Con ilegal sobrerrepresentación legislativa, México tendrá un cambio de régimen, pero no para bien; Salina Cruz es el foco rojo de la inseguridad; y Conflictos religiosos convertidos en problemas social

 

COLUMNA

+ Con la ilegal sobrerrepresentación legislativa, México tendrá un cambio de régimen, pero no para bien.

+ Salina Cruz es el foco rojo de la inseguridad en Oaxaca

+ Intolerancia e irracionalidad en los conflictos religiosos convertidos en problemas sociales.

PRIMER TIEMPO

De manera lamentable, México se prepara para un cambio de régimen, pero no para bien.

Lo que sucedió el viernes 23 de agosto en el Instituto Nacional Electoral, el INE, no es un asunto menor, se trata de la validación de un fraude al voto ciudadano, a ese “pueblo bueno y sabio”, y también un atraco ilegal a la Constitución que le permitirá al grupo en el poder, autodenominado “Cuarta Transformación”, tener una fraudulenta, ilegítima e ilegal sobrerrepresentación legislativa que les dieron sus socios y cómplices en el órgano electoral, con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, al frente.

Esta fraudulenta, ilegítima e ilegal sobrerrepresentación les permitirá, efectivamente, poder transformar al país, pero de manera negativa: destruyendo los pilares de la vida democrática de México que, con todo y vicios, permitían un régimen con elecciones vigiladas y sancionadas, rendición de cuentas, órganos autónomos como contrapeso de las arbitrariedades oficiales, poderes de la Unión con independencia y, por supuesto, la alternancia de fuerzas políticas en el gobierno.

No es una exageración, porque todas las señales que envían los ahora empoderados políticos y gobernantes apuntan hacia el autoritarismo, la opacidad, la eliminación de cualquier tipo de contrapeso político y ciudadano.

Escribió Ariel González en El Universal:

“Por lo pronto, lo que tenemos es un paro del Poder Judicial sin precedentes y de consecuencias incalculadas; unas calificadoras que desaconsejan invertir en México si prospera la reforma judicial; rechazo y alerta de diversos expertos e instancias internacionales por la anulación de los contrapesos democráticos; organismos empresariales preocupados por la sobrerrepresentación y la reforma del Poder Judicial… Todo ello en medio de una tensión en el mercado cambiario y unas finanzas públicas bastante comprometidas, junto con una clara desaceleración económica, inflación al alza y caída del empleo.

“…por si fuera poco, el embajador de EU en México, Ken Salazar, fue inopinadamente claro: ‘La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá… cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política… las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas’.

Por su parte, Carlos Elizondo Mayer-Serra mencionó en su artículo de Reforma:

“El país va rumbo a un régimen autoritario que limitará nuestros derechos, incluido el derecho al voto. Los gobiernos que controlan el sistema electoral no suelen reconocer una derrota. Nuestra democracia estaba llena de defectos, pero la vamos a extrañar.

“Muchos, sin embargo, estarán contentos e incluso creerán que esta centralización del poder tiene ventajas. En teoría debería, por ejemplo, ayudar a combatir al crimen organizado, aunque ya vimos que en este sexenio con un presidente con tanto poder el crimen organizado se expandió.

“Es tan débil la oposición y tan desorganizada la sociedad que crueldades impensables, como la de un grupo criminal lanzando drones con explosivos en una comunidad en la sierra de Guerrero en abril pasado, o escándalos como el contubernio de grupos criminales con el gobierno de Sinaloa, no tienen mayor costo político. Morena refrendó la gubernatura en Morelos, la segunda entidad con más homicidios por cada 100 mil habitantes, y le arrebató al PAN la de Yucatán, el estado con menos homicidios.”

Para Carlos Elizondo, las consecuencias colaterales son más graves, “como la menor inversión privada que vendrá tras el desmantelamiento del Poder Judicial. ¿Hay corrupción en ese poder? Seguro. Pero con lo que se quiere aprobar, se va a poner mucho peor, amén de que no habrá juez dispuesto a oponerse al gobierno. Hay inversionistas para todo tipo de entorno, pero entre mayor la incertidumbre, más utilidades buscan y suelen apoyarse en prácticas más corruptas.”

Las consecuencias, dice, “no parece importarles o quizá no se dan cuenta de las implicaciones económicas de su deseo de tener todo el poder.”

En tanto, para David Aponte, también en El Universal, siguen su hoja de ruta y no se van a detener “a pesar de las advertencias de sus socios comerciales (la embajada de Canadá también expresó preocupación de la reforma judicial), de las observaciones de los hombres de negocios, de las calificadoras y de los trabajadores del Poder Judicial”.

“¿Hay algunos diques en el camino?

“Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes deberán resolver las impugnaciones de la oposición respecto de la sobrerrepresentación concedida por el Instituto Nacional Electoral; la posibilidad de que Morena y aliados no alcancen la mayoría calificada en el Senado (faltarán tres votos); el paro de labores de los trabajadores judiciales, y las presiones de sus socios comerciales.

Sin embargo, considera que “los obstáculos no parecen ser suficientes…” Pronto lo sabremos.

SEGUNDO TIEMPO

Salina Cruz es el foco rojo de la inseguridad en Oaxaca. Por lo menos un homicidio es reportado a diario en este puerto.

Dicen que en breve anunciarán un mega operativo y un despliegue de fuerzas de seguridad para tratar de contener esa violencia.

