Un instrumento de extorsión, el comisariado de Bienes Comunales de Santiago Loallaga; Próximo rector de la UABJO será Farid Acevedo; y Tres casos de desaparición forzada en Oaxaca: de la impunidad al olvido oficial

 

COLUMNA

+ Un instrumento de extorsión, el comisariado de Bienes Comunales de Santiago Loallaga.

+ No se hagan bolas, el próximo rector de la UABJO será Farid Acevedo.

+ Tres casos de desaparición forzada en Oaxaca: de la impunidad al olvido oficial.

PRIMER TIEMPO

Oaxaca tiene una particularidad que ningún discurso oficial se atreve a nombrar con claridad. El poder real casi nunca coincide con el poder formal. Los cargos institucionales —gobernador, diputados, presidentes municipales— funcionan con demasiada frecuencia como fachada de una arquitectura más profunda y opaca, construida a lo largo de décadas por caciques regionales, líderes sindicales, operadores partidistas y, cada vez más, por figuras con vínculos en zonas grises que rozan el crimen. Ningún gobierno, del partido que sea, ha podido —o querido— desmantelar esos pactos. Porque sin ellos, simplemente, no se gobierna. O eso dicen.

En la Semana Santa, los visitantes de Santiago Laollaga vivieron en carne propia lo que significa tener una autoridad municipal de adorno. A quienes quisieron acceder al balneario local se les cobró 500 pesos. ¡Quinientos!. 

En un municipio donde llegar ya es una hazaña —gracias a una carretera que parece diseñada por alguien que odia los autos y también a sus pasajeros—, donde el turismo debería recibirse con mariachi y no con garrote, la autoridad de Bienes Comunales decidió que el libre tránsito es un servicio de lujo y que ella es la caja registradora.

Lo verdaderamente notable no fue el cobro sino la reacción del Ayuntamiento de ese municipio, que respondió con un comunicado tan solemne como inútil. El documento, adornado con su escudo institucional y todo, viene a decir en esencia que ellos no tienen nada que ver, que Bienes Comunales actúa de manera autónoma y que el Ayuntamiento solo acudió a preservar la paz social. Poncio Pilatos también preservó la paz social aquella vez, y miren cómo quedó en los libros de historia.

La omisión de autoridad es también una manera de ejercerla. Y ejercerla a favor del más fuerte, en este caso, tiene otro nombre.

Detrás de Laollaga aparece, otra vez, la sombra de los Betanzos, una familia que lleva generaciones descubriendo que controlar un comisariado de bienes comunales es mejor negocio que cualquier franquicia. 

No son los únicos en Oaxaca que operan así, pero sí uno de los ejemplos más desvergonzados de cómo la figura del comisariado puede convertirse en instrumento de extorsión con credencial oficial. Una cosa es el conflicto agrario legítimo, que existe y es serio. Otra muy distinta es cobrarle 500 pesos a una familia que solo quiere refrescarse en una poza durante las vacaciones y llamarle a eso autonomía.

Y lo más inquietante no es ni siquiera el cobro. Es que desde el Palacio de Gobierno se ha cultivado con esmero el arte de mirar hacia otro lado cuando estos comisariados actúan. A veces por cálculo político, a veces porque esos grupos son parte de la base que sostiene la gobernabilidad, y a veces, seamos honestos, porque total, el que paga los 500 pesos no es un político influyente, ni un legislador del régimen.

El ciudadano queda solo frente a un poder que no rinde cuentas a nadie, salvo a sí mismo.

Santiago Laollaga es un episodio local, pero la lógica que lo explica es perfectamente estatal. Hay “organizaciones sociales”, educativas y sindicatos (en realidad son grupos de presión) que llevan décadas demostrando que en Oaxaca existe un poder capaz de sentarse de igual a igual con el gobierno, de definir a qué se destina el presupuesto, de cerrar carreteras cuando le place y de tumbar funcionarios que se pusieron creativos. Nada de eso aparece en ningún documento oficial. Pero tampoco hay gobernador que lo haya ignorado, porque el que lo intentó aprendió rápido que hay lecciones que cuestan caro.

