organizada. Puede ser, pero en voz de la autoridad, la que se supone debe tener el orden, es una aberración.

“A las personas que mueren se les quita con ello su estatus de personas, y no tienen cómo defenderse, pues no volverán de sus tumbas a decir que para ellos la justicia no es funcional.

“Los mataron porque hay un delincuente suelto que actúa porque sabe que nada le va a pasar, por impunidad. La víctima es la persona que no va a interponer una demanda ante ninguna autoridad, sólo aplica la ley del más fuerte.

“Quienes estudian el fenómeno de la inseguridad recomiendan tomar el control de la agenda de la violencia, no dejar huecos, pero aquí, en Oaxaca, abren boquetes…”

Rescato también lo que escribí en este espacio el 10 de noviembre de 2024:

“Lo sucedido en un restaurante de carnes argentinas muy conocido en la capital, es algo que no había pasado en Oaxaca. Como escribe el columnista de un diario local: ‘este tipo de ataques y ejecuciones sólo los habíamos visto por televisión, y casi todas las imágenes eran y siguen siendo de Culiacán y otras ciudades famosas donde el poder de los mafiosos ha tomado carta de naturalización’, precisamente donde los grupos del crimen organizado mantienen confrontaciones públicas y abiertas por el control delincuencial del territorio.

“…¿Va Oaxaca por la misma ruta de violencia criminal que ya invade a sus vecinos de Chiapas y Guerrero? Esperemos que no, que se recomponga el orden institucional y el predominio de la ley.

“Los que saben de seguridad y crimen, dicen que lo que se pretende con estos hechos es generar el terror, enviar el mensaje de que son esos grupos delincuenciales los que tienen el poder y advertir ¿a quién? Quién sabe, pero advierten que están aquí y no importa si es de día o de noche, o en una colonia comercial como la colonia Reforma.

“En Oaxaca, los actores políticos y sociales son los mismos de siempre. La historia en nuestro estado parece cíclica, circular. Los que participaron en la revuelta del 2006, gobernaron o ahora gobiernan. En esos años, refiriéndose a lo que sucedía en nuestro estado, el periodista Ciro Gómez Leyva dijo una frase que retrataba el abandono del gobierno federal a la crisis fabricada en la entidad: “¡Que se joda Oaxaca!”.

“No dejen, no permitan que se joda Oaxaca.”

Lamentablemente, por lo que se ve, Oaxaca ya se jodió en materia de seguridad.

SEGUNDO TIEMPO

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca vive una crisis que le pega a la estabilidad política y económica del Poder Judicial de nuestro estado.

Las expectativas que se generaron con el nombramiento de la primera mujer presidenta del Poder Judicial, se esfumaron entre acusaciones y señalamientos de magistrados, jueces y trabajadores por arbitrariedades y presuntos actos de corrupción.

Hay algo que sí logró la magistrada presidenta, Berenice Ramírez Jiménez, en un año al frente del TSJ: unificar a todos… pero en su contra.

Berenice Ramírez es egresada de la estropeada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UABJO (ya le he dicho que no es estigma, hay brillantes y prestigiados abogados que surgieron de esa institución) y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.

De joven, llegó al juzgado Tercero Civil para hacer carrera judicial. Ella cuenta que no le pagaban, pero que lo hacía con entusiasmo, quizá en ese tiempo no se imaginó que encabezaría el Poder Judicial de Oaxaca, ayudada por su esposo Juvenal Carbajal Díaz y por la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mossa.

Su trayectoria considera su paso por la Comisión de Estatal Derechos Humanos, ya extinta; por la Procuraduría, ya extinta; por la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura federal, espacios donde conoció a su esposo, quien la ha llevado de la mano. Gracias a esta alianza, presidió la Sala Constitucional y la Cuarta Penal Colegiada, después la Penal Unitaria.

Su crecimiento fue meteórico gracias a esas recomendaciones, de 2021, cuando ingresó al Tribunal Superior de Justicia al 2 de enero de 2024, cuando fue nombrada presidenta del Tribunal.

Su único artículo publicado se denomina, según su misma referencia, “Menores infractores y derechos humanos”, y se menciona que dio clases en la UABJO, la Universidad José Vasconcelos, la BUO y la Anáhuac Oaxaca. 

