El ‘tarifazo’ de la Semovi en vacaciones; Vergüenza que Banda de Música del Estado proteste por falta de pago; y Tragedia de desaparecidos en México: “Madres siguen pisando lodo, encontrando a sus hijos. Ellas sí hacen el trabajo. El Estado cobra por no hacerlo”

 

COLUMNA

+ El ‘tarifazo’ de la Semovi en vacaciones, sin exigir seguridad ni mejor calidad y servicio a transportistas.

+ Es una vergüenza que la Banda de Música del Estado proteste por falta de pago.

+ La tragedia de los desaparecidos en México: “las madres siguen pisando el lodo, encontrando a sus hijos. Ellas sí hacen el trabajo. El Estado cobra por no hacerlo”. 

PRIMER TIEMPO

No tienen vergüenza.

Choferes sin capacitación, vehículos que no garantizan la seguridad de los usuarios, sobrecupo irresponsable y, para colmo, una gran parte del sector del transporte (sobre todo los taxis foráneos) bajo el control de sindicatos metidos con el crimen organizado, algo que todos saben en Oaxaca y que toleran rayando en complicidad las autoridades estatales.

No les pidieron nada a cambio, pero la inútil Secretaría de Movilidad, la Semovi a cargo de Yesenia Nolasco Ramírez, dependencia a la que se le sumó Rey Morales Sánchez como subsecretario de Regulación y Control del Transporte, les autorizó un aumento de hasta 40 por ciento en las tarifas, sin chistar y sin exigir los mínimos de seguridad en el servicio.

Lo hicieron en lo oscurito, en plena temporada de vacaciones de Semana Santa. El golpe de manera oficial “actualiza” 21 tarifas en los principales municipios de Oaxaca, entre los que se cuentan Ixtlán de Juárez, Santa María Huatulco, Santiago Suchilquitongo, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Huilotepec, Santa María Atzompa y Santos Reyes Nopala.

Pero no son los únicos. En los Valles Centrales, los taxistas de los municipios de Etla están anunciando desde hace unas semanas el incremento de las tarifas a partir de mañana lunes 6 de abril.

¿Con qué mentiras justificó la dependencia este abuso?

Según ellos, el golpe a los usuarios fue para “fortalecer el orden, certeza jurídica y regulación del servicio de transporte público”. 

¡Válgame Dios! 

Y todavía dijeron que este abuso “forma parte de una estrategia institucional para atender el rezago acumulado en materia tarifaria, ya que en varios casos no se contaba con una revisión oficial desde hace más de 10 años.”

Asegura la Semovi que “realizó estudios técnicos de factibilidad, que incluyeron análisis de costos, condiciones de operación y evaluación de la dinámica de movilidad en cada localidad. Asimismo, los procesos se desarrollaron en coordinación con las autoridades municipales, a fin de validar su aplicación y asegurar su correcta implementación”.

¿Cuáles estudios? ¿Cuándo los presentaron y explicaron los resultados? 

No manchen, aquí vale aplicar una de las mantras que tanto repetía su adorado tlatoani: tonto es quien cree que el pueblo es tonto.

El sector del transporte es fuente de corrupción desde hace varios sexenios. No hay control ni freno a las arbitrariedades de quienes prestan el servicio. Pero el colmo es que la Semovi reconoce sin tantita pena esa falta de control en su comunicado: “previo a estas actualizaciones, en muchas demarcaciones las y los concesionarios ya operaban en la práctica con tarifas similares, aunque sin un sustento normativo vigente, lo que generaba incertidumbre en el servicio”.

No, pues sí, entonces hay que darles las gracias por “ayudar” a los oaxaqueños que usan ese deficiente servicio de transporte.

En el caso de los taxis foráneos, la mayoría todavía siguen utilizando vehículos Tsuru que saturan hasta con seis pasajeros, más el chofer, convirtiéndolos en “latas de sardinas humanas ambulantes”.

El Nissan Tsuru es considerado uno de los vehículos más inseguros del mundo debido a su estructura obsoleta y la falta de sistemas de protección modernos. Tan es así que el Latin NCAP, un programa independiente de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, le dio cero de calificación tanto para la protección de ocupantes adultos como para niños en las pruebas de choque.

El mismo Latin NCAP determinó que durante las pruebas de impacto frontal a solo 64 km/h, la estructura de la cabina colapsó completamente. Esto provocó un desplazamiento grave del volante y los pedales, dejando al conductor atrapado y con un riesgo extremadamente alto de sufrir lesiones fatales, ademas de que el modelo carece de equipamiento básico como bolsas de aire (airbags) y frenos ABS.

Un reporte de ese programa independiente de evaluación de vehículos reveló que el Tsuru estuvo involucrado en más de 4 mil muertes en México entre 2007 y 2012, registrando el índice de fatalidad más alto del mercado en ese periodo.

Tras años de presión por parte de organismos de seguridad vial y debido a que no podía cumplir con las nuevas normas de seguridad impuestas por el gobierno mexicano, Nissan dejó de fabricar el Tsuru en mayo de 2017.

