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Presidenta del IEEPCO se niega a pagar a proveedores; Ahogado en problemas que no puede resolver el Edil Francisco Martínez Neri; y Pero qué necesidad, para qué tanto problema con protesta de cineasta Ángeles Cruz

 

COLUMNA

+ Otra de Elizabeth Sánchez, la presidenta del IEEPCO: se niega a pagar a proveedores.

+ Ahogado en problemas que no puede resolver, el presidente municipal de Oaxaca, Francisco Martínez Neri

+ Pero qué necesidad, para qué tanto problema con la protesta de la cineasta Ángeles Cruz.


PRIMER TIEMPO

Elizabeth Sánchez González sigue dando de qué hablar. Ya casi terminó la elección, sólo faltan algunas impugnaciones por resolver, pero ya no está en la cancha del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEEPCO.

El desorden administrativo que trae la controvertida presidenta del IEEPCO es monumental. Ya le hemos comentado aquí que actúa con la víscera antes que la prudencia y la razón.

Irascible como es, Elizabeth Sánchez tiene detenidos los pagos a proveedores por su capricho, porque a unos los considera cómplices; y a otros, adversarios.

Algunos de los proveedores se han quejado, pues a pesar de haber prestado un servicio, la señora les suspendió el pago, haciendo una división entre quienes supuestamente la apoyaban y quienes no, cuando la suspendieron por transa.

Bien harían, ahora sí, en supervisar con lupa lo que está sucediendo en el IEEPCO. Lo que maneja el IEEPCO son recursos públicos, auditables y sujetos de transparencia. ¿Por qué no se le pide cuentas? ¿De qué privilegios goza quien se da el lujo de advertir que le hagan como quieran a quien la busca para cobrarle? ¿No sabe que son recursos públicos y no personales?.

Es de pena, que sea una mujer tan elemental la que decida desde el estómago y no con la mesura que marca su encargo.

No sé si después de presidir el IEEPCO tenga en su vida otro encargo relevante, pero la presidencia le quedó muy grande y a la sociedad nos quedó a deber, y literalmente a mucha gente ¡no le quiere pagar!.


SEGUNDO TIEMPO

La semana que termina tuvimos protestas en la ciudad de Oaxaca gracias a la inutilidad de Francisco Martínez Neri, quien cobra aún como presidente municipal, aunque no hace nada como tal.

Como plañidera, se queja que son intereses políticos, que es el que ganó la elección, Raymundo Chagoya (si no sucede otra cosa con los recursos que presentó el mismo Neri), quien le hace la maldad, aunque son puras justificaciones.

Ese dichoso sindicato autónomo que ha estado provocando el caos, recibió la promesa de un Martínez Neri candidato, quien ofrecía oro y plata con tal de conseguir el voto, y ahora, al verse perdido, no quiere cumplir ningún acuerdo.

Y espere, que no ha terminado el show. Hay otros sindicatos que están a punto de estallar en paros, o que pueden provocar un caos mayor, como el Sindicato 3 de Marzo, quienes también están lo que sigue de inconformes por el incumplimiento de Neri.

Dicen también que el personal de confianza está muy molesto pues a algunos les ha reducido el salario, a otros de plano ya les dio aire, y a los más allegados los está basificando, situación que no agrada a las personas que están esperando una plaza con base en la antigüedad.

El Ayuntamiento de la ciudad está de cabeza, no tiene ni hojas y algunos proveedores han ido a recoger sus insumos, como las copiadoras que rentan.

A ver qué se hace después de la Guelaguetza, porque se le ha visto muy bailador al presidente municipal, como si de verdad no le importara que media ciudad esté de cabeza.

Por cierto, dicen que el panista neomorenista Dagoberto Carreño, ha insistido en reunirse con Noé Jara ¿para qué quiere conversar? ¿será que quiere librarse de casos como el del encierro municipal? O ve que se está hundiendo el barco y es una de las ratas que quiere saltar.