Superó adversidades, asegura la magistrada presidenta a quien quiere escucharla. Y usted pensará que alguien con esa historia podría ser más sensible a la demanda de los trabajadores; todo lo contrario, Berenice Ramírez se mostró abusiva, arbitraria con los empleados del Poder Judicial oaxaqueño.

Se ha rodeado de gente con mentalidad corriente y que, además, la engañan y le juegan las contras, de lo que todos dentro y fuera del TSJ se dan cuenta, menos ella. No hay nadie quien le diga que está echando a la basura el haber sido la primera mujer electa en 200 años en el Poder Judicial y que pasará a la historia como una mujer incapaz e insensible.

Todo hizo crisis el pasado mes de diciembre de 2024, cuando trabajadores de confianza del Poder Judicial denunciaron un arbitrario e injustificado recorte en el pago de sus aguinaldos y prestaciones de fin de año, entre ellos el bono y la gratificación anual, recorte que según trascendió, también se reflejó en los bonos de jueces y magistrados.

¿Qué pasó? Pues lo que sucede cuando a los trabajadores se les quita su dinero: los reclamos internos pasaron a masivas y ruidosas protestas callejeras de más de 1 mil 500 empleados. A la magistrada presidenta la acusaron de quedarse con los recursos de los trabajadores que, según señalaron, ya estaban presupuestados.

La crisis brincó después a jueces y magistrados, quienes le reclamaron por no pagar completo los aguinaldos y otras prestaciones a todo el personal judicial.

Asimismo, sus compañeros magistrados le requirieron que se investigara un presunto desvío de 7 millones 810 mil 403.67 pesos que fueron transferidos del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de la Judicatura sin autorización del Pleno, lo que podría configurar el delito de peculado.

Ante la presión de los trabajadores del Poder Judicial, de jueces y de magistrados, les abonaron a algunos trabajadores una parte de sus prestaciones, justificando en un comunicado que hacían gestiones ante el gobierno estatal para obtener recursos porque se trataba de pagos extraordinarios.

Ya organizados y en lucha, los trabajadores respondieron con otro comunicado, muy duro y directo:

“Se hace la aclaración que NO son ‘bonificaciones adicionales’, son DERECHOS ADQUIRIDOS derivados de nuestro trabajo y esfuerzo, el cual hemos percibido durante años y en diversas administraciones.

“Lo único salvable de su comunicado es que reconoce que efectivamente hay pagos PENDIENTES”.

“Pagos que no requerían ‘gestiones’ para ser pagados porque ya estaban presupuestados. Las gestiones que realizó fueron para recuperar lo tomado indebidamente por su administración”.

La incapacidad de la magistrada y de su equipo para resolver los problemas que ellos mismos crearon, no sólo impidió que se calmara la protesta de los empleados, sino que la crisis brincó hasta el Pleno del TSJ, donde sus pares magistrados, en una sesión solemne realizada a principios de enero, estuvieron a punto de destituir a sus funcionarios y propiciar su salida de la presidencia.

Como medida extrema ante la crisis, la magistrada presidenta suspendió la sesión argumentado problemas de salud, pues sus compañeros magistrados no sólo querían destituir a la mayoría de sus funcionarios, sino también pedían una nueva Integración de salas y que se investigaran y auditaran los fondos del Poder Judicial.

El problema tuvo que ser contenido (pero no totalmente solucionado) con operadores externos y con recursos extraordinarios, ante un escenario de protestas y de rebelión nunca antes visto en el Poder Judicial de Oaxaca.

A lo anterior hay que agregar el desvío de las tareas de algunos jueces, que se han convertido en juzgadores de consigna al servicio del poder político, como sucedió, entre otros, con el caso de la liberación de la ex presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, que estaba presa acusada de la desaparición forzada y  asesinato de la activista Claudia Uruchurtu, caso que incluso fue criticado por funcionarios federales y militantes de Morena.

Por lo pronto, Berenice Ramírez y Juvenal Carbajal pasaron a la segunda ronda de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que se realizará este año. Seguramente será su salida de la presidencia del Poder Judicial estatal.

TERCER TIEMPO

Y ya que estamos en el tema de la justicia, esta semana rescato para ustedes dos comentarios sobre la farsa más cara en México para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.