Pero en Oaxaca siguen circulando como taxis urbanos y taxis foráneos, protagonizando el mayor numero de accidentes y muertes en las carreteras del estado.

SEGUNDO TIEMPO

Lo que ocurrió este Jueves Santo en el Zócalo de Oaxaca debería avergonzar a cualquier gobierno, más uno que se dice de la transformación.

Músicos profesionales, integrantes de una de las bandas con mayor historia y arraigo del estado, protestaron en pleno concierto.

Cartulinas en mano y sin dejar de tocar, denunciaron que llevan meses sin recibir un salario.

Sa-la-rio, el ingreso con el que dan de comer a sus familias, el sustento que es sagrado, como dicen.

¿Qué haría usted si no recibe la paga? Muchos ya no trabajan, pero ellos, cumplieron todos los compromisos que la Secretaría de Cultura programó.

Para la Secretaría de Cultura, cumplió con aceptar la protesta y decir que se pagará el próximo 15 de abril, pero qué mal, porque refleja el maltrato.

Es el retrato fiel de cómo esta administración entiende —o más bien no entiende— la cultura ni la cortesía mínima que podría ser cumplir con una obligación.

La Banda de Música del Estado aparece en actos oficiales, en ceremonias solemnes, en la postal turística de Oaxaca.

El gobierno la usa como símbolo de identidad y orgullo regional. Pero al mismo tiempo, sus integrantes trabajan bajo contratos temporales, sin acceso a prestaciones básicas y costeando de su propio bolsillo instrumentos y uniformes.

El Estado se apropia del prestigio de la banda y le transfiere los costos de su operación a los propios músicos. Eso no es política cultural. Eso es explotación con banda sonora.

Cuando los músicos alzaron la voz, la Secretaría de las Culturas y Artes respondió que la demanda "es legítima" y que se atendería en la primera quincena de abril, "conforme a la disponibilidad presupuestal".

Una respuesta burocrática, fría, que confirma exactamente lo que los trabajadores denuncian, nadie al frente de esa secretaría había movido un solo dedo hasta que la protesta se hizo pública e incómoda.

Que el gobierno admita que la demanda es legítima no es un gesto de buena voluntad. Es una confesión de negligencia. Significa que sabían que la deuda existía, que era justa, y que simplemente no la habían atendido. Y encima envuelven la promesa en la coletilla de "disponibilidad presupuestal", como si los trabajadores tuvieran que esperar a que al erario le venga en gana cumplir sus obligaciones laborales más elementales.

Este episodio no es un accidente administrativo aislado. Es síntoma de una concepción profundamente superficial de la cultura por parte del gobierno estatal. Aquí mismo hemos dicho que Flavio Sosa Villavicencio, el secretario de Cultura, es de lo mejorcito que hay en el gabinete a pesar de sus antecedentes ¿se imagina la dimensión?

Qué será lo peor, si alguien que supuestamente tiene sensibilidad y viene de la lucha social mantiene condiciones indignas y pichicatea el presupuesto para dejar a los trabajadores abandonados a su suerte.

Una administración que realmente valorara la cultura no necesitaría que sus músicos protestaran en público para enterarse de que llevan meses sin cobrar. Tendría mecanismos, presupuesto y voluntad política para anticiparse. Lo que demostró este gobierno es que solo reacciona cuando el problema ya no puede ignorarse, y aun así lo hace con tibieza y sin comprometerse a una solución estructural.

Lo que se le debe a la Banda y a Oaxaca no solo es dinero. Saldar una deuda económica, por supuesto, es urgente e innegociable, pero el tema de reconocer que una agrupación con más de 143 años de historia merece contratos permanentes, prestaciones completas, infraestructura adecuada y un lugar central —no decorativo— en la política cultural del estado.

TERCER TIEMPO

“La ONU activó por primera vez en su historia el mecanismo más grave de la Convención contra Desapariciones. Dijo que en México hay crímenes de lesa humanidad. El gobierno respondió descalificando el informe. Mientras tanto, las madres siguen pisando el lodo, encontrando a sus hijos. Ellas sí hacen el trabajo. El Estado cobra por no hacerlo.”

De esta manera comenta el abogado José Mario de la Garza Marroquín el reporte de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, sobre el gravísimo problema de desaparecidos en México.

Por su parte, Peniley Ramírez es implacable en su Linotipia de Reforma, que esta semana titula “México criminal”:

Imagina un país donde hay más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. De ellas, algunas se fueron voluntariamente o migraron. No se sabe cuántas. No hay estadísticas confiables. El resto puede estar muerto o forzado a trabajar. El problema comenzó hace casi dos décadas y no ha mejorado. En los últimos dos años, más de 28 mil personas desaparecieron. Unas 40 cada día.

Desde que comenzaron estos números atroces, gobernó un partido, luego otro y otro. En años recientes, ese país ya no estaba en una etapa de "guerra", sino en otra de "abrazos". Pero hay algo en común: desde la guerra hasta los abrazos, los militares han estado allí. Y solo 6 de cada 100 casos han llegado a juicio. ¿El resto? Impunes.

