Urge reconfigurar política de seguridad para no perder la batalla; El hilo del combate a delincuencia siempre se rompe por lo más delgado; y El Tribunal Electoral avaló la trampa de la sobrerrepresentación

 

COLUMNA

+ Urge reconfigurar la política de seguridad para no perder la batalla.

+ El hilo del combate a la delincuencia siempre se rompe por lo más delgado: los municipios.

+ “El Tribunal Electoral avaló la trampa de la sobrerrepresentación (y las consecuencias serán brutales)”.

PRIMER TIEMPO

La seguridad no es un tema sólo de narrativa mediática o de propaganda. Es uno de los mayores problemas que tienen los gobiernos municipales, estatales y el federal en todo México. 

Y por supuesto, es uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos de a pie, aquellos que padecen no sólo los abusos y las consecuencias de los actos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, sino también de corporaciones policiacas ineficientes, arbitrarias y mal preparadas.

Un cambio real en materia de seguridad es un reto enorme, implica cambios estructurales en policías caracterizadas por actos de corrupción y la infiltración de grupos delincuenciales, se requiere de capacitación constante y de verdaderas tareas de inteligencia (no sólo para espiar y acosar a quienes consideran adversarios) y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales y salariales de los servidores públicos.

Pero cuando el enfoque está más en la propaganda y en la política que en los cambios de fondo, por supuesto que la realidad tarde o temprano los rebasará.

¿Quién va ganando la narrativa en materia de seguridad en Oaxaca? Los gobiernos municipales y el estatal, por supuesto que no.

La negación es un error en comunicación de seguridad. No lo han entendido y la realidad los apabulló esta semana.

Trece muertos en tan solo un día. Es una cifra escandalosa para una entidad como Oaxaca, supuestamente pacifista.

Trece personas que pasaron a la quilla ante la ausencia de autoridad.

En la argumentación oficial, los matan porque delinquen, porque tienen vínculos con la delincuencia organizada. Puede ser, pero en voz de la autoridad, la que se supone debe tener el orden, es una aberración.

A las personas que mueren se les quita con ello su estatus de personas, y no tienen cómo defenderse, pues no volverán de sus tumbas a decir que para ellos la justicia no es funcional.

Los mataron porque hay un delincuente suelto que actúa porque sabe que nada le va a pasar, por impunidad. La víctima es la persona que no va a interponer una demanda ante ninguna autoridad, sólo aplica la ley del más fuerte.

Quienes estudian el fenómeno de la inseguridad recomiendan tomar el control de la agenda de la violencia, no dejar huecos, pero aquí, en Oaxaca, abren boquetes con su silencio.

Es más, los convierten en “eventos” y cifras: tuvimos dos eventos allá… tres eventos más allá. Mal, por donde lo vea, porque los “eventos” siguen ocurriendo y a plena luz del día.

Tan solo en una semana, en la colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, hubo tres robos millonarios. En la calle donde vive un ex gobernador, donde además hay cámaras de seguridad y paradójicamente está un edificio de la Judicatura, ¡tres robos! con violencia y nadie sabe nada.

¿También dirán que es producto de la delincuencia? Aunque de los hechos nadie habla, es más, una condición para recibir su denuncia es guardar silencio, nada de hablar del hecho, mucho menos decirlo a los medios de comunicación.

¿Y cómo ocultar los crímenes como los del viernes? Uno en San Martín Mexicapan, una agencia municipal de la capital que sigue siendo una de las más violentas.

La política de seguridad debe tener una verdadera reconfiguración si no quieren seguir perdiendo la batalla en las calles y en la comunicación.

Como dije, es un reto enorme atender un problema con vicios estructurales que vienen desde hace décadas. Habrá que ver cómo lo enfrentan el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, y la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz.

SEGUNDO TIEMPO

Independientemente de la obligación y de las atribuciones de los gobiernos federal y del estatal para contrarrestar el crimen y para garantizar la seguridad, el hilo de la seguridad y del combate a la delincuencia siempre se rompe por lo más delgado: los municipios.

Según información oficial, 20 de los 25 municipios más violentos de Oaxaca se concentran en tres de las ocho regiones de la entidad: los Valles Centrales, la Costa y Istmo de Tehuantepec. 

En una nota del portal Primera Línea MX de principio de año, se informa que “Oaxaca de Juárez es la demarcación con la mayor cantidad de ilícitos registrados en la actualidad, seguida de San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan, y Huajuapan de León, en la Mixteca”.

“El cuarto municipio donde más ilícitos se cometen es Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, y el quinto Santa Cruz Xoxocotlán, nuevamente, en los Valles Centrales.

“De acuerdo con los datos aportados por la autoridad, el top 10 de violencia en Oaxaca está conformado por tres municipios de los Valles Centrales, tres del Istmo, dos de la Costa y uno de la Cuenca del Papaloapan y Mixteca.