TERCER TIEMPO

Dicen que para tonto no se estudia, pero hay quienes se gradúan con honores. Eso pasó con el personal ¿todavía?, sí, con el personal de la Secretaría de Gobierno.

Ya lo dijo el filósofo de Ciudad Juárez: ¡pero qué necesidad!, para qué tanto problema!.

Ojalá en la octava de la Guelaguetza no repitan la misma situación.

Como habrá leído usted, Ángeles Cruz, cineasta multipremiada y con un prestigio mundial, sí, mundial, ha estado denunciando la falta de atención a un conflicto en su comunidad, San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe, Tlaxiaco.

El dolor que hay en Ángeles es entendible, si consideramos que uno de los muertos recientes fue su hermano José Román, en una emboscada que ocurrió después de que pidieron garantías al gobierno y no las tuvieron.

Sí, el conflicto data del siglo 16, pero los gobiernos, se supone, debieran contener a los distintos actores que propician la violencia, porque así le sacan provecho.

En la zona, uno de los actores que no han podido frenar es precisamente a Miguel Pérez, esposo de una de las diputadas más conflictivas de la legislatura, la señora de apellido Arroyo, que ha convertido un cacicazgo en la zona y se ha enriquecido con la tala de árboles y el saqueo de madera.

Esos intereses son los que han frenado la atención. Y han propiciado también, la simulación de quien dice estar atendiendo el conflicto.

Comentan que la relación con Ángeles Cruz no es mala con el gobernador Salomón Jara, pero que se deterioró a partir de los informes falsos o tergiversados que le dio quien acostumbra hacerlo.

Pero la actuación torpe de los funcionarios de la Sego, para tratar de obstruir una protesta que en sí no lo era, sino una presencia que pedía atención, hizo que ésta se viralizara más.

Y peor, cuando esta gente le rompió la identificación a Edwin Hernández, corresponsal de El Universal, quien trataba de documentar a la cineasta.

Comunicación Social salió al quite y aunque son del mismo corral, no tuvieron más remedio que apechugar.

El error lo cometió la irracionalidad e intolerancia de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, desde donde después, estuvieron mandando a sus paleros a decir que no fue agresión contra un periodista; qué poca abuela tienen esos poco solidarios periodistas que se olvidan de su gremio.

Ya se reunieron con Ángeles, ya fueron a tomarse la foto al lugar del conflicto, pero no es todo, ni resolverá el problema, porque nadie será capaz de frenar a la familia Arroyo, ni al presidente de Tlaxiaco, a quienes han señalado de tener intereses oscuros en la región, ni habrá presencia de la policía en la zona.

Bien podrían intentar verse como un gobierno de izquierda, que se supone que lo son, y no tenerle miedo a la protesta, ni atentar contra la libertad de expresión.

¿Qué no decían que no eran iguales? Pues igualito se indignaron en el sexenio anterior, cuando la saxofonista María Elena Ríos protestó en una de las presentaciones de la Guelaguetza.

Ya no se acuerdan cuando los que ahora están en el poder, advertían con boicotear la Guelaguetza si no atendían las demandas de las comunidades. ¿O será que eso fue una historia en un universo paralelo que ahora ya nadie recuerda?


COLOFÓN

En esta semana, la agenda nacional sigue en el tema de la sobrerrepresentación en las cámaras de Senadores y Diputados, en el fraude a la Constitución que pretenden hacer el gobierno federal, sus satélites de los gobiernos estatales, su partido Morena y sus aliados del PT y del PVEM.

En una acción arbitraria y absurda, ni siquiera vista en los peores momentos del PRI de los setenta, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, se ha quitado la gorra de funcionaria de primer nivel para usurpar las funciones del Instituto Nacional Electoral, el INE, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, para después actuar como dirigente nacional de su partido, Morena, y luego, nuevamente como secretaria de Gobernación, defender la “interpretacón literal” de la Constitución que le ordenó AMLO.