La pregunta que este estado lleva décadas evitando responder es si acaso algún gobierno puede gobernar Oaxaca sin negociar con sus poderes fácticos, o si la intermediación permanente con quien tiene la fuerza real es, en el fondo, la única forma posible de gobernarlo. Es una pregunta incómoda porque si la respuesta honesta es que no se puede, habría que admitir que Oaxaca no tiene propiamente un gobierno. Tiene un administrador de equilibrios que cobra sueldo de gobernante.

Y mientras ese debate sigue pendiente, los ciudadanos siguen pagando 500 pesos para bañarse, no la amuelen.

SEGUNDO TIEMPO

La elección de la UABJO será el 13 de mayo. Sin embargo, parece que será de trámite.

Por eso vale decir “no se hagan bolas”, retomando la frase del ex presidente Carlos Salinas de Gortari cuando la grilla estaba en su máximo apogeo y algunos grupos políticos trataban de descarrilar la candidatura de Luis Donaldo Colosio.

Ya le hemos comentado aquí que el ex secretario de Finanzas, Farid Acevedo López, tiene casi todo para ganar la elección en la que participan universitarios con voto universal y secreto.

Le contamos de Taurino Amílcar Sosa Velasco, el porro mayor que es egresado de la Facultad de Odontología, quien ya se sumó a la campaña de Farid.

Vea usted, el grupo de la Facultad de Contaduría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de donde viene Farid, ha sido fuerte. Las otras escuelas y facultades también y Derecho por supuesto, pero ahora será este grupo por la presencia que tiene. Los de enfrente, aunque tengan muchos recursos, nomás no logran convencer a los grupos universitarios y políticos que influyen en la Universidad.

Esta semana hubo varios eventos de precampaña, aunque no lo llamen así. En el evento de respaldo se hizo presente Bernarda Gonzalez Rivas, esposa del ex presidente municipal de Oaxaca y también ex rector de la UABJO, Francisco Martinez Neri, lo que significa que este segmento también se sumará con Farid.

Paradójicamente, hay quien desde el gobierno estatal vuelve a las traiciones dándole todo el respaldo a Enrique Martínez Martínez, quien es el eterno candidato, en cada elección se registra y obtiene un beneficio, por lo que en esta no será la excepción.

Aunque Enrique Martínez es un destacado profesional, cosa que no es Taurino, esa sombra que trae de Benjamín Robles no es apoyo para él, sino al contrario. Sobre todo por la abierta confrontación que Benjamín tiene con el oficialismo de Morena en el poder estatal. 

Por otra parte, bien haría Farid con evitar situaciones como la borrachera que se puso más de un estudiante en una de las calendas que organizaron en su apoyo, pues eso da al traste con su imagen y es argumento y pretexto para sus adversarios.

Por lo pronto, la comisión que se encargará del proceso electoral interno con el que renovará la rectoría de la UABJO para el periodo 2026-2030, mediante un esquema de voto directo de su comunidad, está integrada por personas que pertenecen a grupos que en los hechos apoyan a Farid Acevedo.

Lo que se ve es que el círculo de la política universitaria ya se cerró, porque hay un candidato que sigue sumando apoyos y quien quiera lo contrario, muy probablemente se quedará con las ganas y estará marginado del poder en la UABJO.

TERCER TIEMPO

En Oaxaca hay tres casos emblemáticos de impunidad por desaparición forzada. 

A diferencia del concepto general de “persona no localizada”, la desaparición forzada ocurre cuando agentes del Estado (policías, militares o funcionarios municipales, estatales o federales) participan o permiten la privación de la libertad de una persona.

Colectivos de búsqueda han denunciado que de manera general en Oaxaca desaparecen, en promedio, seis personas al día. Según el informe de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), más del 51% de las desapariciones corresponden a jóvenes de entre 15 y 34 años.

Los municipios con mayor incidencia reportada incluyen a Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y, recientemente, Juchitán.

Contrario a los señalamientos de organizaciones y activistas, el gobierno estatal sostiene que Oaxaca es una de las entidades con menor tasa de desapariciones y mayor efectividad en localizaciones. Sin embargo, tres casos han ganado relevancia nacional por la participación de autoridades:

El primero es el de Irma Galindo Barrios, defensora del bosque desaparecida desde 2021; su caso se vincula con su labor de defensa territorial. 