“El resto de los municipios más violentos de Oaxaca son Santa Lucía del Camino (Valles Centrales), en el lugar once; Ciudad Ixtepec (Istmo de Tehuantepec), Santiago Pinotepa Nacional (Costa), Santa María Huatulco (Costa), Tlacolula de Matamoros (Valles Centrales), Miahuatlán de Porfirio Díaz (Sierra Sur) y Santa María Atzompa (Valles Centrales).

“Asimismo, Santa María Colotepec (Costa), Tlaxiaco (Mixteca), Matías Romero Avendaño (Istmo), Zimatlán de Álvarez (Valles Centrales), Santa María Tonameca (Costa), Villa de Etla (Valles Centrales), Ocotlán de Morelos (Valles Centrales) y Asunción Nochixtlán (Mixteca)”.

De acuerdo al reporte del medio de comunicación, “el municipio de Oaxaca de Juárez no sólo ocupa el primer lugar estatal en incidencia delictiva, sino que acumula el 42 por ciento de los actos ilícitos, lo que se traduce en que la percepción de inseguridad sea mayor entre la población del área metropolitana”.

Al fenómeno del crecimiento de la delincuencia se agrega el grave problema de policías mal preparados y abusivos, como sucedió en uno de esos municipios que se mencionan en la lista de los 25 más violentos del estado: Santa Lucía del Camino.

En este municipio, la policía cometió un crimen. En un trágico sábado, el estudiante de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, Diego Ignacio Paz de 22 años, murió y un compañero suyo está herido.

Según la versión del gobierno municipal, los policías repelieron una agresión; aseguran que dos policías están heridos porque el vehículo en el que transitaban los jóvenes no se detuvo en un punto de revisión del alcoholímetro y los habría arrollado para evitar la revisión. 

Sin embargo, las autoridades estatales sólo habían identificado a un policía lesionado y dicen que harán una investigación de los hechos. A ver, porque la verdad, en la mayoría de casos la actuación de la Fiscalía se ha caracteriza por deficiente y por fabricar delitos.

De ser cierto que los hechos ocurrieron en un punto de revisión del alcoholímetro, hay que señalar que estos puntos de revisión, que en teoría deberían ser puestos de control para evitar accidentes por el exceso el consumo de alcohol, se han convertido en lugares para extorsionar a quienes se han pasado de copas, y en una fuente de ingresos para los gobiernos, por multas y sanciones administrativas.

Lo que es obvio es que los policías no tienen idea de los protocolos que deben seguir, tanto para saber cómo comportarse con los ciudadanos, como para poder garantizar su propia seguridad en los operativos que realizan.

Además del disparo que recibió de los policías, el cuerpo del joven presenta una serie de lesiones por golpes, las mismas lesiones que tiene el otro joven herido.

Deberían poner un freno a esa policía y sancionar directamente al responsable, el director de Seguridad Pública municipal, Marcos Fredy Hernández López.

TERCER TIEMPO

La semana pasada escribí que, manera lamentable, México se prepara para un cambio de régimen, pero no para bien.

“Lo que sucedió el viernes 23 de agosto en el Instituto Nacional Electoral, el INE, no es un asunto menor, se trata de la validación de un fraude al voto ciudadano, a ese ‘pueblo bueno y sabio’, y también un atraco ilegal a la Constitución que le permitirá al grupo en el poder, autodenominado ‘Cuarta Transformación’, tener una fraudulenta, ilegítima e ilegal sobrerrepresentación legislativa que les dieron sus socios y cómplices en el órgano electoral, con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, al frente”.

Lo mismo aplica para la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, que el 28 de agosto dio por buena la resolución del INE. Cuatro de los cinco magistrados, incluyendo a su presidenta Mónica Soto Fregoso, avalaron este enorme agandalle.

Retomo otro párrafo de esa columna:

“Esta fraudulenta, ilegítima e ilegal sobrerrepresentación les permitirá, efectivamente, poder transformar al país, pero de manera negativa: destruyendo los pilares de la vida democrática de México que, con todo y vicios, permitían un régimen con elecciones vigiladas y sancionadas, rendición de cuentas, órganos autónomos como contrapeso de las arbitrariedades oficiales, poderes de la Unión con independencia y, por supuesto, la alternancia de fuerzas políticas en el gobierno.”

Por su parte, Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió en su artículo para El Universal:

“El Tribunal Electoral avaló la trampa (y las consecuencias serán brutales).

“Gracias a esta determinación, la coalición de Morena y sus aliado se apoderarán de casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados.

“A estas alturas, ya no sorprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral dicte una sentencia jurídicamente endeble y políticamente cuestionable. Son ya casi ocho años en los que esta integración nos ha mostrado, una y otra vez, que la política le puede ganar fácilmente al derecho, especialmente en los asuntos relevantes para el poder en turno. La resolución de este miércoles, en la que la Sala Superior avaló una inconstitucional sobrerrepresentación, es importante por lo que decidió, por cómo se decidió y por las consecuencias de lo decidido.

“El efecto inmediato de la sentencia es brutal. Gracias a esta determinación, la coalición de Morena y sus aliados, quienes obtuvieron poco más de la mitad de los votos, se apoderarán de casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados. De esta forma, la Sala Superior convalidó, una vez más, que el esquema de coaliciones sea utilizado para burlar y burlarse de los límites constitucionales.