A esta mañosa argumentación de la “interpretación literal de la Constitución” y aplicar “los usos y costumbres” que argumenta el oficialismo han sido aplicados por anteriores gobiernos priístas y panistas, le han respondido los principales analistas políticos y todos los ex presidentes del IFE y del INE, pero la respuesta del investigador y jurista Diego Valadés Ríos, es demoledora y muestra una realidad inobjetable:

Joaquín López Dóriga entrevistó a Valadés Ríos, quien manifestó su desacuerdo con las tesis que sostienen la secretaria de Gobernación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que tal parece que no están leyendo la misma Constitución y expresó su preocupación sobre la sobrerrepresentación.

El argumento de Valadés es que el criterio del gobierno distorsiona la voluntad popular, ya que permitiría que ciertos partidos políticos obtengan más escaños y curules de los que proporcionalmente les corresponderían, según su porcentaje de votos. 

Según él, darle la razón a Morena y sus aliados podría llevar a una desigualdad en la representación y a un dominio excesivo de una sola fuerza política en la Cámara de Diputados, comprometiendo la pluralidad y el balance necesario en una democracia.

El tema, aseguró Diego Valadés, es muy serio, puesto que de confirmarse la decisión de que Morena y sus aliados tuvieran el 74% de la representación nacional, la oposición quedaría con el 26%, insuficiente para promover acciones de inconstitucionalidad. A partir de ese momento la Constitución podría ser una hoja de papel mojado.

Según el jurista, el debate se ha centrado en el Articulo 54 de la Constitución, fracciones IV y V, pero no se le ha puesto atención a la fracción I, según la cual para que los partidos puedan acceder al reparto de las plurinominales, deberán acreditar que participaron con al menos 200 distritos uninominales, lo cual solo hizo el partido Movimiento Ciudadano, es decir, ni Morena, ni el PT, ni el Verde Ecologista Mexicano, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD lo hicieron por sí solos, todos estos acreditaron a sus candidatos en las coaliciones.

Y ahí es donde, según el investigador, existe una falta de argumentación jurídica que no podrán sostener ante la Corte, pues para que Morena y sus aliados puedan acceder a curules y escaños plurinominales, debieron haber registrado al menos 200 diputados por la vía plurinominal, y no lo hicieron ni ellos ni los partidos que integraron la oposición, sólo lo hizo Movimiento Ciudadano y siguiendo la argumentación del oficialismo, sería el único partido que podría alcanzar a meter plurinominales en el Congreso de la Unión, lo que es un absurdo.

Por lo tanto, constitucionalmente no procede considerar los registros de los diputados y senadores plurinominales de los partidos de manera separada, sino por coaliciones, porque así fue que se registraron ante el órgano electoral.

Hay preocupación en Palacio Nacional de que el INE y el TEPJF fallen en contra de la sobrerrepresentación oficialista, porque más allá de un Congreso con mayoría calificada, que podría someter al Poder Judicial, en un acto de revanchismo y venganza política, al presidente lo que le realmente le preocupa es quedarse sin el control de las Cámaras de Senadores y de Diputados, porque controlándolos, también tendría el control político sobre la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.

Por eso los analistas políticos consideran que el fondo de este tema para Claudia Sheinbaum, está más allá de la sobrerrepresentación en el Congreso, está más allá de la legalidad y la legitimidad de su gobierno, de la definición del rumbo de su proyecto, sino implica decidir si quiere que el poder presidencial los próximos seis años esté en el rancho “La Chingada”, ubicado en Palenque, Chiapas, o en Palacio Nacional.

El mes de agosto es definitorio para el país, para que el árbitro electoral y el tribunal electoral demuestren su imparcialidad y apliquen la interpretación correcta de la Constitución,  respetando el voto ciudadano.

Y también será definitorio para el PRI y el PAN, así como para sus dirigentes Alejandro ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés, quienes deberán superar las confrontaciones internas, para defender y hacer valer los votos de sus militantes y simpatizantes.


EL DATO:

¿Que ya está todo listo para que Raúl Gatica regrese a Oaxaca? Cosa de ver qué nuevo monstruo van a crear regresando al más violento lucrador social.


NGE

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