En más de 20 años, solo se han dictado 36 condenas. Menos que el número de personas que desaparecen en un solo día. En las morgues, más de 70 mil restos yacen sin que nadie los identifique. En cuatro años, aumentaron en más de 20 mil los restos no identificados.

Los dolientes y sus defensores llevan años investigando por su cuenta. La mayoría han hallado, con sus propias manos, más de 4 mil 500 fosas clandestinas. Han recuperado más de 4 mil 600 restos. No solo son fosas en sitios alejados. En estos años ominosos, han enterrado a más de 14 mil seres humanos sin identificar en fosas comunes públicas.

Con sus investigaciones, los dolientes han entendido cómo los criminales engañan a los suyos, los reclutan, los fuerzan a trabajar, los matan, los entierran allá del otro lado, en ese límite entre un pueblo y otro, entre un estado y otro, donde la responsabilidad es de otra policía, de otra fiscalía. A los dolientes los ignoran, los estigmatizan, los revictimizan, los convierten en objetivos.

Los dolientes también han demostrado, en muchos casos, que los límites entre matones y policías o militares están borrados. A veces es un político que quiere deshacerse de un periodista. Un grupo criminal utiliza a la policía para secuestrar a estudiantes. Las fuerzas especiales o una empresa de seguridad estatal secuestran a civiles al servicio de un jefe mafioso. Autoridades y bandidos actúan juntos, comparten información y se entregan a las víctimas unos a otros como si fueran mercancía. Usan el dinero público, incluso los vehículos oficiales, para sus crímenes.

En las oficinas donde se debe investigar, dicen que no tienen ni gente ni dinero ni recursos. Lo he visto: muchas veces no los tienen. Para investigar, muchas veces no buscan registros de llamadas ni videos, no toman pruebas genéticas, no entrevistan ni van a los sitios del crimen para averiguar qué pasó. Investigan como burócratas, girando oficios y presentando solicitudes de colaboración. A veces, los militares se investigan a sí mismos. Estas pesquisas casi nunca demuestran el vínculo entre la mafia y el Estado. Mientras, los dolientes pisan el barro, hilan las pistas y descubren qué pasó con sus hijos y los de otros.

En estas décadas, los más altos jefes y jefas de ese país han aprobado leyes, protocolos, reglamentos. La situación no ha mejorado sustancialmente. Por eso, los dolientes han acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la inacción de su propio Estado.

Más de 800 personas han pedido a la ONU que adopte medidas urgentes. Casi 4 de cada 10 peticiones en todo el mundo corresponden solo a ese país. Piden investigación, memoria, reparación.

Un Comité de la ONU ha indagado en los casos. Su informe, que resumí en este texto, indica que el número de personas desaparecidas, la crisis forense y la impunidad prevalecen. Las desapariciones siguieron patrones, cadenas de mando. Las víctimas no eran accidentales, sino los objetivos de los mafiosos. El gobierno del país respondió a la indagatoria y presentó sus argumentos. Pero no convenció al Comité.

Esta semana, por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que en ese país, México, existen indicios de que se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada. Los cometen organizaciones que actúan con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades.

Ahora, esa verdad de la desaparición como fenómeno sostenido, la impunidad estructural y la crisis forense masiva tendrán una exposición internacional como nunca antes. Que sirva para traer justicia y verdad a tantos y tantas que aún buscan a los suyos.

COLOFÓN

Por si fueran pocos los problemas que tienen en el gobierno estatal, otro está a punto de estallar.

Denuncian que en el Monte de Piedad de Oaxaca continúan las transas al por mayor, como siempre ha pasado en esa dependencia, pero ahora aderezado con un nepotismo que no fue tocado.

¿La razón de las inconformidades? El negociazo que traen.

Ulises Caballero Navarro es el director. Por si le suena el nombre, ¡adivinó!, es el hermano de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal. Pero dicen que también hay otros y otras funcionarias que llegaron gracias al nepotismo, ese que no tocaron ni con el pétalo de una rosa en varias oficinas.

Los trabajadores, la mayoría sindicalizados, están inconformes porque no hubo cambios en estos espacios y siguen las malas prácticas.

Dicen que antes de pasar a subastas, hay funcionarios que se dan una encerrona y eligen las mejores piezas. No solo eso, simulan un dizque remate, para quedarse con la mayoría de las prendas.

Otro punto que no les agrada es que algunas de las motocicletas las reciben sin factura, lo que da de qué pensar, pues es una irregularidad. Aunque estos “préstamos” no siempre pasan por la vía legal. Si en verdad funcionara la Fiscalía, debería hacer una revisión y quien quita y encuentre ahí varias cosas robadas.

Pero no, no hará nada ni dirá nada, porque es parte del engranaje en el poder.

Dicen que si las anteriores administraciones habían sido malas, estas dicen quítate que ahí te voy. Muy malos funcionarios, pero muy vivos para su beneficio.

A ver cuándo ya se da el cambio en estos espacios. O dirán que no es nepotismo porque es en otro grado.

NGE.