Galindo Barrios es una destacada activista, ambientalista y guardiana de los bosques de la etnia mixteca, originaria de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca. Ya son más de cuatro años desde su desaparición el 27 de octubre de 2021.

Desde 2018, Irma se dedicó a denunciar la tala ilegal en su comunidad y la existencia de aserraderos clandestinos en la Sierra Mixteca. Además de ambientalista, es reconocida como curandera tradicional, gestora cultural, carpintera y defensora de los derechos humanos.

Fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, donde se encontraba para buscar un diálogo con el gobierno federal tras no recibir apoyo en Oaxaca.

Antes de su desaparición, sufrió hostigamiento y amenazas de muerte; incluso su casa fue incendiada en 2019 como represalia por su activismo. Su caso está vinculado a conflictos sociales y agrarios en Atatlahuca que han resultado en el desplazamiento forzado de decenas de familias que aún exigen justicia.

A pesar de la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y diversas alertas de búsqueda, no existen pistas claras sobre su ubicación.

Organizaciones civiles y comunidades desplazadas mantienen viva la exigencia de su presentación con vida y el cese de la impunidad en torno a los crímenes contra defensores ambientales en México. 

El segundo caso es el de Claudia Uruchurtu Cruz, activista y defensora de los derechos humanos desaparecida el 26 de marzo de 2021 en Nochixtlán, tras denunciar actos de corrupción municipal. Es uno de los casos de desaparición forzada más visibilizados donde se dictaron sentencias contra funcionarios.

Su caso es histórico, por ser la primera vez que se logra una condena por desaparición forzada contra servidores públicos en México.

Antes de su desaparición, Claudia denunciaba actos de corrupción y desvío de recursos por parte de la administración municipal de Nochixtlán. Fue vista por última vez durante una protesta frente al palacio municipal de esta localidad.

Hasta la fecha, a cinco años del evento, su paradero sigue siendo desconocido, a pesar de los diversos planes de búsqueda de las autoridades y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El proceso legal por esta desaparición forzada ha enfrentado múltiples reveses y decisiones de alto nivel.

En diciembre de 2022, la ex alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta (protegida por importantes personajes del oficialismo oaxaqueño), y otros funcionarios fueron condenados por su participación en la desaparición.

La protección oficial a los inculpados quedó demostrada en enero de 2025, cuando un tribunal estatal liberó a algunos de los señalados, incluyendo a la ex presidenta municipal, lo que la familia denunció como un acto de impunidad.

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la liberación de ex funcionarios involucrados (como Jhoan Ricardo Matus), ordenando que se mantengan las condenas o se revisen bajo criterios estrictos de derechos humanos.

La familia de Claudia, con el apoyo de organizaciones como el IMDHD y organismos internacionales del Reino Unido, debido a su doble nacionalidad, mantiene una exigencia constante de justicia, verdad y reparación. 

El tercer caso es el de Roxana López Martínez, ingeniera agrónoma cuya desaparición reciente en San Martín Itunyoso ha generado nuevas movilizaciones.

Roxana es una ingeniera agrónoma triqui de 24 años cuya desaparición ha generado una fuerte movilización social y operativos de búsqueda recientes. Fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en el municipio de San Martín Itunyoso, en la región Mixteca de Oaxaca.

Desapareció tras acudir a la casa del presidente municipal de dicha localidad, Vilgaid López Guadalupe, a donde fue para ver al sobrino del presidente municipal, quien era pareja sentimental de Roxana.

Tras 50 días de su desaparición, y por la presión de familiares, activistas y hasta de diputados locales de Morena, quienes pidieron la comparecencia del fiscal por su inacción por este caso, las autoridades organizaron un operativo, pero a esas alturas obviamente no encontraron al presunto responsable, que tuvo casi dos meses para huir con total impunidad.

El operativo tardío fue pura faramalla, a pesar de que desplegaron más de 150 elementos de la FGEO, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal para realizar cateos en la zona.