Es una preocupación federal, pues las inversiones merman cuando sube el crimen y sí que ha pasado. Y el puerto de Salina Cruz es un lugar clave y fundamental para el importantísimo Corredor Interoceánico.

La franja del Istmo y la Costa son territorio de narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos que están bastante bien ubicados.

En las dichosas mesas de seguridad mucho se ha dicho de la urgencia de reforzar los operativos en la zona, pero en el esquema reumático de la burocracia no avanza.

Así que ya veremos si se concreta ese acuerdo para enviar un mensaje de que se está tomando la seguridad en serio.

Aunque minimicen los homicidios, justificando que los fallecidos andaban en malos pasos, sí muestra un hueco en el control oficial en los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, en estos casos.

Hablaremos de omisiones para no sugerir complicidades. Los grupos delincuenciales operan con gran impunidad y si no los contienen, se puede perder más.

Y es que según el informe de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, la delincuencia ya tiene presencia en sectores relevantes de Oaxaca a los que extorsiona. 

Tan solo en la ciudad de Oaxaca tienen detectado el modo de operar y a varias personas a las que le cobran “derecho de piso”. 

Sí, en el discurso se dice que vamos bien y que la incidencia delictiva ha bajado. En realidad lo que ha bajado es la presentación de denuncias, pues de nada sirve perder tiempo y dinero, cuando no hay garantías de justicia.

Mientras seguimos viendo muertitos por aquí, muertitos por allá.

TERCER TIEMPO

En los conflictos religiosos convertidos en problemas sociales, hay quienes no saben ser gobierno, menos diplomáticos. En vez de eso, se impone la intolerancia e irracionalidad. 

¿Qué tenía que hacer un grupo de pastores protestando en la ordenación de Monseñor Luis Alfonso Tut Tun? Nada, pero a quienes les corresponden atender este tipo de conflictos sociales, que no religiosos, les es más fácil pedir que vayan al auditorio Guelaguetza a resolver lo que les toca.

Verá usted, es una larga historia. Alguien, con pocos sesos, aceptó el 7 de octubre de 1993 (durante los gobiernos ‘neoliberales’) validar un acta de asamblea en la que se reconocía la religión católica como única creencia válida para profesar. Sí, es otro absurdo, pero así lo hicieron, y pasaron los años, pero resulta que también el 15 de junio de 2024, es decir, hace apenas unos meses, ya con el gobierno ‘de la transformación’, validaron lo mismo.

Y oficialmente se reconoce que este tipo de arbitrariedades e ilegalidades así están dispuestas por la comunidad.

¿Es en serio? Tristemente lo es, porque el Estado está ausente y no son los católicos, si no los orates que ocupan los usos y costumbres para hacer de las suyas.

Entender Oaxaca es complejo, complejísimo y el problema inicia en la época de la Conquista, cuando para evangelizar con plomo y sangre, unieron las celebraciones de la comunidad con lo religioso.

El tema es que ahora no es un asunto de la Iglesia, si no del Estado, que debe conciliar y llamar a la prudencia para que se respete todo tipo de credos.

Es inaudito que en pleno siglo 21 se sigan discutiendo este tipo de temas, pero en Oaxaca sucede y más con visiones miserables de personas que buscan cómo entorpecer una situación en vez de solucionarla.

Lo decimos porque aseguran que el abogado de los protestantes, Porfirio Flores, autopromocionado asesor de la senadora Susana Harp, es quien tuvo la ideota de ir a protestar al auditorio del Cerro del Fortín, alentado por lo que le sugirieron desde la oficialidad: ¡reclámenle al Arzobispo!.

Ni tardos ni perezosos, organizaron una ridícula protesta que más ahonda en la intolerancia que reclaman.

Pero ya le digo, la culpa es de quienes, en vez de arreglar los problemas, los enredan, como el quesillo, los hacen bola y los batean.

Hasta cuándo entenderán que no se trata de ellos ni de lo que piensen, que deben ser universales y no, no hicieron quedar mal a Susana Harp, si es que eso pretendían.

Para el abogado de los pastores, mostraron su intolerancia y falta de respeto a una ceremonia que nada tenía que ver con sus asuntos.

Y mientras en Lalana, hay familias desplazadas que solo sirven de bandera, pero que en realidad nadie atiende su problema. Es una pena.

COLOFÓN

Sin tanta estridencia, se han dado algunos cambios importantes en la delegación en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, la FGR.

A partir de esta semana asumió como delegado estatal Julio César Ulises Chávez, quien estuvo en Guerrero durante casi 11 meses.

En el estado vecino sustituyó al ex fiscal Fernando García, quien fue asesinado el 12 de septiembre en la zona sur de Chilpancingo, crimen que permanece en la total impunidad.

La FGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), designó como nuevo Delegado en Oaxaca, a Julio César Ulises Chávez Ramos en sustitución de Jaime Porfirio García Belio, quien fue designado delegado en Puebla.

El delegado entrante es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública y se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que destacan: delegado estatal en Puebla y Chihuahua, coordinador de asesores en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la entonces PGR; también fue Fiscal Regional de Valle de Bravo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Colaboró en instituciones como la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, Visitaduría General de la entonces PGR, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y del sector privado.

Ha participado en diversos foros internacionales en países como: Austria, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Panamá, Perú y Polonia.

NGE.