En su texto para El Universal titulado “El caos en la elección judicial”, Mario Maldonado comenta:

“El proceso de selección de candidatos para la primera elección de jueces, magistrados y ministros ha llegado a una de sus etapas más críticas. Una vez superada la evaluación técnica de los perfiles de los aspirantes, se recurre ahora a criterios poco claros para ponderar la idoneidad de los futuros juzgadores. En esta etapa, cada Comité de Evaluación involucrado en la selección va por rumbos diferentes: el del Poder Judicial insiste en descarrilar el proceso; el del Ejecutivo trata de filtrar la lista para atajar el paso de los indeseables y el del Legislativo recoge a cuadros para colar a la boleta a todos aquellos nombres a los que se les pueda cobrar favores.

“Las huestes que responden a los intereses de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantienen la cruzada para invalidar un proceso que siguen calificando de inconstitucional. Ahora se sujetan de una suspensión definitiva emitida por el juez Primero de Distrito en Morelia, Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, quien desde diciembre instruyó a los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión abstenerse de seguir adelante con sus procesos de selección. El único Comité que acató la resolución fue el del Poder Judicial, para retrasar la integración de las listas de aspirantes que deben estar concluidas el próximo 7 de febrero.

“La reforma constitucional en la materia, y en sus leyes secundarias, no considera aún un escenario en el que el propio Poder Judicial no envíe una lista de candidatos para participar en la elección que busca reestructurarlo, por lo que, sin importar la firmeza con que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguran que el proceso seguirá caminando sin contratiempos, la jugada de Piña resta legitimidad y legalidad. De ahí que las tres ministras cercanas a la 4T, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres hayan salido al paso para tratar de revertir el acuerdo por el que se congeló la etapa de selección.

“La postura de las tres ministras es tan coincidente en tiempo y forma que se percibe como una orden emanada directamente de Palacio Nacional. El cierre de filas pone una pausa a la ‘guerra fría’ que han mantenido las ministras en las últimas semanas, en la que cada una busca sumar liderazgos de Morena a sus campañas para presidir el Máximo Órgano de Justicia que surgirá de la elección de junio. La más avanzada en ese camino parece ser Esquivel Mossa, incluso con resoluciones judiciales que amarraron en definitiva las manos de la UNAM en el tema del presunto plagio de su tesis. Sus principales competidoras son las otras ministras cercanas a la 4T: Lenia Batres y Loretta Ortiz.

“Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que encabeza el ministro en retiro Arturo Zaldívar, es el más avanzado en la depuración de las listas. A punto de pasar este viernes al proceso de entrevistas, se sabe que han quedado fuera perfiles como el del ex administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta, y el empresario involucrado con el escándalo de la estadounidense Enron, Ramón Neme. Ambos aún tienen posibilidades de colarse a la boleta del lado del Poder Legislativo, el cual resultó ser más laxo.

Con estas discrepancias en criterios, la elección judicial tendrá que superar adversidades, aunque la luz sobre el camino podría ser la apertura que la presidenta Sheinbaum tuvo ante los consejeros del INE para ampliarles la bolsa presupuestal…

“Tras haberles pedido que se ajusten el cinturón y se sumen a la austeridad republicana, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con las y los consejeros del INE para hablar de la elección judicial de junio próximo, la cual se ve cuesta arriba por lo complejo del proceso.

“Más allá de la ampliación presupuestal de entre mil y mil 500 millones que, dijo la presidenta Guadalupe Taddei, lograría el organismo electoral para llevar a cabo todo el proceso, la realidad es que el presupuesto va a dilapidarse, pues se prevé una participación máxima de entre 8% y 15% del padrón electoral.

Algunos de los integrantes del Poder Judicial, cercanos a la 4T, ya vieron los borradores de las boletas que se utilizarán en la elección y calculan que un ciudadano tardará cerca de 20 minutos en llenarlas. Una locura.

Por su parte, Salvador Camarena comentó en su texto “Reforma judicial… entrevistas que son una farsa” que publicó El Financiero:

“La improvisación con que se lleva a cabo el proceso de la elección para cambiar la mitad del Poder Judicial esconde cinismo o irresponsabilidad. O ambas.

“…no hace falta un manual para decir que en la tortuosa criba para la elección judicial, la mayoría de aspirantes será presa de una farsa: no tendrán la entrevista que les ofrecieron.

“El Comité de Evaluación del Poder Legislativo informó que de sus 10 mil 877 aspirantes preseleccionados, depuró a la mitad. Es decir, unos cinco mil de ellos son considerados elegibles a los respectivos puestos. Por ende, dijeron, ahora procederán a entrevistarlos.