Durante las diligencias, se reportó que el edil intentó impedir los cateos utilizando una camioneta oficial para bloquear el paso de los agentes.

A pesar de los operativos y registros en diversas propiedades, Roxana sigue sin ser localizada hasta la fecha.

COLOFÓN

Dos opiniones informadas sobre el nuevo fallo de la Suprema Corte que le otorga más facultades ilegales al gobierno, en este caso el ataque al derecho de propiedad mediante el bloqueo de cuentas sin juicio previo.

Comenta el periodistas Sergio Sarmiento:

“Quizá era inevitable que la 4T se lanzara finalmente contra el derecho de propiedad. Lo está haciendo a través de una Suprema Corte ya completamente sometida al gobierno, que desechó un precedente de la propia SCJN para permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez. Pero no solo está violando el derecho de propiedad, también derechos constitucionales como la garantía de audiencia, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“En el afán de quedar bien con el gobierno, los ministros asumieron el argumento de que la congelación de cuentas no es una sanción penal, sino ‘una medida cautelar administrativa’. Pero no lo es. Es un drástico castigo que impide a una empresa pagar sueldos, insumos o servicios, incluso impuestos. Para muchas se convierte en una sentencia de muerte. A una persona física le impide cubrir los gastos de su hogar, hipotecas y muchos más. No solo no es una simple medida administrativa, es un castigo severísimo que se aplica sin juicio…”

Por su parte, el abogado José Mario de la Garza Marroquín  explica en ocho puntos “por qué el fallo de la Corte sobre la UIF es inconstitucional y peligrosísimo.”

1.-  Derecho de propiedad (art. 14) Congelar cuentas sin juez no es “molestia”: es impedir totalmente usar tu dinero, lo que en los hechos equivale a privarte de tu propiedad sin juicio previo, contra el texto expreso del artículo 14 constitucional.

2.- Garantía de audiencia previa (art. 14) La Corte tolera que primero te congelen y luego “ya verás cómo te defiendes”. Pero el estándar histórico es al revés: primero te oyes, luego te afectan. La Primera Sala ya había dicho que el antiguo artículo 115 Ley de Instituciones de Crédito, era inconstitucional precisamente por permitir bloqueos inmediatos sin procedimiento ni defensa previa (Amparo en revisión 1214/2016 y criterios vinculados).

3.-  Presunción de inocencia (art. 20, B, I) La etiqueta “medida administrativa” no cambia la realidad: se te trata como culpable desde el día uno, se paraliza todo tu patrimonio por “indicios” y tú cargas con las consecuencias antes de que un juez penal determine responsabilidad.

4.- Carga de la prueba (art. 20, B, V) El estándar constitucional es claro: quien acusa, prueba. Con este esquema, la UIF congela con base en indicios internos y es la persona bloqueada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal.

5.- Defensa adecuada (art. 20, B, VIII) Si te congelan todo, te dejan sin recursos para pagar defensa técnica de tu confianza, peritos, traslados y litigio estratégico. La defensa “en el papel” existe, pero la defensa real se vacía de contenido porque el propio Estado te impide financiarla.

6.- Ruptura con la propia jurisprudencia de la SCJN. El Pleno abandona el criterio que había declarado inconstitucional el esquema de Lista de Personas Bloqueadas del artículo 115 LIC por violar legalidad, seguridad jurídica, audiencia previa y presunción de inocencia, y por ser inconvencional frente al artículo 8.1 CADH (v. gr. amparo en revisión 1214/2016, tesis sobre inconstitucionalidad del art. 115 LIC y de las DCG 71ª–73ª).

7.- Modelo de poder sin contrapesos. La UIF queda facultada para bloquear cuentas por “indicios suficientes”, sin orden judicial previa, sin Ministerio Público y sin solicitud internacional, y el control judicial se desplaza a un momento posterior, cuando el daño económico, personal y reputacional ya está consumado.

8.- Efecto práctico: castigo anticipado sin sentencia. Aunque la Corte diga que no es “sanción penal”, en la práctica el bloqueo total funciona como un castigo anticipado: te paraliza, te empobrece, te impide litigar y te obliga a probar tu inocencia con tus propios recursos… que el Estado ya congeló.

NGE.