“La pequeña gran diferencia es que, en esta ocasión, el fraude a la Constitución es aún mayor. Por primera vez en la historia de la democracia, una coalición contará con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Se trata, en ese sentido, de un auténtico despropósito constitucional, pues las reformas electorales de 1993 y 1996 se hicieron con el propósito expreso de evitar una situación como la que avaló la Sala Superior.

“La decisión es cuestionable, además, por su construcción argumentativa. Frente al litigio electoral más importante en la historia de la democracia mexicana, una mayoría de magistrados electorales votó a favor de un proyecto de sentencia endeble y acrítico.

“El documento presentado por el magistrado ponente desechó sin ofrecer ninguna explicación los argumentos aportados por ciudadanía y expertos, puso a la ley por encima de la Constitución, y defendió un criterio que es contrario a los principios constitucionales y que ha producido consecuencias nefastas para la democracia representativa.

“La posición de la magistrada Janine Otálora Malassis fue una muy honrosa excepción. Ella lo dijo con todas sus letras: las coaliciones electorales han sido empleadas tramposamente para darle a los partidos dominantes una representación que no es compatible con los límites constitucionales Reconoció, además, que las decisiones previas de la Sala Superior permitían esta trampa. Y sostuvo, con claridad y valor, una solución para poner fin a esta anomalía constitucional.

“Lo que viene es de pronóstico reservado. Gracias a la decisión de la Sala Superior y al chapulineo de una senadora y un senador del PRD, es prácticamente un hecho que el oficialismo contará con la mayoría calificada en ambas cámaras. Dicho de otra forma, tendrá la llave para abrir todos los candados constitucionales: para purgar a la judicatura, destruir el sistema electoral, militarizar la Guardia Nacional, borrar del mapa a las autonomías constitucionales y aprobar cualquier otra reforma que le plazca al obradorismo.

“La sentencia de este miércoles es genuinamente histórica. Estamos frente a una decisión que, en lo inmediato, abrirá las puertas a la destrucción institucional que se plantea en el Plan C de López Obrador. Pero los efectos más nocivos podrían manifestarse en el largo plazo. Quizá aún es muy temprano para decirlo con certeza, pero esta decisión, si el oficialismo no corrige el rumbo, bien podría ocupar un lugar privilegiado en la historia de la transición a la autocracia. Y, desafortunadamente, es difícil no ser pesimista”.

Por lo pronto, la reforma al Poder Judicial que impulsan Morena y aliados mediante la sobrerrepresentación que les regaló en el INE y el TEPJF, ha provocado importantes pronunciamientos en contra. No sólo ha encontrado una resistencia inusitada de los Trabajadores del Poder Judicial, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino el apoyo decenas de escuelas y facultades de Derecho y de otras carreras de las principales universidades de México, así como de miles de  estudiantes y ex alumnos de esos centros educativos, incluyendo a la emblemática UNAM.

Además de las embajadas de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, los principales socios comerciales de México, también se han pronunciado contra la reforma judicial la relatora especial de la ONU, la Asociación Internacional de Jueces en Roma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Coordinador Empresarial, la American Chamber of Commerce of Mexico, la Cámara de Comercio de Canadá, la Canacintra y la Coparmex, entre otros.

Por si fuera poco, la principales calificadoras internacionales desaconsejan invertir en México si prospera la reforma judicial, en medio de una tensión en el mercado cambiario y unas finanzas públicas bastante comprometidas, junto con una clara desaceleración económica, inflación al alza y caída del empleo.

Como dicen, se configura una tormenta perfecta, política y económica.

COLOFÓN

Verán, ahora que el gremio de los notarios se mueve, una de sus representantes tendrá una nueva función.

Cuentan que ya está todo dispuesto para que la regiduría del PRI en Oaxaca de Juárez, luego de que este partido quedara en tercer lugar en la pasada elección, un cargo pequeñito, muy modesto, lo asuma Gilma Gamboa Escobar, notaria 116 en la ciudad de Oaxaca. ¿La conoce? Quizá no, pero en el círculo político sí se conoce a su padre, Gilberto Gamboa.

Así pues, quien fue una de las aliadas de Nicolás Maluf Maloff, aquel que le hizo la vida de cuadritos a la actual dirigente nacional de los notarios, Guadalupe Díaz Carranza, asumirá la regiduría les guste o no a los priístas y panistas que votaron por otra opción, al fin que también ella iba en la planilla, aunque dicen que nunca se le vio acompañar ni apoyar la campaña.

Las voces que rumoran sugieren que en dicho acuerdo intervino el suegro del candidato ganador por el Partido Verde, Ray Chagoya Villanueva. ¿Será? No sabemos qué pasará mañana, menos lo que suceda de aquí a la conformación del Cabildo en Oaxaca.

Son migajas, pero para algunos cuentan y las pelean. ¿Podrá creerlo? Peleando una regiduría, pero para algo ha de servir. Ya lo platicaremos si el rumor se vuelve real.

NGE