“El 31 de enero tiene que estar publicado el listado final de candidatos idóneos, esos que podrían pasar a la tómbola. O sea que, a partir del miércoles, ese comité del Legislativo tenía que realizar la friolera de 5 mil entrevistas.

“Si un subcomité se dedicara a entrevistar a todas y todos los candidatos, trabajando doce horas diarias sin descanso, cada entrevista duraría menos de dos minutotes: doce horas, por sesenta minutos, por quince días: 10 mil 800 minutos entre cinco mil candidatos 2.16 minutos por candidato.

“Evidentemente, las entrevistas serán distintas para quienes aspiran a la Corte o a un juzgado: las primeras durarán más y eso tiene lógica.

“Sin embargo, eso complica aún más el berenjenal: si a las y los aspirantes a los máximos cargos les dedican doce minutos, y son 363 candidatos a la Corte… se necesitarían 72 horas íntegras sólo para carearse con quienes buscan una de las nueve plazas de la Suprema.

“En paralelo, alguien tiene que avanzar con centenas de entrevistas diarias para los juzgados.

“Quién va a hacer esas entrevistas, y sobre todo cómo garantizas equidad para cada aspirante, tanto en el interrogatorio, pero, sobre todo, en la evaluación de lo que dijo, pues no se trata de un examen de opción múltiple que se procesa fácilmente y sin discrecionalidad.

“Las entrevistas son un paso clave para seguir vigente como aspirante. Es el filtro que separará a los elegibles, aquellos que presentaron documentación que se probó suficiente y de calidad, con los idóneos. Con estos últimos se armará el macizo que irá a la tómbola.

“Cuando el azar entre en acción, los grupos resultantes aún pueden ser retocados (por decirlo suave) por la Presidenta, la mayoría calificada del Legislativo o la Suprema Corte. Es decir, ni la tómbola garantiza estar en la boleta, pues un salmón que haya sorteado las tres etapas (elegibilidad, idoneidad y rifa), aún puede ser bajado porque sí.

“Volvamos a las entrevistas. Si no eres entrevistado por el comité, ¿ocurrirá que tendrías una comparecencia grabada en video en la que deposicionarás respuestas a lo que te formuló o un funcionario improvisado para el efecto o un sistema?

“De ser así, ¿qué clase de ponderación puede hacer el comité del Legislativo de las miles de entrevistas que otros harán para ellos de aquí al 31 de enero? Cómo valorar una sobre otra para calificarlas con rigor y garantizando equidad. Ni con ChatGPT la libran.

“Toda esta relatoría es a partir sólo de lo que ocurriría con los cinco mil aspirantes que dice el Legislativo que entrevistará.

“La improvisación con que se lleva a cabo el proceso de la elección para cambiar la mitad del Poder Judicial esconde cinismo o irresponsabilidad. O ambas.

“Según la prensa, el miércoles, cuando salieron a decir lo de los cinco mil entrevistables, los del Comité de Evaluación del Legislativo no querían aceptar preguntas. Es perfectamente entendible: no hay forma racional de explicar que, para miles de aspirantes, lo de las entrevistas es una farsa.”

COLOFÓN

Cuando lea esto, seguramente habrá pasado ya ese circo que son los foros para el Plan Nacional de Desarrollo. 

Peleonero como es, el gobernador Salomón Jara echó en cara a su paisano Adelfo Regino Montes (bueno, son paisanos porque son del mismo estado, ya que uno es serrano y otro mixe, pero al fin los dos oaxaqueños) que el foro sobre asuntos indígenas haya sido en Morelia, Michoacán y no en Oaxaca.

“Somos el estado con más grupos indígenas”, justificó para reclamar lo que no es reclamable. Y es que se olvida que hay formas en política y que Adelfo es funcionario del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no súbdito del reino de Betaza.

Adelfo fue una herencia del abuelito de Macuspana, a quien todos les deben sus cargos y posiciones políticas y peor, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo adoptó con disciplina y lo sostuvo en el cargo con mucho mayor presupuesto.

Ya sabremos a quién envió el gobierno de Oaxaca como representante o si el enojo alcanzó para no enviar a nadie. 

Hay que recordar aquella máxima simple de elegir sus batallas y no hacer infiernos innecesarios. Ni siquiera lució el foro que se organizó aquí con desgano para el tema de la juventud, porque en vez de ocuparse en lo suyo, andan en otros temas.

NGE